La mujer del presidente accederá de nuevo al juzgado por el garaje

Begoña Gómez pide al juez que suspenda la declaración de dos cargos de la Complutense

Sostiene que en la denuncia inicial de Manos Limpias no hay referencia alguna a la universidad

La defensa de Begoña Gómez, investigada por un juez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha solicitado al magistrado que no lleve a cabo este viernes el interrogatorio en calidad de testigos del vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y de su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, dado que en la denuncia inicial de Manos Limpias no hay referencia alguna a la universidad ni a delito que pudiera haberse producido en su seno.

 

La citación de estos dos nuevos testigos tiene lugar tras la comparecencia del rector de la UCM, Joaquín Goyache, que aseguró en sede judicial que se reunió con Begoña Gómez en Moncloa antes de que empezara el máster y que explicó al magistrado que no era necesario que ella tuviera una licenciatura, sino que bastaba con la experiencia que tenía en el ámbito del desarrollo sostenible de transformación.

 

Begoña Gómez se reunió el pasado 2 de julio con José María Coello, vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Complutense tres días antes de declarar ante el juez Juan Carlos Peinado. Fuentes judiciales sugieren que pudieron discutir estrategias para exculparse mutuamente.

 

En un escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, incide en que "la denuncia que dio lugar a la incoación y que ha de delimitar el ámbito objetivo de la investigación no hacía referencia alguna a la Universidad Complutense de Madrid ni a ningún hecho indiciariamente constitutivo de delito producido en su seno".

 

Por eso, explica, "no se alcanza a entender y tampoco se explicita en la sucinta providencia --por la que les cita-- que es objeto de este recurso cuál es la aportación que pueden hacer con sus declaraciones un vicerrector (...) y su antecesor en el cargo, a los hechos que se venían investigando antes de la avocación a la Fiscalía Europea".

 

Además, el abogado Antonio Camacho vuelve a reiterar como en escritos anteriores que existe una "indeterminación" en cuanto al objeto de lo que se está investigando, y que esta realidad "ha sobrevolado este procedimiento desde el inicio de las presentes diligencias".

 

"Esta parte ha presentado en las últimas semanas reiteradas peticiones a efectos de que por el juzgado instructor se aclarara cuáles son los hechos que constituyen el objeto de investigación en las presentes diligencias previas", incide, para luego recordar que el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que avalaba la instrucción acotaba las pesquisas porque indicaba que "solo existían indicios suficientes con relación a los contratos en donde se otorgaban una serie de subvenciones a la UTE formada por Innova Next S.L.U y la Escuela de Negocios The Valley".

 

Camacho recuerda que esos hechos, de acuerdo con ese auto "eran los únicos que reunían indicios suficientes como para abrir la investigación respecto a los mismos", y señala que al poco tiempo Peinado "se inhibió a favor de la Fiscalía Europea por estimar que ésta era la competente para conocer de los mismos".

 

"A partir del razonamiento que hemos expuesto en los anteriores parágrafos el presente procedimiento carecería de cualquier objeto puesto el inicial que fue delimitado por la Audiencia Provincial habría sido remitido para su investigación a la Fiscalía Europea", reitera.

 

Y explica que con este razonamiento debería ser bastante para "fundamentar este recurso" ya que "si no existe objeto de la investigación no cabe que el instructor acuerde la práctica de ninguna diligencia".

 

Por otro lado, recuerda que ni la cantidad de escritos presentados por las acusaciones populares ni las testificales celebradas en el marco de la causa "han añadido nada a la insuficiencia indiciaria existente en la denuncia inicial".

 

Así, sobre las testificales programadas para este viernes a las 13.00 horas, reitera que es una diligencia "impertinente e inútil" porque "si los hechos no están siendo investigados en el presente procedimiento no cabe tomar declaración a dos miembros de la Universidad Complutense que nada tiene que ver con el objeto del presente procedimiento".

 

LAS ACUSACIONES SE OPONEN A QUE GÓMEZ ACCEDA POR EL GARAJE

 

Por otra parte, las acusaciones populares del 'caso Begoña Gómez' han pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que corrija la decisión de la juez decana de Madrid y evite este viernes que la esposa del presidente del Gobierno acceda a los Juzgados de Plaza de Castilla por el garaje para declarar como investigada.

 

Según defienden, Begoña Gómez "no ostenta cargo público alguno ni cuanto menos es autoridad", por lo que afean que se le concedan "determinados privilegios" --como acceder al edificio judicial por "las cloacas" y no por la entrada principal-- por ser "esposa del presidente del Gobierno".

 

Las acusaciones populares de Hazte Oír e Iustitia Europa han presentado ante el CGPJ un recurso contra el acuerdo gubernativo por el que la juez decana de Madrid, María Jesús del Barco, autoriza el acceso de Gómez por el garaje de los juzgados por motivos de seguridad.

 

También recurren la decisión de Del Barco de limitar el acceso a la sede judicial a los abogados, procuradores y particulares que deseen acceder a la sexta planta, donde se ubica el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. La decana ordenó que todos ellos "deberán acreditar ante el personal de seguridad o agentes de la Policía Nacional que están citados para la realización de cualquier actuación procesal ante dichos juzgados, pudiendo ser requeridos para que exhiban su carnet profesional".

 

Del Barco acordó esta medida después de que en la declaración de Gómez del pasado 5 de julio accedieran a la planta del juzgado personas que no estaban entre las agencias de noticias acreditadas y que posteriormente grabaron imágenes en el interior del edificio --algo que no está permitido-- que llegaron a difundirse en redes sociales.

 

ACUSAN A LA DECANA DE "EXTRALIMITARSE"

 

Hazte Oír e Iustitia Europa consideran que este acuerdo "atenta contra la esfera profesional de los abogados". "No es posible llevar una causa de miles de folios sin acudir con nuestro equipo legal hasta la puerta del Juzgado", apuntan.

 

A su juicio, la medida adoptada por la decana es "nulo de pleno derecho al extralimitarse en sus funciones, prohibiendo el acceso al juzgado a aquellos letrados que vengan en compañía de los ejercientes". El acuerdo, sostienen, vulnera el derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.

 

Insisten en que "el acuerdo no es tendente a ordenar y organizar el acceso a las diferentes sedes judiciales del partido judicial, sino a impedir el ejercicio profesional de los abogados que debemos comparecer en los procedimientos judiciales, todo ello provocado porque la ciudadana Begoña Gómez tiene que ser tratada de manera diferente".

 

Así las cosas, ambas acusaciones solicitan al CGPJ "la suspensión cautelarísima del acuerdo gubernativo y todas las medidas coercitivas contenidas en él". Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press señalan que los vocales podrían tardar algunas semanas en dar respuesta al recurso porque antes tendrían que designar ponente, elaborar informe y remitirlo a la Comisión Permanente.