La jueza procesa a la pareja de Ayuso por fraude fiscal

En la resolución, se archiva la acusación respecto al fiscalista del novio de Ayuso y se da traslado a las partes, entre ellas PSOE y Más Madrid, para que formulen sus escritos de acusación de cara a la vista si se procede a la apertura de juicio oral o soliciten el archivo de la causa.

 

Tras conocerse el procesamiento, la defensa de la pareja de Ayuso ha criticado a través de un comunicado que no se le haya permitido "practicar ni una sola diligencia de instrucción".

 

Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia formulada por el Ministerio Fiscal. La investigación se centró en indicios delictivos detectado sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021, así como un delito de falsedad documental al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

 

El pasado 24 de febrero, el novio de la presidenta regional se negara a declarar ante la magistrada. González Amador se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus letrados hasta que se resolviera el recurso que estaba entonces pendiente sobre la apertura de la pieza separada.

 

Una semana después la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigarán otros ilícitos penales diferentes a los que se instruyen ya en la causa principal. En el marco de este procedimiento, González Amador documentó durante su declaración ante la jueza los ingresos obtenidos de Quirón Prevención y negó su ocultación a través de una supuesta sociedad instrumental para evitar la tributación ante Hacienda.

 

INGRESOS FICTICIOS

 

En el auto de transformación de las diligencias, la jueza expone que el informe de la Agencia Tributaria ha llevado a la conclusión de que la mercantil Circulo Belleza SL, actualmente Masterman Whitaker: Medical Supplies and Health Process Engineerino S.L. se trata de "una sociedad instrumental, constituida y utilizada por la mercantil Maxwell Cremona SL para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quiron Prevención SL".

 

"Simulando que es aquella la prestadora de los servicios cuando se acredita que no cuenta con los medios personales ni materiales adecuados para tal fin", señala la magistrada.

 

Así, detalla que "para instrumentalizar esta traslación, Maxwell Cremona SL firma un contrato el 15 de diciembre de 2021 con Masterman SL y Quiron Prevención, por el que la primera cede en favor de la segunda de parte del contrato denominado "Gran Cuenta" firmado con el cliente Quiron Prevención' SL, en concreto la expansión Latam y la parte de JCI y al día siguiente, el 16 de diciembre de 2021, Maxwell Cremona SL transmite la totalidad de las participaciones de Masterman SL en favor de Alberto Gonzalez Amador, quien desde dicha fecha es socio único y administrador único de dicha sociedad pudiendo disponer libremente de los fondos que quedasen remansados en aquella".

 

"Con esta operativa se estarían trasladando a la mercantil Masterman ingresos que debieron ser declarados y cobrados en Maxwell Cremona verdadero prestador de los servicios a terceros y al mismo tiempo se estarían generando en Masterman unos gastos no reales ni justificados, que no sólo absorberían la totalidad del ingreso originado por la prestación de servicios al tercero, sino que además crearían de forma artificial unas bases imponibles negativas a compensar en ejercicios futuros que pudieran ser utilizadas según el propio interés del administrador único de ambas mercantiles: Alberto González Amador", agrega.

 

"Además, sería este último quien como socio único y administrador único de Masterman S.L. pudiera libremente disponer de los fondos percibidos en dicha sociedad", agrega el auto.

 

"GASTOS FICTICIOS"

 

La denuncia de la Fiscalía se sustentaba en un informe de la Agencia Tributaria que exponía que se detectaron "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

 

"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.

 

En 2022, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".

 

El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".