Sánchez insiste en buscar excusas para aprobar la amnistía que, a cambio, le sostiene en el poder

Así dice que aplicar esta medida de gracia significa "perdonar". De este modo ha vuelto a utilizar un término que generó una notable molestia en Junts, partido con el que se ha pactado la norma.

 

En la sesión de investidura de Sánchez, el 15 de noviembre en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Junts Miriam Nogueras recriminó al candidato socialista que no había sido valiente en su discurso al abordar el tema catalán según recoge el acuerdo firmado entre PSOE y Junts.

 

JUNTS YA CRITICÓ EL TÉRMINO DE PERDÓN FRENTE AL DE FIN DE LA REPRESIÓN JUDICIAL

 

Según indicó, el acuerdo no habla de "reencuentro, perdón o medidas de gracia" sino de una Ley de Amnistía que acabe "con la represión judicial" y que ponga fin a un conflicto histórico "no resuelto".

 

Al día siguiente Nogueras explicó que no habían escuchado de Sánchez lo que esperaban que dijese y por tanto trasladaron su malestar al PSOE. Para Junts el perdón se refiere a los indultos y querían saber si Sánchez estaba dispuesto a cumplir el acuerdo que habían firmado.

 

En su réplica a Nogueras, Sánchez se comprometió a cumplir el pacto suscrito y le garantizó que en esta legislatura se darán pasos para la "resolución definitiva del conflicto político".

 

Ahora Sánchez vuelve a afirmar que "amnistiar supone perdonar" y por el contrario ha rechazado que suponga decirles a los condenados o encausados que el Estado se ha equivocado, como sostiene el expresidente socialista del Gobierno Felipe González. "No es cierto", ha zanjado en una entrevista en 'Espejo Público'.

 

DICE QUE LA AMNISTÍA REIVINDICA LA CONSTITUCIÓN

 

Además, Sánchez sostuvo que la Ley de Amnistía "hace una reivindicación de la Constitución Española" y de la democracia y plantea un horizonte de superación de una contienda política que ha monopolizado el debate público durante los últimos 15 años, indica.

 

Por otro lado Sánchez ha dejado claro que él se considera constitucionalista y a favor de la "unión de los pueblos de España", un término que prefiere al de la "unidad de España". Ese es su proyecto para España y para Cataluña, según ha defendido, mientras PP y Vox no tienen ninguna idea más allá de "la destrucción", según ha indicado.

 

Al día siguiente del 45 aniversario de la Carta Magna, Sánchez ha defendido que la Ley de Amnistía "encarna perfectamente los valores" de la Constitución" porque en el momento de su aprobación se superaron distintos contenciosos, se ejerció "la labor del perdón, la generosidad y el fortalecimiento de la democracia".

 

También sostiene que la amnistía "está perfectamente incardinada en los valores europeos" según el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la Comisión de Venecia, pues en varias democracias europeas se han aprobado hasta medio centenar de leyes de amnistía desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

 

CONJETURA QUE EL PP TAMBIÉN LA HUBIERA APROBADO

 

En todo caso, Sánchez comprende que haya ciudadanos que tengan dudas y que vean con recelo aprobar "excepciones a la norma", pero considera que gracias a esas excepciones la democracia española salió adelante hace 45 años, en referencia a la Ley de Amnistía aprobada en 1977. Considera además que de este modo se puede hacer que en Cataluña se garantice "una convivencia equiparable a la que tienen otros territorios".

 

Al ser cuestionado sobre los altos niveles de rechazo social a esta norma, que oscilan entre el 60 y el 70% de la población, según varias encuestas, Sánchez responde que la Ley de Amnistía tiene el respaldo de una mayoría de 178 diputados en el Congreso "un número no menor de representante de los ciudadanos", destaca.

 

Sánchez, además, carga contra el Partido Popular y conjetura que si no hubieran dependido de los votos de Vox para gobernar y hubieran podido sacar adelante la investidura de Feijóo con los apoyos de los partidos nacionalistas "hubiera aprobado la Ley de Amnistía".

 

En este sentido ha reprochado las críticas lanzadas en los últimos días por el expresidente del Gobierno José María Aznar, al señalar que durante su mandato llegó a aprobar "1.400 indultos en un solo día".

 

CONTRADICCIONES

 

Al ser cuestionado sobre sus cambios de opinión respecto a la política hacia Cataluña, ya que previamente Sánchez se había mostrado partidario de endurecer el delito de sedición --y luego aprobó una reforma en sentido contrario-- consideraba que el expresidente Carles Puigdemont debía volver a España para rendir cuentas ante la Justicia --y ahora ha negociado con él una ley de amnistía que le beneficia personalmente--, Sánchez se ha defendido diciendo que todos los presidentes del Gobierno en ejercicio cambiaron de opinión en algún asunto.

