El Rey y la amnistía

A este respecto se ha recordado estos días que cuando se modificó el Código Penal, abriendo paso a los beneficios penales que reclamaban los sediciosos catalanes, fue publicada en el BOE al día siguiente de su aprobación en las Cortes.

 

Aprobada la Ley de Amnistía, por imperativo legal (Art. 91 de la Constitución), el Rey Felipe VI está obligado a sancionar la norma. Y nadie duda de que lo hará en cumplimiento del deber de "guardar y hacer guardar la Constitución" que establece otro de los artículos de nuestra Carta Magna. Para él y en su fuero interno quedará en silencio la consideración moral que le merezca la Ley de Amnistía visto que su contenido y finalidad política, en la práctica, revoca el espíritu del discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017. Mensaje institucional en el que los sediciosos del "procés" hallaron la respuesta firme del Jefe del Estado a su intento de golpe. La posterior intervención del Tribunal Supremo en un juicio pleno de garantías y con amplia difusión y cobertura mediática colocó a los golpistas ante el espejo de sus responsabilidad por los delitos que habían cometido.

 

La Ley de Amnistía acordada entre Pedro Sánchez y el prófugo Carles Puigdemont, un trueque político a cambio de los votos que necesitaba el primero para su investidura y la impunidad a la que aspira y espera el segundo para volver a España, contará con la firma del Rey con arreglo a lo establecido en nuestro ordenamiento constitucional. El jefe del Estado se encuentra de regreso en España tras su viaje oficial a El Salvador para asistir a la toma de posesión del presidente de aquella República. Para hallar algún tipo de explicación al retraso en la publicación de la ley en el BOE hay que mirar a La Moncloa, no a La Zarzuela.