Por prevaricación y revelación de secretos

APIF pide 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación para el fiscal general

Cree que usó su condición de fiscal "de máxima autoridad para perseguir objetivos privados y políticos"

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que sea condenado a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación por un delito de prevaricación en concurso con uno continuado de revelación de secretos.

 

Así consta en el escrito de acusación presentado por la APIF, que ejerce la acusación popular representada por los letrados Juan Antonio Frago, Verónica Suárez, Álvaro Bernad Sánchez y Napoleón Cánovas, y al que ha tenido acceso Europa Press.

 

En el mismo se dirige a García Ortiz como autor de dichos delitos y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, a la que señala como cooperadora necesaria de los mismos delitos y para la que reclama 4 años de prisión y otros 12 años de inhabilitación.

 

Acusa a ambos de una revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta filtración de un correo electrónico clave, entre su letrado y la Fiscalía para negociar un acuerdo de conformidad.

 

La APIF afirma que los dos "se prevalieron de su condición de fiscales de máxima autoridad para perseguir objetivos puramente privados y políticos". "En concreto, utilizaron los mecanismos que tenían a su disposición para conseguir irregularmente y revelar ilícitamente datos confidenciales de un particular anónimo con la única meta de 'ganar un relato'. Es evidente que un actuar semejante ha degradado de forma absoluta la percepción social de la Fiscalía como organismo constitucional", critica.

 

AFECTÓ A LA REPUTACIÓN DE GONZÁLEZ AMADOR

 

La APIF considera que la filtración del mail "afectó notablemente a la reputación González Amador, ya que, a raíz de la divulgación de dicha información, en determinados medios y ámbitos se le llamó defraudador o delincuente confeso, cuando todavía no había recaído ninguna sentencia condenatoria que así lo estableciera".

 

"Estas afirmaciones han causado un enorme quebranto a sus relaciones personales y sociales, lo que, a su vez, le ha generado perjuicios de índole económico", sostiene, asegurando que, además, se mermaron "notablemente los derechos procesales de González Amador" y, por "causas absolutamente alegales, se le despojó de su derecho a un proceso con todas las garantías".

 

La asociación afirma que esa filtración "ha cuestionado notablemente el prestigio del Ministerio Fiscal como institución", que, "según su Estatuto, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley".

 

La APIF asevera que "el modo a través del cual García Ortiz y Rodríguez consiguieron los correos que posteriormente se filtraron fue a todas luces irregular, siendo ambos perfectamente conscientes de ello".

 

PIDEN LA TESTIFICAL DE CERDÁN, SÁNCHEZ ACERA Y GONZÁLEZ AMADOR

 

"Para lograr esta información confidencial, se valieron del mecanismo de la dación de cuenta, sin que existiera una causa jurídica que justificase objetivamente el requerimiento de los correos reservados y vulnerando flagrantemente las formalidades más básicas que exige este procedimiento y en contradicción abierta con el Estatuto. Ambos conocían que su actuar era irregular y, aun así, decidieron obrar del modo referido", añade.

 

La asociación concluye apuntando que, "con anterioridad a estos hechos y en reiteradas ocasiones, el autodenominado 'Equipo Fortuny', del que formaban parte, entre otros, García Ortiz y Rodríguez, ya había filtrado deliberadamente información confidencial a medios de comunicación, de lo que se tuvo conocimiento por el análisis del teléfono de la acusada".

 

Además, reclama que en el juicio testifique el ya ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; el propio González Amador; el abogado de este último, Carlos Neira; el fiscal encargado de su caso, Julián Salto; la exasesora de Moncloa y actual 'número dos' del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera; y periodistas de diferentes medios de comunicación, entre otros.