AIReF, la última aldea gala

Al frente de esta institución, que tiene por objeto "velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas y garantizar la estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución" está Cristina Herrero. Es presidenta desde 2020 y sustituyó en el cargo a José Luis Escrivá. Desde entonces, libra una batalla cada vez más compleja por preservar la integridad técnica de los informes que emite su institución. En los últimos meses, Herrero ha alzado la voz en varias ocasiones para denunciar obstáculos que entorpecen su labor: falta de acceso a datos esenciales por parte de la Administración, presiones para dulcificar informes y una creciente sensación de asfixia institucional.

 

La gota que colmó el vaso fue el reciente informe sobre el sistema de pensiones. Antes incluso de su publicación, Herrero advirtió de las presiones del Ejecutivo para influir en el contenido del documento, con la intención de maquillar una realidad insostenible: un sistema deficitario que requiere reformas profundas, no propaganda. 

 

Lejos de achicarse, la AIReF elevó hace unos días una queja formal a la Abogacía del Estado por las injerencias recibidas. Un paso insólito que refleja hasta qué punto el organismo se siente acosado en su independencia. Tampoco ha gustado al Gobierno su evaluación sobre el Ingreso Mínimo Vital, en la que la institución señala que la medida no alcanza a todos los hogares vulnerables y, además, puede desincentivar la búsqueda activa de empleo.

 

Herrero, a quien le restan apenas ocho meses en el cargo, ha dejado claro que no piensa claudicar ante las instrucciones políticas ni aceptar encargos a la carta. En una administración donde la ocupación de organismos independientes parece haberse normalizado, la AIReF sigue siendo una rara avis. Una aldea que, sin poción mágica, resiste. Por ahora.