Las obras se paralizaron en 2010

La Justicia rechaza una petición de OHLA de 53 millones a la Comunidad por el tren a Navalcarnero

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado un recurso presentado por OHLA en el que solicitaba un pago de 53,5 millones de euros a la Comunidad de Madrid por la paralización en 2010, en plena crisis financiera, de las obras del tren a Navalcarnero.

 

La sentencia declara ajustada a derecho una resolución previa que desestimaba la pretensión de la constructora de pedir esta indemnización adicional a la ya recibida.

 

UN ABONO DE 162 MILLONES

 

En concreto, la compañía ya recibió a finales de 2021 un abono de 162,5 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid por la liquidación del contrato que proyectaba una nueva línea de tren de cercanías entre las localidades de Móstoles y Navalcarnero.

 

En esta ocasión, pide el reembolso de los costes de inversión por obras ejecutadas y no abonadas en relación al proyecto complementario y actuaciones de reposición, adecuación y cerramiento en el marco de este contrato encargado a Cemonasa, filial de por ese entonces OHL.

 

La sentencia recuerda que la paralización de las obras sólo resulta imputable a Cemonasa, pero no a la Comunidad de Madrid. "Y si la paralización de las obras es imputable a la concesionaria, todos los gastos que de ello hayan derivado deberán ser asumidos por la misma. Son parte de sus obligaciones el mantenimiento y conservación de las obras y por tanto ha de asumir sus costes conforme a las cláusulas", justifica.

 

De esta forma, desestima el recurso contencioso entablado al entender que "todo lo reclamado proviene del contrato que mediaba entre las partes y han sido costes generados a la contratista derivados de su propia actuación, así del denominado proyecto complementario (no requerido por la Administración ni aprobado) y por el abandono definitivo de la obra".

 

Fuentes de la compañía han trasladado a Europa Press que recurrirá la decisión en casación. Las obras, con las que se pretendían cubrir un trayecto de 15 kilómetros, fueron adjudicadas a OHL por el Ejecutivo regional en 2009, con un presupuesto de 369 millones de euros. Tras invertirse más 140 millones, la concesionaria lo paralizó en 2010.