Sánchez se querella por un delito de prevaricación contra el juez que investiga a su mujer por corrupción

 

En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía General del Estado lleva ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a Peinado y a su sustituto, el juez Carlos Valle, por dos resoluciones: la providencia por la que se citó a Sánchez como testigo y la providencia por la que se rechazó que declarase por escrito.

 

"Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada (...) contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta la Presidencia de uno de los poderes del Estado de las 27 garantías que le ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1882, sin explicación alternativa manifestada o manifestable", apunta, en referencia a la testifical que ha tenido lugar esta mañana en La Moncloa.

 

Así, la Abogacía defiende a lo largo de 35 páginas que Sánchez tenía que haber comparecido por escrito en su condición de jefe del Gobierno, al considerar que así lo fija la ley para los casos en los que se le tome declaración por hechos de los que tuvo conocimiento por razón de su cargo de presidente.

 

"Lo que adquiere relevancia, no se nos lleve a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno, esto es, en atención a su cargo. No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación, como decíamos, es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada", asevera.

 

Este martes, Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez al ampararse en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que fija que como cónyuge de Begoña Gómez está "dispensado de la obligación de declarar".

 

DENUNCIA QUE EL JUEZ NO JUSTIFICÓ SU DECISIÓN

 

Para la Abogacía, la decisión de Peinado de citar a declarar a Sánchez como testigo ha sido "prevaricadora" porque en su providencia del 19 de julio "no hay una sola línea para motivar o justificar por qué la declaración no ha de hacerse por escrito".

 

En este sentido, insiste en que "a día de hoy" desconoce las razones por las que el juez considera que Sánchez, como testigo, "solo pudo conocer los hechos sobre los que quiere preguntar fuera del ejercicio de su cargo".

 

Sobre este extremo, recuerda que la acusación popular manifestó públicamente que pedía la citación de Sánchez por su condición de presidente del Gobierno y dijo que quería "hacerle en sede judicial las preguntas que entiende no respondidas en sede parlamentaria".

 

Al hilo, incide en que "hay una larga historia de cómo resoluciones judiciales pueden influir en el devenir político de un país, tanto en España como en el extranjero" y recalca que incluso el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales actúan con "mesura" y evitan hacer públicas resoluciones en periodos electorales.

 

En el caso de la declaración de Sánchez, apunta que es "evidente" que "tiene una repercusión a la que no es insensible el legislador", dado que redactó una ley en la que distingue entre la testifical escrita y verbal, en sede judicial o fuera de ella.

 

"Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no la ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal", añade.

 

"DESCRÉDITO GRATUITO" A LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

 

En el marco del escrito, la Abogacía insiste en que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid no cuenta con "un mínimo indicio" que "soporte" las diligencias que ha acordado y sostiene que con sus "conjeturas" genera un "descrédito gratuito" y "desprestigia" la Presidencia del Gobierno.

 

Así, solicita al tribunal que recabe copias autenticadas de las resoluciones adoptadas por el juez Peinado en el denominado 'caso Begoña Gómez'. También reclama que se cite a declarar al magistrado Carlos Valle, que en sustitución de Peinado dictó la providencia por la que se rechazó la petición de Sánchez de comparecer por escrito.

 

Con todo, defiende que esta querella no es un "ataque" al Poder Judicial. "Al contrario, es expresión en la confianza en el Poder Judicial", señala, para luego apuntar que es "el único medio de defensa que queda frente a un ataque absolutamente carente de justificación o motivación por parte de quien ejerce funciones jurisdiccionales".

 

EL GOBIERNO ARREMETE CONTRA EL JUEZ

 

El Gobierno por su parte ha asegurado que el juez Juan Carlos Peinado ha acudido este martes a tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el 'caso Begoña Gómez' para "hacerse una foto" en la Moncloa y "grabar un montaje" para "erosionar la imagen de la Presidencia del Gobierno".

 

Así lo ha dicho la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha adelantado que "en estos próximos días" se publicará "en algún pseudomedio digital conservador" la grabación con la declaración de Sánchez ante el juez que instruye el caso contra su esposa.

 

"Hemos visto hoy que han venido a grabar un montaje con un claro objetivo, que es erosionar la imagen del presidente del Gobierno, de la Presidencia del Gobierno", ha dicho la también ministra de Educación, criticando que "no hay causa" y que se está frente "a un no caso, porque aquí no hay caso".

 

Alegría ha proseguido diciendo que en el día de hoy "se ha venido a Moncloa a hacerse una foto" y dar así "alimento a las tertulias para este verano". También ha defendido el derecho de Sánchez a no declarar porque "viene perfectamente limitado en la ley" y que por ese motivo su declaración ha durado "exactamente dos minutos".

 

DEFIENDE "LA DIGNIDAD" DE LA PRESIDENCIA

 

Por otra parte, Alegría se ha referido a la querella que Sánchez ha presentado este martes contra el juez Peinado por presunta prevaricación y ha defendido que es un modo de "dar una cobertura jurídica a lo que es una causa política", además de para defender "la dignidad" de la Presidencia del Gobierno.

 

"La estrategia es dar una cobertura jurídica a lo que es una causa política (...) Y a su vez, cómo no, defender también la dignidad de una institución tan importante como es la Presidencia del Gobierno para que esto no vuelva a suceder nunca más. A ninguna persona, independientemente de su ideología política", ha explicado.

 

Tras añadir que la querella contra el juez Peinado también busca defender al Poder Judicial "de las prácticas de quienes operan por motivos políticos y ajenos a la ley", la dirigente socialista ha expresado la tranquilidad del Gobierno porque "no hay caso" y porque "el tiempo pondrá a cada uno en su sitio".

 

Las declaraciones de la portavoz del Gobierno tienen lugar después de que Sánchez haya presentado una querella por un presunto delito de prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que dirige la investigación contra su esposa, por presunto tráfico de influencia y corrupción en los negocios. Lo ha hecho tras acogerse a su derecho a no declarar en la causa en la que está investigada su esposa por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, alegando que es cónyuge de la investigada, Begoña Gómez.