En manos de una mafia

 

Se trata de uno de los más graves escándalos de los muchos que rodean al PSOE porque revela que los socialistas hace ya tiempo que se saltaron todas las rayas rojas de lo que no cabe en un Estado de derecho y en una democracia que se precie de serlo. Díez Castro no es una simple militante del PSOE, de la que este partido trata de distanciarse ahora. Es, por el contrario, una persona muy cercana al número 3, Santos Cerdán, y al propio Pedro Sánchez. Ha sido teniente de alcalde socialista en un municipio cántabro y ocupó puestos muy bien remunerados en Correos y otras empresas públicas bajo el mandato de Sánchez. Por tanto, no caben las excusas de Félix Bolaños o de la portavoz del PSOE de que no tiene ninguna vinculación con el partido. Lo mismo dijeron de Aldama, el jefe de la trama del mal llamado 'caso Koldo', y luego resulta que tenía línea directa con Ábalos, Armengol y una larga lista de ministros, que acababa en el mismísimo número 1. 

 

Que un personajillo de la catadura de la tal Díez sea capaz de negociar con un prófugo de la justicia cómo inventar dossieres contra un honorable jefe de la Unidad Central Operativa como es el teniente coronel Antonio Balas para desacreditarle y, por extensión, desactivar las investigaciones de la UCO sobre las supuestas prácticas corruptas del hermano y de la mujer del presidente del Gobierno, así como del caso Ábalos, es más propio de las prácticas de la mafia. ¿Qué supuesto poder tenía como para prometer un trato de favor de la fiscalía? Habrá que investigar a fondo este caso. 

 

PP y Vox ya han anunciado sendas demandas contra la militante del PSOE por lo que no dudan en calificar de "prácticas mafiosas¨. Habrá que aclarar si Díez, una mujer consideraba muy próxima a Santos Cerdán, actuaba por orden de algún miembro de la dirección socialista con el objetivo de neutralizar las investigaciones de los casos de corrupción en los que están envueltos los socialistas. En caso afirmativo, se pondría de relieve que el PSOE está reñido con el Estado de derecho y la propia legalidad. 

 

Esa es la línea, por cierto, que sigue el Gobierno en el plano político con las reformas legales que plantea Félix Bolaños para desactivar el contrapoder de la Justicia. El monaguillo de Sánchez sólo pretende manosear a los jueces y fiscales para ponerlos a su servicio, como ya ha hecho con el fiscal general del Estado y con el presidente del Tribunal Constitucional, en lo que es un ataque frontal a la independecia de la Justicia, como así lo han entendido la práctica totalidad de las asociaciones judiciales, que han convocado un paro general para el próximo día 11 de junio. Algo inédito en un estado democrático.

 

Es mucho lo que España se juega con este Gobierno corrupto, que sólo busca perpetuarse en el poder saltándose todas las líneas rojas que se le pongan por delante. Ya no es tiempo de paños fríos. El PP y su líder Feijóo, si verdaderamente quiere gobernar algún día, no puede limitarse a señalar que el Gobierno huele a podrido, algo que todo el mundo sabe, salvo los 7 millones de votantes socialistas que tragan lo que sea con tal de que la secta siga en La Moncloa. ¿A qué espera el presidente del PP para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez? El argumento de que no saldría adelante ya no sirve. Intentarlo es su obligación. Y que se retraten todos. Tiene que hacer todo lo que esté en su mano para evitar que España caiga por el despeñadero. Sánchez y los suyos se salvarán en última instancia para disfrutar en República Dominicana o en cualquier otro paraíso fiscal de su desfalco real y moral de un país. Los españoles no podremos.