Aprobada por 177 votos a favor y 172 en contra

El Congreso respalda con una ajustada mayoría absoluta la polémica Ley de Amnistía

Beneficiará a Puigdemont y a otros líderes del procés, así como a CDR, miembros de Tsunami y otras 300 personas

El Pleno del Congreso ha respaldado con mayoría absoluta la Ley de Amnistía levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación, con lo que la norma se envía al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. Eso sí, el trámite se ha superado por la mínima, pues se necesitaban 176 votos y se han sumado 177.

 

Así, la ley ha reunido el apoyo de 177 diputados del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el exministro José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN. No ha participado en la votación, ni telemáticamente, la diputada de Podemos Martina Velarde, lo que ha propiciado lo ajustado de la votación.

 

Como ha pedido el PP, la votación ha sido pública y por llamamiento, con los diputados poniéndose en pie para anunciar su voto a viva voz. Por sorteo, la votación ha comenzado con el Sí del socialista Roberto García Morís, que ha votado telemáticamente. Cuando ha votado el presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno se han escuchado gritos de "traidor" desde la bancada de Vox.

 

GRITOS DE "TRAIDOR" A SÁNCHEZ

 

Cuando ha votado el presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno, que han votado al final, se han escuchado gritos de "traidor" desde la bancada de Vox. Y cuando después la vicepresidenta María Jesús Montero decía en los pasillos a los periodistas que hoy era un día importante para la convivencia, un diputado de Vox pasaba al lado añadiendo: "Y cojonudo para traicionar".

 

El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado en rueda de prensa de "muy lamentable" que "elementos ultraderechistas" hayan intentado "reventar el Pleno" y que, en lugar de utilizar los argumentos, se hayan dedicado a "insultar, enfangar, mentir y faltar a la verdad". También el independentista Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha acusado a Vox de intentar "reventar" la sesión.

 

Una vez que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha anunciado la votación, los diputados de PSOE, Sumar y las formaciones independentistas han prorrumpido en aplausos y algunos se han fundido en abrazos y saludaban a las tribuna de invitados, donde seguían el Pleno varios de los condenados por el Supremo y que se van a beneficiar de la ley, como Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull (Junts) y Carme Forcadell. Por su parte, los parlamentarios de Vox y PP abandonaban el hemiciclo.

 

DESDE EL BOE, DOS MESES PARA APLICARLA

 

Una vez aprobada la ley, el siguiente paso será su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con la firma del Rey, lo que según Félix Bolaños se realizará en próximos días, cumpliendo los trámites ordinarios. "Se realizarán los trámites que son oportunos y que son preceptivos y, por tanto, se publicará en el BOE en los próximos días".

 

Conforme a la legislación, toda norma que aprueba el Parlamento se envía a Relaciones con las Cortes y al Ministerio de Presidencia, que se encarga de gestionar la firma del Jefe del Estado, y después va al BOE para su publicación. La anterior ley que aprobó el Congreso, la de Enseñanzas Artísticas, salió de la Cámara el jueves 23 de mayo y aún no se ha publicado.

 

Su publicación en el BOE marcará la entrada en vigor de la ley y, desde ahí, los jueces y tribunales tendrán dos meses para aplicarla. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la justicia europea.

 

El BOE también abrirá el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad y al menos el PP ya tiene anunciado que la impugnará.

 

CONDICIÓN PARA LA INVESTIDURA

 

Esta "Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" nació de los pactos que el PSOE selló con ERC y Junts a cambio del apoyo de los independentistas a la investidura del presidente Pedro Sánchez.

 

Su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo.

 

La proposición de ley fue registrada en solitario por el Grupo Socialista el 13 de noviembre del año pasado y, aunque formalmente se ha tramitado por el procedimiento de urgencia, ha tardado más de seis meses en ver la luz verde definitiva.

 

Durante su recorrido en el Congreso el texto sufrió varias modificaciones en virtud de los acuerdos que los socialistas fueron alcanzando con los independentistas catalanes y que fueron recibiendo el apoyo del resto de socios parlamentarios.

 

Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, el texto fue elevado al Pleno el 30 de enero, pero el voto en contra de Junts impidió que se mandara al Senado. Los de Carles Puigdemont forzaron su vuelta a la comisión ante la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición y tuvieron que buscar un nuevo pacto.

 

EL MISMO TEXTO QUE SE PACTÓ EN MARZO

 

El acuerdo final en el Congreso se alumbró en el Pleno del 14 de marzo y la ley se envió al Senado. El PP uso su mayoría absoluta en la Cámara Alta para impulsar una modificación reglamentaria que le permitió 'retener' allí la norma dos meses, el máximo fijado por la Constitución, pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia.

 

Además, el Senado inició los trámites para plantear un inédito conflicto de atribuciones contra el Congreso por considerar que ley suponía una reforma constitucional encubierta, aunque finalmente los 'populares' han desistido de llevar el asunto al Tribunal Constitucional.

 

PRINCIPALES BENEFICIADOS

 

Aunque la ley no recoge nombres, estos serían los principales beneficiados:

 

- Carles Puigdemont (Junts). El ex presidente catalán tiene tres frentes abiertos. En el Tribunal Supremo (TS) está procesado por desobediencia y malversación por el referéndum del 1-O. El instructor Pablo Llarena está a la espera de tomarle declaración indagatoria para poder avanzar hacia juicio. Tiene una orden de detención nacional, pero la euroorden está desactivada.

