El desamparo de los jueces

 

Cómo será la cosa que el Tribunal Constitucional se ha visto obligado a "señalar su preocupación ante el señalamiento" por parte de diputados de Junts X Cat a una magistrada del Alto Tribunal. Preocupación que coincide con la del CGPJ exigiendo del Gobierno un posicionamiento rotundo que ponga fin al acoso a los jueces.

 

Hay que recordar que todo arranca de las acusaciones e insultos lanzados desde la tribuna del Congreso por la diputada Miriam Nogueras, que es la portavoz del partido separatista que dirige el prófugo Carles Puigdemont. Es comprensible el malestar de jueces y fiscales ante un ataque cuya brutalidad acusando de prevaricación a los magistrados del Tribunal Supremo que juzgaron a los encausados en el golpe del "procés" recuerda las tácticas seguidas en Argentina por los seguidores de la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner procesada por corrupción. Allí buscaban desacreditar a los jueces para invalidar sus sentencias; aquí el objetivo es el mismo.

 

Una estrategia que ha encontrado un insólito apoyo en el ámbito político a raíz del pacto entre el PSOE y Junts para justificar la ley de amnistía que incorpora el relato de los golpistas, según el cual fueron perseguidos injustamente por el Estado en dos instancias: la actuación policial y los tribunales. Instancias que se limitaron a cumplir la ley reprimiendo las alteraciones del orden público y enjuiciando los delitos cometidos. La mencionada diputada que llamó "indecentes" a varios magistrados del Supremo y a un mando de la Guardia Civil no fue llamada al orden por la presidenta del Congreso. No hay precedentes de semejante pasividad. También llama la atención la tibieza del presidente del Gobierno a la hora de defender la honorabilidad de los magistrados señalados cuya actuación durante el juicio público seguido contra los golpistas fue impecable y ajustado a Derecho.

 

Sánchez dice que siempre ha respetado las resoluciones judiciales pero en ningún momento condenó las acusaciones de la diputada Nogueras.

 

La salvedad en este escenario de calculada ambigüedad ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada en excedencia, que ha dicho que estos ataques eran inaceptables.

 

El origen de esta situación remite al pacto que el PSOE firmó con Junts a cambio de los votos que necesitaba Sánchez para lograr la investidura, pacto en el que aceptaron la creación en el Congreso de comisiones de investigación sobre la actuación de los jueces en causas judiciales que afectan a los separatistas. 

 

La arrogancia con la que se pronuncian algunos dirigentes separatistas que apoyaron el golpe de octubre de 2017 se explica en razón del blanqueamiento político conseguido de la mano de los socialistas. Primero fueron los indultos y las rebajas de penas del Código Penal y ahora la amnistía como pago al apoyo parlamentario a la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa. 

 

Están crecidos y tienen motivos para estarlo porque quienes desde el Gobierno tendrían que defender con rotundidad a los servidores del Estado con quienes pactan es con los golpistas.