Por un presunto delito de revelación de secretos

El novio de Ayuso solicita al Supremo que impute al fiscal general del Estado

Alberto González Amador ha solicitado al Tribunal Supremo que impute al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en relación a la orden que dio para que la Fiscalía de Madrid difundiera una nota sobre los correos entre la defensa de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal Julián Salto, informan fuentes jurídicas.

 

La petición se incluye en un escrito remitido a la Sala Segunda después de que el pasado mes de julio el magistrado Francisco José Goyena elevara al Alto Tribunal la causa contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en relación a la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

 

Según apuntan las mismas fuentes, en el escrito se solicita a la Sala Segunda que se requieran los emails de la cuenta personal del fiscal general del Estado.

 

El TSJM elevó exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que se tomara en consideración, si así lo estimaba procedente, declararse competente para la continuación de las presentes diligencias.

 

En otra resolución, el magistrado acordaba el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto del querellado Julián Salto al entender que las diligencias de investigación practicadas "ponen de relieve, sin mayor duda, que su actuación en relación a la elaboración de la Nota Informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue meramente instrumental".

 

La inhibición se produjo después de que el instructor diera traslado a las partes de un escrito en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumía la responsabilidad en la difusión de la nota sobre los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal querellado Julián Salto y la defensa de Alberto González.

 

Primero lo hizo verbalmente en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril y posteriormente lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado día 10, en el que además solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo.

 

GARCÍA ORTIZ SE MUESTRA "MUY TRANQUILO"

 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado que se encuentra "absolutamente tranquilo" y ha rechazado hacer "jurídico-ficción" sobre si puede ser imputado por un presunto delito de revelación de secretos en el marco del caso donde se investiga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

 

A preguntas de los periodistas sobre si piensa dimitir en caso de ser imputado, García Ortiz ha abogado por ir "paso a paso" y "ver cómo suceden las cosas". En todo caso, se ha mostrado "absolutamente tranquilo por los hechos y por cómo van las cosas", ha dicho, durante la atención a medios que ha tenido en Granada con motivo del acto de toma de posesión de Concepción Rodríguez Cabezas como nueva fiscal jefa de esta provincia el lunes.

 

Así, ha abogado por "dejar que los tribunales trabajen", ha mostrado "todo el respeto" a lo que "pueda hacer o decir el Tribunal Supremo" y ha precisado, a preguntas de los periodistas, que será la teniente fiscal del Supremo la que se encargue de la causa tal y como está previsto para las cuestiones relevantes cuando él no puede intervenir.

 

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

 

Por otra parte, García Ortiz ha señalado, a preguntas de los periodistas, que ve "con preocupación" la politización de la justicia, opinando que justicia y política "son espacios que deben ser diferentes" aunque confluyan en las sociedades modernas, "no sólo en España sino en todo el mundo".

 

"Nosotros tratamos siempre de dar una respuesta jurídica (...) nos ceñimos a un papel de imparcialidad que nos exige nuestro estatuto orgánico y tratamos de dar una respuesta sea quien sea el investigado, sea quien sea las personas que puedan ser víctimas o sea cual sea el ámbito de actuación", ha sostenido.

 

García Ortiz ha incidido en que "esa es la diferencia entre el interés de la Fiscalía y otros intereses particulares que puede haber, legítimos pero particulares". "Nosotros defendemos el interés público y no tenemos ninguna encomienda en favor de nadie, es la imparcialidad lo que nos rige", ha concluido.