 

También es uno de los 35 ex altos cargos que en noviembre fueron juzgados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'. Fiscalía les reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria. Sociedad Civil Catalana les pide hasta 5 millones.

 

Además, el TS ha abierto causa penal en su contra por posibles delitos de terrorismo enmarcados en los disturbios atribuidos a 'Tsunami Democràtic' tras la sentencia del 'procés'. La magistrada instructora Susana Polo tiene pendiente tomarle declaración voluntaria entre el 17 y el 21 de junio.

 

- Oriol Junqueras (ERC). El ex vicepresidente catalán fue condenado en 2019 por el TS a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación, aunque en 2021 se le indultó la pena de cárcel. El pasado febrero, se cambió su condena a desobediencia y malversación por la reforma penal que derogó la sedición. También fue juzgado en el TCu.

 

- Artur Mas y Francesc Homs. El ex president y su ex consejero fueron condenados por el TCu a devolver al Govern algo más de 4,9 millones de euros (más 1 millón en intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. También están en la causa abierta en el TCu por los gastos del 1-O y de la acción exterior del 'procés'.

 

- Toni Comín (Junts). El ex consejero catalán y eurodiputado está procesado en el TS por desobediencia y malversación por el 1-O. Llarena también aguarda a tomarle declaración indagatoria. Tiene una orden nacional de busca y captura en su contra. Y fue otro de los juzgados por el TCu.

 

- Clara Ponsatí (Junts). La ex consejera catalana y eurodiputada está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Tras ser detenida hasta dos veces en Barcelona, finalmente Llarena pudo recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Falta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre los siguientes pasos. En su caso, ya no tiene orden de detención nacional y, al estar acusada de un delito sin cárcel, no es posible cursar euroorden. Es otra de las juzgadas por el TCu.

 

- Lluís Puig (Junts). El ex consejero catalán está procesado en el TS por desobediencia y malversación. El instructor del 'procés' tampoco ha podido tomarle declaración indagatoria, por lo que mantiene la orden nacional de detención en su contra para ello. También ha sido juzgado por el TCu.

 

- Marta Rovira (ERC). La secretaria general de ERC, que permanece huida en Suiza, está procesada en el TS por desobediencia por el 1-O. Llarena mantiene la orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Además, está investigada en la Audiencia Nacional por 'Tsunami Democràtic'.

 

- Raül Romeva (ERC), Jordi Turull (Junts) y Dolors Bassa (ERC). Los tres ex consejeros fueron condenados por el TS a 12 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación. El Gobierno indultó su pena de prisión, pero permanecen inhabilitados por desobediencia y malversación, la nueva calificación que fijó el Supremo tras la reforma penal que derogó la sedición. Fueron juzgados por el TCu.

 

- Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El ex presidente de la ANC y el de Òmnium, respectivamente, fueron condenados por el TS a 9 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición. El Gobierno también perdonó sus penas de prisión y el Supremo revisó sus casos por la citada reforma penal sustituyendo dicho delito por desórdenes públicos, lo que extingió sus inhabilitaciones. Son otros de los juzgados en el TCu.

 

- Carme Forcadell (ERC), Josep Rull (Junts) y Joaquim Forn (Junts). El Supremo condenó a la ex presidenta del Parlament y a los ex consejeros a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición. El Gobierno les indultó la cárcel y luego sus casos fueron examinados tras el último cambio penal, que supuso reemplazar dicho delito por desórdenes públicos. Esta modificación extingió sus penas de inhabilitación. También han respondido ante el TCu.

 

LAS ANTIGUAS 'REBELDES'

 

- Anna Gabriel. El Supremo procesó a la ex diputada de la CUP en el Parlament por desobediencia por su supuesta participación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña. Tras permanecer fugada en Suiza, en 2022 se presentó en el TS, que concluyó sumario y envió la causa a la Audiencia de Barcelona al no estar aforada.

 

- Meritxell Serret. La consejera catalana también se entregó al TS. Regresó de Bélgica en 2021 y en 2023 fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a 1 año de inhabilitación por desobediencia por su participación en el 1-O.

 

'VOLÓH', LOS PREPARATIVOS Y EL ESCOLTA

 

- Josep Lluís Alay y Xavier Vendrell. El jefe de la oficina de Puigdemont y el ex consejero de ERC se encuentran investigados en un Juzgado de Barcelona por 'Voloh', caso en el que se indaga en el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. También están imputados en la AN por 'Tsunami'.

 

- Natàlia Garriga, Josep María Jové y Lluís Salvadó. La consejera catalana, el ex secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, y el ex secretario de Hacienda del Govern están a la espera de juicio en el TSJC por los preparativos del 1-O.

 

- Miquel Buch. El ex consejero fue condenado a 4 años y medio de cárcel por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para escoltar a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

 

- Lluís Escolá. Fue condenado a 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación por malversación.

 

LOS 12 CDR Y 'TSUNAMI DEMOCRÀTIC'

 

- Los CDR: La AN propuso juzgar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlament y participaron en cortes de carreteras.

 

- 'Tsunami Democràtic': La plataforma está investigada por los disturbios que presuntamente habría organizado tras las condenas por el 'procés' en 2019: desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las protestas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.

 

- El exdiputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensgberg, que tiene causa abierta en el TS por presunto terrorismo en 'Tsunami'.