En el comunicado, las asociaciones recuerdan que la independencia del poder judicial "es un pilar fundamental del Estado de Derecho" y las resoluciones judiciales se adoptan "tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente".
"Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial", añade.
Además, el comunicado resalta la importancia de la presunción de inocencia como "derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España" dado que "garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho".
Al hilo, remarca que cuestionar este principio básico "puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios".
Asimismo, indica que es importante proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales, por lo que sus testimonios deben ser valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. "Esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto", matiza.
EXIGEN RESPONSABILIDAD A LOS POLÍTICOS
Por todo ello, las asociaciones judiciales y fiscales hacen un llamamiento a la responsabilidad institucional en instan a todos los representantes públicos "a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales".
"Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho", aseguran, para reiterar acto seguido su compromiso "con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas".
El comunicado ha sido firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
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