Sánchez frente a la 'tecnocasta'
Pedro Sánchez está tan endiosado que, en un arranque de delirio, se ha ofrecido a la Unión Europea como el gran defensor de la democracia que viene a destruir el redivivo Donal Trump, apoyado por lo que ha dado en denominar la "tecnocasta" de Sillicon Valley.
Al inquilino de la Moncloa parece que España se le queda corta. O podría tratarse de una huida hacia adelante. Cercado por los graves casos de corrupción de que se acusa a su Gobierno, a su partido, a su fiscal general, a su mujer y a su hermano, Sánchez opta por traspasar las fronteras patrias para hacer frente a la ultraderecha mundial. Así, acaba de señalar a importantes multinacionales norteamericanas por querer "controlar el debate público y por tanto la acción gubernamental". Y lo dice él, que ha colonizado las principales instituciones del Estado, además de las empresas públicas y hasta las privadas, como el asalto a Telefónica, protagonizado a hurtadillas en pleno fin de semana.
En estas mismas páginas el gran Francisco Muro reseña hoy mismo en su artículo 'Sánchez, sigue la fiesta', una extensa lista de entidades públicas y privadas de las que se ha adueñado el presidente, colocando a dedo a sus amigos, que ya se ocuparán de dejar en la quiebra esas empresas sin consecuencias administrativas y penales. Lo importante, piensan, es actuar al servicio personal del amo, que es quien les ha colocado para eso.
Así, pues, las advertencias lanzadas a bombo y platillo contra Trump -al que pinta como paradigma de todo lo malo que puede suceder al planeta y a sus habitantes- deberíamos tomárnoslas a guasa. Son sólo ínfulas de grandeza de un personajillo que pretende mandar (gobernar no sabe, ni puede) en un país de forma despótica, a imagen de su amigo y tutor Nicolás Maduro. Ahora bien, que mida a quién dirige sus brabatas y ataques porque, curiosamente, este mismo día ha trascendido que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado una comisión rogatoria para pedir ayuda a WhatsApp y a Google con el fin de recuperar los chats y correos electrónicos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Unos archivos que borró el fiscal de Sánchez cuando se vio investigado por un grave delito de revelación de secretos y que pueden suponer una espada de damocles para el propio inquilino de la Moncloa, el mismo que se postula como el gran defensor de la democracia planetaria.
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Al inquilino de la Moncloa parece que España se le queda corta. O podría tratarse de una huida hacia adelante. Cercado por los graves casos de corrupción de que se acusa a su Gobierno, a su partido, a su fiscal general, a su mujer y a su hermano, Sánchez opta por traspasar las fronteras patrias para hacer frente a la ultraderecha mundial. Así, acaba de señalar a importantes multinacionales norteamericanas por querer "controlar el debate público y por tanto la acción gubernamental". Y lo dice él, que ha colonizado las principales instituciones del Estado, además de las empresas públicas y hasta las privadas, como el asalto a Telefónica, protagonizado a hurtadillas en pleno fin de semana.
En estas mismas páginas el gran Francisco Muro reseña hoy mismo en su artículo 'Sánchez, sigue la fiesta', una extensa lista de entidades públicas y privadas de las que se ha adueñado el presidente, colocando a dedo a sus amigos, que ya se ocuparán de dejar en la quiebra esas empresas sin consecuencias administrativas y penales. Lo importante, piensan, es actuar al servicio personal del amo, que es quien les ha colocado para eso.
Así, pues, las advertencias lanzadas a bombo y platillo contra Trump -al que pinta como paradigma de todo lo malo que puede suceder al planeta y a sus habitantes- deberíamos tomárnoslas a guasa. Son sólo ínfulas de grandeza de un personajillo que pretende mandar (gobernar no sabe, ni puede) en un país de forma despótica, a imagen de su amigo y tutor Nicolás Maduro. Ahora bien, que mida a quién dirige sus brabatas y ataques porque, curiosamente, este mismo día ha trascendido que el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado una comisión rogatoria para pedir ayuda a WhatsApp y a Google con el fin de recuperar los chats y correos electrónicos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Unos archivos que borró el fiscal de Sánchez cuando se vio investigado por un grave delito de revelación de secretos y que pueden suponer una espada de damocles para el propio inquilino de la Moncloa, el mismo que se postula como el gran defensor de la democracia planetaria.
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