La esposa del presidente, citada el 19 de julio por corrupción

Begoña Gómez alega que desconoce por qué se le investiga y el juez aplaza la declaración

Vox la acusa de "faltar al respeto" a la Justicia y los españoles por "negarse a dar explicaciones"

El juez instructor Juan Carlos Peinado ha acordado este viernes suspender la declaración de Begoña Gómez a los 30 minutos de que se personara la investigada en su Juzgado. La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios que desconoce por qué se le investiga.

 

El juez ha fijado una nueva fecha para su declaración para el 19 de julio. Así lo confirman fuentes jurídicas que señalan que Gómez ha sido informada de las querellas presentadas y que para ese trámite las partes han salido de la sala unos minutos.

 

Durante el tiempo que ha estado en la sala de declaraciones del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Gómez se ha limitado a decir que desconocía las razones por las que se le investigaban. Ante su afirmación, el juez acordó un breve receso para que las acusaciones abandonaran la sala y su defensa se informara de las querellas que forman parte del procedimiento.

 

Las fuentes jurídicas consultadas confirman que durante la vista de este viernes el juez ha rechazado la petición de la defensa de Gómez de que sólo se grabara el sonido de la declaración, y por tanto la declaración ha sido grabada también con vídeo. El abogado había solicitado esta excepción habida cuenta que es una persona de "relevancia pública".

 

Han estado presentes en el interrogatorio la acusación popular de Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política. La Fiscalía también ha acudido.

 

GRAN DESPLIGUE POLICIAL

 

Begoña Gómez, que estaba citada a las 10.00 horas, ha llegado a la puerta del juzgado a las 10.18 horas vestida de traje negro y acompañada de cuatro personas. Tras bajar del ascensor se ha dirigido directamente a la puerta del Juzgado de Instrucción número 41, un tramo de cinco metros aproximadamente. Al término de su declaración, ha salido también acompañada de seguridad.

 

Casi una decena de furgones se han apostado desde las 7.30 horas en los alrededores de los juzgados de Plaza de Castilla para esperar la llegada de Gómez, que tenía permiso para acceder a la sede judicial a través del garaje por motivos de seguridad.

 

Por su parte, los numerosos periodistas que hacían guarda desde muy temprano, han sido ubicados en una zona vallada en mitad del Paseo de la Castellana -- no en la acera de los juzgados, como suele ocurrir en otras declaraciones--.

 

Gómez estaba citada a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de una causa que tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias, pero en la que también ejercen la acusación popular otras asociaciones.

 

LA DEFENSA, "SORPRENDIDA"

 

Tras la suspensión, el abogado de Begoña Gómez, el exministro Antonio Camacho, ha señalado en declaraciones a los medios congregados a las puertas de los juzgados que su cliente "quería colaborar con la Administración de Justicia" y "venía dispuesta a que si el juez aclaraba los hechos objeto de investigación, declarar".

 

Con todo, ha matizado que toda persona investigada tiene derecho a tener conocimiento de los hechos por los que se le va a interrogar y ha apuntado que el magistrado Juan Carlos Peinado les ha "sorprendido nuevamente" este viernes porque, a pesar de que en un último auto limitaba los hechos a la denuncia inicial de Manos Limpias --ha sostenido--, ha indicado que existía una nueva querella, la de 'Hazte Oír'.

 

El letrado ha sostenido que en ningún momento se les había notificado, y ha explicado que el juez ha querido que tomaran conocimiento este mismo viernes de la misma y que con posterioridad prestara declaración.

 

Camacho ha añadido que tras pedir al juzgado que se les dé traslado de esa querella, que se suma a la de Manos Limpias, han tomado la decisión de no declarar y han solicitado la suspensión de la misma porque "no cabe la posibilidad en un sistema avanzado que se notifique una querella y se pretenda que se preste declaración inmediatamente". El juez ha acordado suspender, tal y como pedía Camacho.

 

"Creo que hemos tomado la mejor decisión no solo para el derecho de defensa de la investigada sino para la defensa del Estado de Derecho", ha indicado, para luego avanzar que también se opondrán a que se tome declaración testifical este viernes al rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, dado que se le iba a preguntar por hechos recogidos en esa querella de 'Hazte Oír'.

