Comparece ante el Supremo

Aldama declara que se repartió 4 millones en comisiones con Ábalos, Koldo y el PSOE

Asegura que alquiló hasta tres pisos donde iban los ministros Ábalos y Torres con "señoritas"

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha afirmado en su declaración como imputado ante el juez que indaga en la presunta trama en el Tribunal Supremo (TS) que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas, unas supuestas mordidas que ha detallado que se repartieron con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor ministerial Koldo García y también con el PSOE.

 

Así lo ha trasladado al instructor Leopoldo Puente durante las más de tres horas que ha durado su comparecencia, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Cabe recordar que es la segunda vez que el empresario declara en sede judicial por el denominado 'caso Koldo', aunque en la ocasión anterior el Supremo aún no había asumido la competencia y declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

 

Las fuentes presentes en el interrogatorio indican que De Aldama ha confirmado lo declarado anteriormente, tanto verbalmente como por escrito en sendos tribunales y, en concreto, ha sostenido que llegaron a moverse entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones para la adjudicación de contratos de obra pública y que, de éstas, había una parte para él mismo, una para Ábalos y otra para Koldo. También había comisión para el PSOE, según dice que le contó el propio Koldo.

 

Aldama ha llegado a decir que hacía el papel de recaudador. Por cada contrato se pedía una comisión de entre el 1% y el 1,5%. Y de ese total se hacía el reparto. Como ni Ábalos ni el PSOE podían pedir el dinero directamente, él se encargaba de recabarlo y repartirlo, ha sostenido.

 

Interrogado sobre la existencia de un "cupo" con empresas constructoras que, según dijo en la Audiencia Nacional, desató el enfado del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, porque la presunta trama se estaba metiendo en un terreno ya repartido, ha reiterado que era así y ha mencionado a Acciona y otras empresas del sector.

 

El empresario ha mostrado unos pantallazos de WhatsApp con los que pretendía probar el juego de mordidas y adjudicaciones. Según ha adelantado al TS, aportará un escrito con copias de varias conversaciones de Whatsapp. Las fuentes consultadas precisan que uno de los mensajes sería un pantallazo de un manuscrito que, conforme ha defendido, es de Koldo y recoge obras a adjudicar.

 

LOS PISOS DE AIRBNB

 

El presunto conseguidor del 'caso Koldo' ha insistido nuevamente en que también hubo pagos en especie. En este sentido, ha aclarado que, además del piso en la madrileña calle Atocha de Madrid, donde dijo que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, iba a reunirse con gente, había otros dos --en el Barrio de Salamanca y en el Barrio Justicia--, cuyos alquileres pagaba por Airbnb y a los que acudían Torres y Ábalos en compañía de "señoritas".

 

En la misma línea, ha reiterado lo puesto por escrito sobre que compró un piso en el Paseo de la Castellana de Madrid por 1,9 millones de euros que tenía como objetivo ser una especie de garantía para Ábalos de parte de las empresas constructoras que tenían contratos de obra pública preadjudicados. No obstante, ha comentado que tenía un 'okupa'.

 

Cabe recordar también que el empresario ya señaló en el pasado un cuarto piso, el de la Plaza España de Madrid, ocupado por doña JRG, que mantenía una "relación particular" con el ex ministro de Transportes.

 

Sobre los pagos en efectivo, esta vez Aldama ha especificado que dio 175.000 euros en mano a Ábalos en varias tandas, y que para hacer estas entregas de dinero acudía tanto a la vivienda del entonces dirigente socialista como al Ministerio. En total, ha incidido en que al ex 'número tres' del PSOE le dio unos 450.000 euros en metálico y a Koldo unos 200.000.

 

El empresario relató en la Audiencia Nacional que Ábalos llegó a pedirle 2 millones de euros. En aquella ocasión matizó que solo le había entregado 250.000 euros y que parte de ese dinero se lo había entregado en efectivo y en su despacho en el Ministerio de Transportes.

 

Las fuentes consultadas añaden que De Aldama ha ratificado lo que ya dijo ante la Audiencia Nacional, concretamente el supuesto pago de 15.000 euros a Santos Cerdán, para "contentarle" ante el "enfado" que había provocado que interviniera en su "cupo".

 

ESCOLTADO POR DESOKUPA

 

En términos generales, De Aldama --que ha contestado a todas las partes-- ha descargado responsabilidades principalmente en Ábalos, con quien ha aseverado que llegó a verse cada semana, y en menor medida en Koldo, sin nombrar a nadie más ni del Gobierno de Pedro Sánchez ni del PSOE.

 

El empresario ha querido dejar claro que su relación con Koldo era muy anterior a la presunta trama para la compra de material sanitario en plena pandemia de coronavirus. Según ha manifestado, se pagaba desde hacía mucho antes para que abriera puertas en todas partes.

 

De Aldama ha llegado este viernes en un coche acompañado de su abogado y del dueño de la empresa Desokupa, Daniel Esteve. Este último le ha escoltado hasta la puerta lateral del edificio sin entrar al tribunal. De la misma forma, Esteve ha recogido al empresario a la salida del Palacio de las Salesas.

 

SIGUE SIN PASAPORTE

 

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' ha acordado mantener a Víctor de Aldama la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente en la Secretaría de la Sala de lo Penal del alto tribunal.

 

El instructor Leopoldo Puente ha adoptado esta decisión tras tomar declaración durante tres horas a De Aldama en el marco de la investigación que dirige por presuntas adjudicaciones irregulares de obras públicas.

 

En el auto, recogido por Europa Press, consta que las medidas cautelares fueron interesadas por la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el PP en representación de las siete acusaciones populares.

 

La decisión de Puente supone mantener las medidas cautelares que el juez de la Audiencia Nacional que empezó a investigar el 'caso Koldo' acordó el pasado febrero. "Persisten los indicios de criminalidad", ha concluido.