La revuelta del campo

Denuncian la pasividad del Gobierno que en Madrid dice que les comprende y reconoce sus problemas pero no mueve un dedo en Bruselas y vota la Agenda 20-30 que impone algunas normas dictadas por ecologistas de salón. Reclaman que se cumpla la ley de la cadena alimentaria diseñada para evitar el trabajo a pérdidas. Quieren que durante 2024 se derogue la obligación del barbecho y reivindican que se simplifiquen los requisitos burocráticos que alargan y complican acceder a las ayudas previstas por la PAC. También reclaman ayudas al Gobierno y a las CC.AA. para paliar la sequía que padecen muchas regiones españolas y que se mantenga la rebaja de impuestos al gasóleo agrícola.

 

En su memorial de agravios -razonado y razonable- señalan la desventaja que supone para los agricultores las regulaciones medioambientales europeas que no rigen para las importaciones de terceros países como es el caso de Marruecos o Sudáfrica. En la misma idea de proteger la producción agrícola en los países de la UE se inserta otra de sus demandas: paralizar los acuerdos con Mercosur.

 

La mayoría de los agricultores y ganaderos que están en pie de guerra son trabajadores autónomos a los que Hacienda cruje a impuestos llueva o no llueva y sin tener en cuenta su situación. La revuelta empezó en Francia, continuó en Bélgica y Portugal y ha llegado a España. Ha llegado para quedarse -al menos hasta el 21 de febrero día en el que tienen anunciada una tractorada en Madrid frente al Ministerio de Agricultura.

 

El riesgo de radicalización de las protestas y la duración de los bloqueos de carreteras y el posible desabastecimiento de productos en los supermercados a causa de las tractoradas -"sin agricultura y sin ganadería, tu mesa está vacía"- dependerá del grado de sordera de los interlocutores del Gobierno. Los de aquí y los de Bruselas.