 

Camacho ha explicado que en esta causa se están produciendo "cosas singulares, querellas que no son notificadas, notificaciones que llegan tarde", pero ha apuntado que "probablemente tenga que ver con la carga de trabajo del Juzgado".

 

En este sentido, ha sostenido que la petición de suspensión, se aplaza para el 19 de julio, no es una argucia de la defensa y ha apuntado que, de hecho, el propio letrado de la Administración de Justicia ha reconocido que se les había notificado la querella porque la admisión de la misma "se dictó en un procedimiento en el que no eran parte".

 

Camacho ha sostenido que Begoña Gómez se encuentra perfectamente "como se encuentran las personas que son inocentes, sin perjuicio de que esto no es agradable para nadie", y ha reiterado que "tiene ganas de demostrar su inocencia".

 

Ha recordado además que tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que acotaba la investigación al bloque de hechos que se ha quedado la Fiscalía Europea, contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, "esta causa no tiene a la investigada o no se está investigando en relación a mi representada".

 

VOX LA ACUSA DE AMPARARSE EN "FORMALISMOS LEGALES"

 

El coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha recriminado a Begoña Gómez por "negarse a dar explicaciones" en su declaración ante el juez, lo que considera una "falta de respeto" al Poder Judicial y a los españoles.

 

Gómez ha señalado ante el juez que la investiga por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Juan Carlos Peinado, que desconoce por qué se le investiga. Por ello, Peinado ha suspendido la declaración de la mujer de Sánchez al no notificársele una de las querellas, la de la organización Hazte Oír.

 

Buxadé, en representación de Vox, que ejerce una de las acusaciones particulares en el caso de Gómez, ha reprochado que la esposa del jefe del Ejecutivo "se niega a dar explicaciones amparándose en formalismos legales".

 

"Se ampara en esos formalismos, es una falta de respeto evidente al juez, al Poder Judicial, a las acusaciones de la causa y a los españoles", ha indicado el coordinador jurídico de Vox en declaraciones a los medios de comunicación al término de la sesión. Ha atribuido este comportamiento a que Gómez está "envalentonada" por "la posición política de su marido".

 

Sobre la ausencia de notificación de la querella de Hazte Oír, Buxadé ha explicado que "no se trata de un fallo del procedimiento judicial", si no de un "error humano".

 

Si bien Buxadé ha resaltado que Gómez tiene los mismos derechos reconocidos en la Constitución que cualquier ciudadano español, ha rechazado las medidas de seguridad desplegadas en las inmediaciones de los Juzgados de Plaza de Castilla, que, a su juicio, evidencian "falta de transparencia y opacidad".

 

Según el también eurodiputado, la declaración se ha convertido en "un circo mediático y un terror de seguridad". "La autocracia de Sánchez llega al Poder Judicial", ha agregado, antes de asegurar que Vox "seguirá hasta el final" y ya tiene la vista puesta en la próxima declaración de Gómez, fijada para el 19 de julio.

 

EL MOTIVO DE LA INVESTIGACIÓN, PÚBLICO Y NOTORIO

 

Por su parte, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, una de las partes querellantes contra la esposa de Pedro Sánchez, ha calificado como una "vergüenza" y un "abuso de derecho" que se haya suspendido la declaración de Begoña Gómez, alegando que desde hacía "muchísimas semanas" era "público y notorio" el por qué se le investigaba.

 

"Hacer el gasto que han hecho en policías, en medios, con un trato privilegiado para poder entrar en el garaje (...) Sinceramente es una cosa absurda, sabiendo que iban a suspender el acto porque iban a decir exactamente lo mismo que han dicho hoy", ha explicado en declaraciones a los medios frente a los juzgados de Plaza de Castilla, incidiendo en que le parece "un abuso y un exceso" que la defensa de Gómez diga que "no conoce la querella hasta hoy".

 

Hazte Oír ha explicado que en estos casos la defensa solicita al juez que se notifique a su cliente, pero que no se espera a "venir el mismo día" tras haber "organizado un follón" para luego "pedir que se suspenda". "No tiene ningún sentido, sinceramente creo que es mala fe procesal, es un abuso", ha zanjado.

 

NOTIFICACIÓN

 

De su lado, la acusación popular formada por Luis María Pardo y la organización Justicia Europa ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que, aunque ella haya mantenido que no conocía los cargos por los que se la imputa, "en teoría" su procurador "tenía todas las actualizaciones".

