Es el paso previo a una querella por injurias y calumnias

Un juzgado cita a Sánchez a un acto de conciliación por una demanda del novio de Ayuso

La Fiscalía admite que García Ortiz borró los mensajes de los días de la presunta filtración y dice que fue protocolo

El Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que acuda el próximo 12 de febrero a un acto de conciliación con Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como paso previo a la interposición de una querella por llamarle "delincuente confeso".

 

El jefe del Ejecutivo no tiene obligación de comparecer personalmente, sino que podrá hacerlo a través de su representación legal, en este caso la Abogacía del Estado.

 

En el decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que se trata de un acto de conciliación "previo a una querella por presuntas injurias y calumnias", por lo que, si no hay acuerdo, González Amador podrá acudir a la vida penal.

 

Además, el juzgado ha advertido de que, "si no comparece la parte solicitante se le tendrá por desistido y se archivará el expediente", mientras que "si no comparece la parte requerida de conciliación se tendrá por intentada a todos los efectos legales".

 

Según fuentes jurídicas, González Amador considera que dichas declaraciones suponen una "infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español". Por ello, pide a Pedro Sánchez que le indemnice con 100.000 euros.

 

Las declaraciones en cuestión se produjeron el pasado 17 de octubre después de que se hiciera pública la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de delito de revelación de secretos.

 

"Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", manifestó entonces el presidente del Gobierno.

 

Cabe recordar que González Amador también emplazó a una conciliación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acto para el que aún no se ha fijado fecha; y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no acudió, por lo que presentó una demanda por vulneración del derecho al honor que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite.

 

LA FISCALÍA ADMITE QUE GARCÍA ORTIZ BORRÓ LOS MENSAJES

 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró los mensajes contenidos en su teléfono móvil entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave para la presunta filtración sobre Alberto González Amador --el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- por protocolo, tanto de seguridad como de protección de datos, según informan fuentes fiscales a Europa Press.

 

Las fuentes consultadas indican que García Ortiz borró personalmente los mensajes referidos a ese periodo temporal, si bien aclaran que no lo hizo de forma específica respecto a esos mensajes, sino como parte del borrado cíclico que hace de todos los mensajes almacenados en su teléfono móvil.

 

Fuentes fiscales ya indicaron el jueves que la Fiscalía General del Estado (FGE) hace un borrado cíclico del contenido de teléfonos, ordenadores y otros dispositivos por razones de seguridad, tanto del fiscal general como del resto de miembros de la institución, justificando de esta manera que la Unidad Central Operativa (UCO) encontrara "0 mensajes" a García Ortiz.

 

En este sentido, recordaron la existencia de varias normas internas sobre protección de datos que aconsejan no almacenarlos "indefinidamente".

 

Así, mencionaron la instrucción 2/2019, según la cual "el Ministerio Fiscal (MF), en el estricto ámbito de sus competencias y actuación, estará obligado a tratar los datos personales de las personas físicas" de acuerdo con determinados principios.

 

Entre esos principios se recoge el de "limitación del plazo de conservación, lo que supone que, exclusivamente en el marco de las competencias propias del MF y en la medida de lo posible, se adopten medidas razonables para que los datos personales sean mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante el tiempo estrictamente necesario para los fines del tratamiento".

 

LA UCO HALLA "0 MENSAJES"

 

La polémica se desató el jueves cuando se conoció el informe de la UCO que encargó el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado sobre el contenido de los dispositivos electrónicos incautados a García Ortiz durante el registro del pasado 30 de octubre en su despacho de la FGE.

 

La Guardia Civil plasmó en este informe que había encontrado "0 mensajes" en los dispositivos de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave para la presunta filtración sobre González Amador que se investiga en el TS como un posible delito de revelación de secretos.

 

A pesar del resultado de esta búsqueda, en el informe elaborado también por la UCO respecto a los dispositivos incautados a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, durante el registro a su despacho, ese mismo 30 de octubre, la Guardia Civil sí detectó mensajes con García Ortiz.