¡Váyase señor Fiscal!

Trece de los treinta y cinco fiscales de Sala, entre los que se cuentan dos compañeras que ostentaron su cargo hace tiempo, le han instado a que reflexione sobre el daño que está causando a la carrera. Simplemente por eso. Porque, la figura de un fiscal, clave en cualquier procedimiento judicial, no puede quedar degrada con imágenes como las que se están viviendo estos días. Y ya lo último, su negativa a contestar a las preguntas del magistrado que investiga la filtración, el triste papel de la fiscal que en vez de acusar se queda muda, porque depende jerárquicamente de él, y su abogado que, curiosamente, es un abogado del Estado.

 

Cualquier ciudadano, con un delito menor ¿se atrevería a presentarse así ante el juez? ¿Y tendría las prerrogativas con las que ha contado Garcia Ortiz?, entrando por la puerta de autoridades del Supremo, siendo recibido en la puerta por la fiscal...

 

Que la Fiscalía General del Estado, en tanto que la elección viene de Moncloa, tenía una relación de dependencia del Gobierno es un hecho sabido que, además, corroboró sin pudor Pedro Sánchez cuando, en una entrevista, se permitió preguntar al periodista ¿de quien depende el Fiscal General del Estado?. Pues eso.

 

Lo que no se preguntó es si somos todos iguales ante la ley. Y esa es la clave de un Estado de Derecho. Porque, para que eso ocurra, el fiscal debe mantener su prestigio y su respeto a las leyes que nos rigen a todos.

 

Por lo tanto, García Ortiz no debió borrar su móvil precisamente al saber que iba a ser investigado. Aunque fuera un procedimiento habitual, era su prueba para demostrar que no filtró nada. Ni debió mandar correos conminatorios a una subordinada. Ni siquiera inmiscuirse en una filtración del jefe de prensa de Ayuso. Porque, si su subordinado no propuso ningún pacto al abogado del novio de la presidenta madrileña, podía defenderse él sólo del bulo.

 

En fin, que en lugar de confiar su destino en el cargo al "amparo" del presidente del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, si al final resulta condenado, por dignidad personal y por respeto institucional debería dimitir. No se va a quedar sin trabajo. Volverá a un tribunal con el respeto de sus compañeros.