 

De esta forma han explicado que, como a ellos les notifican sus propios procuradores, el de la investigada debía haberlo hecho antes de esta comparecencia. "Al igual que nos notificaron a nosotros la querella de actividad, pues se la notificarían a trámite el procurador", ha recalcado el abogado personado como acusación popular Luis María Pardo.

 

Del mismo modo, Pardo ha puesto de relieve el "despliegue" policial tanto "por fuera" como "por dentro" --ya que "la planta está completamente tomada y no se permite el paso"-- para la comparecencia de la esposa del presidente del Ejecutivo. "Nunca en mis años de ejercicio, he visto semejante despliegue para que una ciudadana venga a declarar, nos ha sorprendido bastante", ha sentenciado.

 

De esta forma, la acusación popular ha informado de que durante la declaración "estaba ella sola" junto a su abogado y al servicio de seguridad. Preguntado sobre si creían que negar el conocimiento de los cargos era parte de una "triquiñuela", Pardo ha mantenido que "será la estrategia judicial de Camacho --abogado de Begoña Gómez--" y que es una cuestión que debe contestar él.

 

MANOS LIMPIAS SEÑALA LOS CONTRATOS CON BARRABÉS

 

Ocurra lo que ocurra, lo evidente es que sobre la mesa del juez puede haber hasta tres escritos que giren en torno a la figura y posibles actividades de la esposa de Pedro Sánchez: la denuncia transformada en querella de Manos Limpias, la querella de Hazte Oír --que contó con una ampliación-- y una tercera querella de Vox que, de momento, se desconoce si por reparto ha caído en otro juzgado distinto al suyo.

 

En la denuncia que provocó la apertura de la causa, Manos Limpias, el sindicato dirigido por Miguel Bernad, se acusaba a Gómez de actuar "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno: "Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

 

Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez es Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", sostenía la denuncia, que añadía que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

 

Por otro lado, apuntaba que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía".

 

A esto sumaba que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

 

HAZTE OÍR APUNTA A LOS "VÍNCULOS" CON GLOBALIA

 

El 29 de mayo, al tiempo que la Audiencia Provincial de Madrid avalaba la investigación del juez --si bien acotaba que se debía centrar en los contratos públicos con los que se hizo Barrabés--, la plataforma Hazte Oír presentaba una nueva querella contra Gómez.

 

La asociación atribuye a la esposa del presidente un presunto delito de tráfico de influencias al asegurar que "las empresas que de algún modo han tenido relación o vínculo" con Gómez desde que Sánchez fue nombrado presidente del Gobierno "han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%".

 

Hazte Oír subraya que Gómez "ha comparecido en distintos foros y eventos empresariales, en ocasiones junto a altos cargos del Gobierno", y ha "realizado viajes oficiales en acompañamiento de su esposo, a lugares en los que ella tenía sus propios intereses laborales/profesionales/comerciales".

 

En su escrito, la asociación pone el foco en un "contrato de adjudicación directa concedido por el Gobierno de Sánchez a Inmark Europa, de la que es accionista Begoña Gómez". Destaca también la "relación" de la investigada con el Grupo Globalia y los rescates del Ejecutivo a diversas empresas del Grupo. Y añade "las reuniones" en las que "se presenta como esposa del presidente".

 

Asimismo, Hazte Oír denuncia que la Universidad Complutense de Madrid "contrató el desarrollo de una web para captar datos de potenciales clientes bajo la marca Transforma TSC",de la que Gómez es administradora única, según la querella.

 

VOX PONE EL FOCO EL SOFTWARE PATENTADO CUANDO ESTABA EN LA UCM

 

Vox, por su parte, presentó una querella contra Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con el software que patentó en el marco del máster de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía.

 

La formación sostiene que Gómez "prevaliéndose de su estatus personal de esposa del presidente del Gobierno y de su condición privilegiada en la UCM (...) habría desarrollado un software para empresas a través de recursos de naturaleza pública; cuando las empresas Telefónica, Google e Indra, esta última participada en un 28% por la SEPI, declinaron la continuación del proyecto software de la querellada".

 

Señala además que la esposa del presidente del Gobierno, tras conseguir el correspondiente registro de la patente, "utilizó el canal de contratación de la UCM para lograr la financiación restante para la finalización de dicho aplicativo".