Rechazan los ataques contra el juez García Castellón

Asociaciones judiciales vuelven a pedir al Gobierno respeto a su independencia

Malestar en la Audiencia Nacional por el ataque de la vicepresidenta Ribera al juez de 'Tsunami'

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). así como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han pedido al Gobierno que respete la labor de los jueces, a raíz de las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera en las que critica al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por su "querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles", y han recordado que los tiempos de la Justicia no dependen de los jueces.

 

Así han reaccionado dos de las cuatro asociaciones judiciales después de que este viernes la vicepresidenta Ribera afeara la actuación del juez a cargo de la instrucción de la causa de 'Tsunami Democrátic', que ha ratificado su decisión de enviar el procedimiento al Tribunal Supremo para que se investigue al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo.

 

"Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles", ha asegurado Ribera en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, en el marco de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley del PSOE que pretende amnistiar una década del 'procés'.

 

Ante tal afirmación, Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, ha incidido en que "los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política". En este sentido, ha explicado en declaraciones que los pronunciamientos de un juez en una resolución judicial obedecen a actuaciones procesales de las partes y "no surgen por arte de magia", sino que "España es un Estado de Derecho y las resoluciones judiciales se recurren".

 

Oliva ha asegurado que los comentarios de la vicepresidenta Ribera "están desprestigiando al país" al entender que "señalar a los jueces sólo genera desconfianza en la ciudadanía", por lo que ha pedido "respeto" al Poder Ejecutivo.

 

LA "QUERENCIA" DE LOS POLÍTICOS

 

En la misma línea, Fernando Portillo, de FJI, ha afeado la "querencia" de los políticos a "protestar cuando las decisiones judiciales no les convienen, o por contenido, o por momento, o por ambas cosas".

 

Asimismo, ha recordado que "los tiempos de los procesos judiciales no dependen de los jueces". En el caso del procedimiento relativo a 'Tsunami Democràtic', ha recalcado que lleva años investigándose y que "lo que no se puede hacer es acomodar su tramitación a los intereses políticos de nadie según el momento, parando cuando no vaya a molestar a ningún partido y acelerándose cuando convenga a otros".

 

Sobre el reciente auto de García Castellón, ha explicado que "si la Fiscalía no hubiese recurrido la decisión inicial del juez, este no se habría tenido que pronunciar justo en este momento". "Lo que no pretenderá nadie es que el juez no resuelva un recurso de la Fiscalía a la espera de que termine la tramitación de la ley de amnistía", ha apuntado Portillo en declaraciones a Europa Press.

 

En todo caso, para el portavoz de FJI "sobran" los "señalamientos públicos, y menos por decisiones que no son en absoluto definitivas".

 

MALESTAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL

 

Las declaraciones de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, acusando al juez instructor de 'Tsunami', Manuel García Castellón, de tener "cierta querencia" a realizar pronunciamientos judiciales en "momentos políticos sensibles" han generado un profundo malestar en el seno de la Audiencia Nacional (AN). Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que no instruir esa causa sería "prevaricar" y lamentan que se busque aplicar la amnistía de "forma preventiva".

 

Frente a la acusación de Ribera, estas fuentes recuerdan que "los tiempos de la política no son los de la Justicia" y que, casualmente, para los políticos nunca es buen momento si la resolución o decisión judicial no les gusta.

 

Al hilo, varios de los consultados por estas declaraciones explican que cuando un fiscal presenta un recurso existen unos plazos concretos para dar respuesta por parte del juzgado, y que la resolución de García Castellón se produjo en tiempo y después de que la Sala de lo Penal tumbara el incidente de recusación que pendía contra él, el de Josep Lluis Alay, mano derecha de Puigdemont.

 

"YA ESTÁ BIEN"

 

Así, explican que el momento en el que se dicta ese auto es "totalmente normal", ya que la resolución de la Sala levantando esa recusación llegó el 15 de enero y no faltaba ninguna por resolver, por lo que el juez debía pronunciarse sobre el recurso del fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo.

 

"Es impresentable, ya está bien", ha llegado a decir una de las fuentes consultadas, al tiempo que ha enfatizado que existe una preocupación real por la deriva que está tomando este asunto.

 

Con todo, desde el seno de la Audiencia Nacional indican que no se prevé ningún movimiento o contacto oficial por parte de este tribunal especial con el objetivo de que no aumente la polémica entre el Gobierno y los jueces.

 

De hecho, hasta el momento no está sobre la mesa una posible ampliación de la petición de amparo que elevó el instructor de 'Tsunami' al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado noviembre por las declaraciones del ex 'número dos' de Justicia Tontxu Rodríguez, el cual acusó a García Castellón de querer influir en las negociaciones de la amnistía por dirigir la investigación contra Puigdemont.

 

EL CGPJ AFEA A RIBERA SUS PALABRAS SOBRE EL JUEZ

 

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este viernes por unanimidad expresar su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez del caso 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, al considerar que son "contrarias" al "deber de respeto a la independencia judicial", al tiempo que ha reclamado "responsabilidad institucional" para "evitar la utilización política de la Justicia".

 

Los tres vocales conservadores que integran la Comisión Permanente --José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona-- habían pedido al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que convocara una reunión urgente de la misma, algo que finalmente se ha hecho de forma telemática para alumbrar un pronunciamiento unánime, poco usual en este Consejo, habitualmente dividido en los bloques progresista y conservador.

 

El objeto era analizar las palabras de Ribera criticando la reciente resolución de García Castellón que confirma su decisión de enviar 'Tsunami Democràtic' al Tribunal Supremo para que se investigue al ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo.

 

Para la Comisión Permanente, "estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional" y "al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia".

 

"Solo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho", subraya.

 

En consecuencia, indica que dichas palabras, "en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos".

 

Además, como recuerda que ya ha hecho "con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales", apela "a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial".

 

"Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho", concluye.