Madrid traslada a Sanidad un oferta de 61 plazas MIR de Urgencias

 

En una misiva remitida este mismo miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, la consejera madrileña expresa sus dudas sobre la petición de esta previsión ante la "inseguridad jurídica" por el desconocimiento del programa formativo y sin contar con unidades docentes acreditadas.

 

En cualquier caso, ante el temor a que con posterioridad a esta fecha no se les permita ofertar plazas de esta especialidad, desde la Comunidad de Madrid se han adherido a esta petición. Matute traslada así que el número de plazas que están en disposición de ofertar en los centros públicos de la región asciende a 61.

 

En cualquier caso, la consejera madrileña recalca que para poder presentar esta oferta es "imprescindible modificar los anexos relativos a las declaraciones responsables sobre el cumplimiento de requisitos de las unidades docentes y de los especialistas que opten al título por vía extraordinaria, de manera que su firma no implique compromiso de adaptación a requisitos que todavía no hayan sido aprobados".

 

Según explica la consejera en la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, la distribución de estas 61 plazas se incorporará en el aplicativo informático en el plazo habilitado al efecto.

 

"Presentamos esta oferta sin detrimento de la oferta de plazas de otras especialidades médicas que ya hemos presentado en el plazo establecido y que consideramos que es fundamental mantener debido a la falta de profesionales sanitarios que venimos padeciendo desde hace ya mucho tiempo", ha explicado.

 

Al hilo, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha reiterado la necesidad de ampliar la oferta formativa para poder contar con los profesionales sanitarios "que tanto" se necesitan en el Sistema Nacional de Salud.

 

En una misiva remitida la pasada semana a la ministra, Matute trasladó, en su nombre y en el del resto de las comunidades gobernadas por el PP, las quejas por la falta de "un marco normativo" al respecto, sin que se conozcan los requisitos de acreditación ni el programa formativo publicados, y señalaba la "inseguridad jurídica" que se genera.