Begoña Gómez elige al exministro socialista Antonio Camacho como abogado

 

 

En declaraciones a la prensa a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla, el director de 'El Confidencial', Nacho Cardero, ha asegurado que ha comparecido en calidad de testigo ante el juez para "ratificar y defender el interés general y la veracidad de las informaciones" que su medio ha publicado, resaltando que "a día de hoy, ninguna de ellas ha sido rectificada, sino que todas han sido confirmadas".

 

"Nosotros nos debemos como periodistas a la libertad de expresión, la libertad de información y, sobre todo, a satisfacer el derecho de los ciudadanos a estar bien informados, esa es nuestra labor", ha indicado, al tiempo que ha insistido en su intención de colaborar de forma "plena" con la Justicia.

 

A su salida del juzgado, Cardero ha recordado que las diligencias de investigación que abrió el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios permanecen bajo secreto, por lo que no ha dado detalles de su declaración como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado.

 

Además del director del citado medio, también ha comparecido este viernes en sede judicial el director de 'Esdiario', Francisco Mercado, quien ha preferido no hacer declaraciones ante los medios de comunicación apostados a las puertas del juzgado.

 

Ambos testigos han declarado durante unos 15 minutos aproximadamente en el marco de las citaciones que se fijaron el pasado abril, antes de que el juez diera traslado de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid.

 

El Ministerio Público, una vez que tuvo conocimiento de que se habían abierto diligencias de investigación, presentó un recurso ante la Audiencia de Madrid pidiendo que ordene el archivo del procedimiento, según han señalado fuentes fiscales a Europa Press.

 

DENUNCIA BASADA EN NOTICIAS

 

Cabe recordar que esta causa tiene su origen en la denuncia que presentó Manos Limpias contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios al considerar que "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

 

El sindicato apoya su denuncia contra la esposa del jefe del Ejecutivo en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas. En una nota de prensa posterior, Miguel Bernad --secretario general de Manos Limpias-- recalcó que se basaba en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no fueran ciertas debían ser "quienes las publicaron" quienes asuman "la falsedad".

 

En dicha denuncia, el sindicato señala que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. "Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada", indica, añadiendo que la cátedra de Gómez fichó como profesor asociado a ese empresario.

 

Una vez abiertas las diligencias de investigación, Manos Limpias aportó al juez un informe en relación a cuatro contratos por importe de 10,2 millones de euros que adjudicó el ente público 'Red.es' a la mercantil de Barrabés, Innova Next SL.

 

Por otro lado, en la denuncia se apunta que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del 'caso Koldo', era el contacto de Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara "el rescate (...) de la compañía". Y se dice que Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada" y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la esposa de Pedro Sánchez y su equipo.

 

Posteriormente, Manos Limpias amplió su denuncia contra Gómez aportando un informe sobre las ayudas públicas concedidas a Globalia durante la pandemia y en el que apunta al presidente del Gobierno como "presunto encubridor y cooperador necesario de los negocios" de su esposa.

 

Además, pidió al juzgado que retirase el pasaporte a Gómez, alegando que sus relaciones internacionales le pueden servir para "destruir pruebas y alertar a sus contactos" para poner obstáculos a la instrucción.