Se trata de una proposición no de ley que se debatirá y votará el próximo martes en la comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática y con la que los de Santiago Abascal reivindican el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública.
Ante la "negativa" que, según dicen, existe en el Gobierno a detallar los gastos realizados por los diferentes ministros, creen que desde el Ejecutivo deberían hacerse públicos todos los datos sobre información institucional, organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica.
Por ello, quieren en primer lugar que el Congreso inste al Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir con las obligaciones de publicidad activa recogidas en la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sin que sea necesario un pronunciamiento por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o judicial.
Y también que se publique "de manera sencilla y accesible" en el Portal de Transparencia todos los gastos protocolarios y representativos derivados del desempeño de las funciones que, como titulares de los departamentos ministeriales, ejercen los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.
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