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Lunes, 10 de Febrero de 2025
Por la sobrerregulación, la inseguridad jurídica y la elevada fiscalidad
Más de la mitad de los empresarios cree que España no es buen país para crear una empresa
Más de la mitad de los empresarios encuestados por Funcas considera que España no es un buen país para poner en marcha una empresa por la sobrerregulación, la inseguridad jurídica y la elevada fiscalidad.
Esta es una de las conclusiones del libro 'Ante una década crítica: percepciones y perspectivas del empresariado español sobre su entorno, imagen y responsabilidad social', editado por Funcas, que está basado en una encuesta a 400 empresarios y directivos y en 60 entrevistas personales.
Según el estudio, dos terceras partes de los encuestados creen que su imagen en la sociedad es negativa (10%, muy negativa; 56%, bastante negativa), mientras que solo un 14% la califica como positiva. Por su parte, la mitad de los empresarios encuestados, el 49%, percibe que esta ha empeorado en el último lustro.
Sin atribuir causas directas a ese empeoramiento de su consideración social, los empresarios a menudo traen a colación el discurso desfavorable del que, en los últimos años, han sido objeto en la esfera pública. Además, juzgan tanto más injusta su baja consideración en la sociedad cuanto que se perciben como actores que cumplen con su parte en el contrato social, contribuyendo al crecimiento económico y al del empleo.
El empresariado español identifica la sobrerregulación y la burocratización como las mayores debilidades estructurales del entorno empresarial español, con la consiguiente saturación de unas administraciones públicas superpuestas y, a menudo, descoordinadas, y su ineficiente funcionamiento.
La percepción de inseguridad jurídica y de mal aprovechamiento de la presión fiscal --considerada desproporcionadamente alta en relación con la calidad de los bienes y servicios que provee el Estado-- completa una visión poco estimulante para la actividad empresarial que afecta más a España que a otros países europeos. En ese sentido, casi seis de cada diez encuestados creen que España no es un buen país para poner en marcha una empresa.
En cuanto a los ámbitos de actuación pública más necesitados de reforma, los encuestados señalan, sobre todo, la administración y la función pública (48%), la fiscalidad (41%) y el sistema educativo (40%).
A las críticas sobre el contexto institucional y político, suman la ausencia de articulación entre el sistema educativo y el productivo, la incongruente planificación y gestión de la inmigración y el debilitamiento de los valores de esfuerzo y laboriosidad, intrínsecos a cualquier acción de emprendimiento.
Pero pese al tenor negativo de estas apreciaciones, los empresarios otorgan más peso a las oportunidades que a los riesgos y valoran las fortalezas del país, que identifican en la pujanza de determinados segmentos de la sociedad y de la economía productiva.
![[Img #160879]](https://madridpress.com/upload/images/02_2025/7588_empresas.jpg)
Esta es una de las conclusiones del libro 'Ante una década crítica: percepciones y perspectivas del empresariado español sobre su entorno, imagen y responsabilidad social', editado por Funcas, que está basado en una encuesta a 400 empresarios y directivos y en 60 entrevistas personales.
Según el estudio, dos terceras partes de los encuestados creen que su imagen en la sociedad es negativa (10%, muy negativa; 56%, bastante negativa), mientras que solo un 14% la califica como positiva. Por su parte, la mitad de los empresarios encuestados, el 49%, percibe que esta ha empeorado en el último lustro.
Sin atribuir causas directas a ese empeoramiento de su consideración social, los empresarios a menudo traen a colación el discurso desfavorable del que, en los últimos años, han sido objeto en la esfera pública. Además, juzgan tanto más injusta su baja consideración en la sociedad cuanto que se perciben como actores que cumplen con su parte en el contrato social, contribuyendo al crecimiento económico y al del empleo.
El empresariado español identifica la sobrerregulación y la burocratización como las mayores debilidades estructurales del entorno empresarial español, con la consiguiente saturación de unas administraciones públicas superpuestas y, a menudo, descoordinadas, y su ineficiente funcionamiento.
La percepción de inseguridad jurídica y de mal aprovechamiento de la presión fiscal --considerada desproporcionadamente alta en relación con la calidad de los bienes y servicios que provee el Estado-- completa una visión poco estimulante para la actividad empresarial que afecta más a España que a otros países europeos. En ese sentido, casi seis de cada diez encuestados creen que España no es un buen país para poner en marcha una empresa.
En cuanto a los ámbitos de actuación pública más necesitados de reforma, los encuestados señalan, sobre todo, la administración y la función pública (48%), la fiscalidad (41%) y el sistema educativo (40%).
A las críticas sobre el contexto institucional y político, suman la ausencia de articulación entre el sistema educativo y el productivo, la incongruente planificación y gestión de la inmigración y el debilitamiento de los valores de esfuerzo y laboriosidad, intrínsecos a cualquier acción de emprendimiento.
Pero pese al tenor negativo de estas apreciaciones, los empresarios otorgan más peso a las oportunidades que a los riesgos y valoran las fortalezas del país, que identifican en la pujanza de determinados segmentos de la sociedad y de la economía productiva.
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