Un cadáver político

En su caso pronto se despejará la sospecha de si era una ceguera voluntaria ante las andanzas corruptas de su número dos en el PSOE, el secretario de Organización, Santos Cerdán. El mismo Cerdán a quien encomendó negociar con el prófugo Carles Puigdemont una Ley de Amnistía redactada por sus principales beneficiarios. El papel desempeñado en aquel trato por este personaje, ahora en vísperas de ser investigado por el Tribunal Supremo bajo indicios de pertenecer a una organización criminal dedicada al cobro de comisiones ilegales relacionadas con la adjudicación de obras públicas, debería ser circunstancia suficiente como para que los miembros del Tribunal Constitucional que están en puertas de sentenciar a favor de la constitucionalidad de la polémica ley reconsideraran la decisión.

 

Pese a la precariedad parlamentaria del PSOE, a trancas y barrancas, hasta la explosión del "caso Cerdán" -que está por ver si no acaba siendo también, el caso de la financiación ilegal del partido- Pedro Sánchez había conseguido llegar hasta aquí confiando en que podía seguir tensando al límite las costuras del Estado de Derecho, retorciendo las normas y leyes que garantizan la separación de poderes y actúan como contrapesos diseñados para evitar la caída del sistema en el cesarismo. Lo ha conseguido porque contaba con bazas a su favor: el apoyo de los socios de la moción de censura contra Mariano Rajoy -algunos de ellos verdaderas sanguijuelas parlamentarias-, y que al Partido Popular no le dan los números para plantear una moción de censura que fuera viable. 

 

Eso venía siendo hasta la explosión de la "bomba Cerdán". A partir de ahora, y a la espera de nuevas revelaciones de la UCO, las cosas podrían cambiar. Lo que ya es un hecho es que Pedro Sánchez es un cadáver político.