Madrid defiende que tiene competencia para multar en toda la ZBE de Plaza Elíptica

 

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha condenado en costas al Ayuntamiento de Madrid en una sentencia en la que anula una multa de 200 euros impuesta a un conductor por acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Plaza Elíptica sin autorización y en la que reprocha al Consistorio su incompetencia para sancionar "en una vía que no es de su titularidad", en referencia a la A-42 que tuvo que atravesar el sancionado.

 

Al respecto, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha señalado que hay un convenio suscrito entre el Consistorio y la Dirección General de Tráfico en el que les ceden las competencias de vigilancia de esa carretera.

 

"Habitualmente, tanto Policía Municipal como agentes de movilidad sancionan en ese tramo. Si no, no podríamos sancionar, por ejemplo, los excesos de velocidad tampoco. Por tanto, tenemos la capacidad para hacerlo", ha explicado, en una entrevista en 'Telemadrid'.

 

Considera que esta decisión judicial corresponde a "una sanción de miles que se recurren" y ha defendido que hay "plena seguridad jurídica de que esas multas y sanciones se han impuesto correctamente".

 

EL AYUNTAMIENTO PIERDE UN JUICIO POR UNA MULTA

 

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ha condenado en costas al Ayuntamiento de Madrid en una sentencia en la que anula una multa de 200 euros impuesta a un conductor por acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Plaza Elíptica sin autorización y en la que reprocha al Consistorio su incompetencia para sancionar "en una vía que no es de su titularidad", en referencia a la A-42 que tuvo que atravesar el sancionado.

 

Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez estima un recurso promovido por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en defensa de uno de sus socios.

 

Esta asociación demandante fundamentaba ante el juez que la A-42, la vía que atraviesa Plaza Elíptica, es de titularidad estatal, concretamente que Santa María de la Cabeza deja de ser calle y se convierte en autovía en el punto kilométrico 3,710, "sin que conste que haya habido un acto expreso de cesión del Ministerio de Transportes al Ayuntamiento de Madrid".

 

Alegaron también los demandantes que la señalización horizontal de la ZBE de Plaza Elíptica "es incorrecta porque sencillamente, no está señalizada, incluso la señalización vertical se encuentra mal ubicada". En la vista, el letrado del conductor presentó un conjunto de sanciones alegando que se trata de una infracción continuada y que no se puede sancionar hasta que no se haya resuelto la multa anterior. El Ayuntamiento no compareció en dicha vista.

 

El juzgado recuerda en el fallo, contra el que no cabe recurso ordinario, que la ordenanza de Movilidad ha sido anulada provisionalmente por el Superior de Justicia de Madrid desde el pasado 17 de septiembre, ordenanza que regula las ZBE.

 

Atendiendo a los argumentos del demandante, el juzgado apunta a que la A-42, en lo que deriva la calle Santa María de la Cabeza, "es una carretera nacional de titularidad estatal donde el Ayuntamiento ni tiene competencias para su mantenimiento ni para sancionar", unido a que "el conductor no tiene posibilidad de dar la vuelta o retroceder, por lo que la propia vía conduce a atravesar la zona de bajas emisiones".

 

El fallo condena al Ayuntamiento de Madrid a pagar 300 euros en costas. Según la asociación AEA, se trata de la primera sentencia dictada por un juzgado madrileño anulando una multa impuesta a un conductor en una ZBE, después de que el Ayuntamiento de Madrid decidiera recurrir ante el Supremo el fallo que las anuló, sobre el que el Alto tribunal aún no se ha pronunciado sobre su admisión.

 

Desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2024, según datos obtenidos del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid y dados a conocer por la asociación de automovilistas, "el Consistorio madrileño ha impuesto más de 1.760.000 multas por un valor económico de más de 330 millones de euros". Estas multas, según AEA en un comunicado, "deben ser anuladas y devuelto su importe de aquellas que ya se hubieran cobrado".