No se atreverá

 

Puigdemont ya demostró quién es cuando hace siete años huyó de España escondido en el maletero de un coche, dejando a los miembros de su gobierno a los pies de los caballos. Al menos los Junqueras, Turull, Forcadell y compañía dieron la cara y pasaron por la cárcel tras ser condenados por sedición y malversación, aunque después fueron indultados por Pedro Sánchez. Puigdemont no está dispuesto a pagar ese precio.

 

El hecho de que un prófugo de la Justicia por delitos tan graves como los del golpe de Cataluña se plantee encabezar una candidatura electoral es en sí mismo una anomalía democrática. Ya lo hizo en las europeas y goza por ello de los privilegios políticos, jurídicos y económicos del cargo, y ahora pretende volver a dirigir la política catalana. Una anomalía democrática que difícilmente se vería en cualquier país de la Unión Europea. Pero España es diferente. Aquí, los terroristas pueden formar parte de unas candidaturas y aspirar a ser concejales, alcaldes o presidentes autonómicos. Aquí, los golpistas que intentaron romper España pueden participar en las elecciones con un programa en el que aparece sin ocultaciones ni engaños su objetivo de volver a intentarlo, ahora que Sánchez les ha despejado el Código Penal. Una grave anomalía democrática. 

 

Sánchez es muchas cosas, pero no es tonto. Y aunque su mantra es que la amnistía cierra una etapa de enfrentamiento y traerá la concordia y convivencia pacífica entre catalanes y el resto de españoles, sabe que no es así porque los independentistas no se cansan y no pararán hasta conseguir sus fines. Si el presidente mantiene esa farsa es simplemente porque necesita los votos del prófugo para seguir en el poder, aunque ello pase irremediablemente por el referéndum separatista. Toda una anomalía democrática.

 

Esta deriva sólo se puede parar con una oposición fuerte, que haga su trabajo con seriedad y determinación, aprovechando su poder institucional y territorial, y con una Justicia independiente que vele por el cumplimiento de la ley. Cuando el Congreso apruebe finalmente la ley de Amnistía -manifiestamente inconstitucional, como apunta el CGPJ- los jueces la recurrirán tanto ante el TC como ante el Tribunal de Justicia de la UE, de tal forma que la norma quede paralizada. Así, Puigdemont -auténtico padre y beneficiario de esa ley- no podrá regresar porque sería detenido por la policía y puesto a disposición de los jueces. El prófugo se muestra dispuesto a dejar su refugio de Waterloo porque sabe que con sólo anunciar sus intenciones protagonizará Telediarios, pero no lo hará porque no tiene valor. Él mismo es toda una anomalía democrática.