 

REUNIÓN EN GINEBRA

 

Por otro lado, Sánchez ha justificado la primera reunión que mantuvieron PSOE y Junts en Ginebra y, aunque ha admitido que se trata de una situación "anormal", va en línea con la situación política que se vive en España desde 2017 que "no es en absoluto normal".

 

Pese a todo, estas medidas tienen el objetivo de recuperar "un debate normalizado" sobre la cuestión territorial que no se ha dado desde el año del procés, según ha afirmado.

 

Finalmente respecto a la comparación que el propio Sánchez hizo de la reunión PSOE Junts y la del Gobierno de Aznar con ETA, ya que ambas se produjeron en Ginebra, Sánchez puntualiza que no lo dijo como comparación sino para poner a la derecha "en el espejo".

 

Así ha reiterado que Aznar indultó a 1.400 personas en un día, pactó con los nacionalistas vascos y catalanes "y no se rompió España ni se hundió la economía". "Incluso esas reuniones que hizo con la banda terrorista lo que representaron en el fondo fue un gran aplauso de la mayoría de las fuerzas políticas, entre ellas el Partido Socialista", ha zanjado.

 

SOBRE RENOVAR EL GGPJ

 

Sánchez ha afirmado que propondrá crear una comisión de trabajo al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en la reunión que espera mantener con él antes de final de año.

 

El objetivo, según ha indicado es abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la nueva financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución. Además, ha defendido el actual sistema de elección de vocales y vuelto a pedir al PP que cumpla su obligación constitucional y se avenga a renovar el órgano -de esta manera desestima la reclamación europea para que los jueces elijan a  los jueces, que es la propuesta del PP, por lo que así será imposible tal acuerdo-.

 

En la víspera, Sánchez desveló que llamará a Feijóo próximamente y espera reunirse con él antes de que termine el presente año para abordar esos tres temas, pero ahora ha añadido que quiere crear esta "comisión de trabajo" con el PP.

 

En este sentido señala que considera importante que los dos grandes partidos, PSOE y PP, trabajen "con un horizonte de acuerdo" en el "inicio de la legislatura" sobre los tres temas mencionados anteriormente.

 

Respecto a la posición del PP, que se muestra escéptico sobre la posibilidad de llegar a algún acuerdo con el Ejecutivo, Sánchez ha respondido señalando las diferencias que a su juicio hay entre el Gobierno y los populares. Según ha indicado en las dos semanas que lleva trabajando el Gobierno, ya ha aprobado varias medidas como la Ley de Paridad, el aumento de la ayuda humanitaria a Gaza y están negociando la subida del salario mínimo.

 

Enfrente, según señala, están PP y Vox que en ese mismo periodo de tiempo han convocado "70 manifestaciones" para protestar contra el Ejecutivo. Sánchez piensa que "se les va a hacer muy largo" y que "están corriendo una maratón como si fuera una carrera de 100 metros".

 

SISTEMA ACTUAL VÁLIDO CON PP Y PSOE

 

En todo caso, Sánchez ha reiterado su rechazo a la última propuesta del PP, renovar el órgano de gobierno de los jueces a la vez que se acomete una reforma legal para modificar el sistema de elección de los vocales. E insiste en que el PP debe renovar ya el CGPJ porque es su obligación constitucional.

 

Es más, Sánchez ha defendido el sistema actual de elección al señalar que viene funcionando desde hace muchos años, con gobiernos tanto del PP como del PSOE. A su juicio el PP podrá cambiar este sistema si tiene una mayoría parlamentaria suficiente para llevarlo a cabo.

 

En la víspera, Sánchez ya dejó claro que no aceptará que se impongan condiciones previas para renovar el CGPJ y conminó a los de Feijóo a cumplir el mandato constitucional.

 

REITERA QUE EN ESPAÑA HAY 'LAWFARE'

 

En este sentido, el presidente del Gobierno ha vuelto a señalar que en España hay casos de 'lawfare', una expresión que hace referencia a la guerra judicial contra adversarios políticos y que el PSOE aceptó incluir en el acuerdo de investidura a exigencia de Junts.

 

Sánchez interpreta que esta expresión también hace referencia a la politización de la justicia y cree que el bloqueo del CGPJ por parte del PP, que ha cumplido cinco años con el mandato caducado "es un caso de libro de lawfare" y se produce porque los 'populares' "no quieren reconocer el resultado electoral".

 

En este punto, Sánchez ha sido cuestionado sobre si también supone politizar la justicia nombrar una Fiscal General del Estado a una exministra de su Gobierno, como ocurrió con Dolores Delgado, o designar magistrado del Tribunal Constitucional a otro exministro como Juan Carlos Campo.

 

LOS CASOS DE DELGADO Y CAMPO

 

Sánchez dice que está dispuesto a abrir ese debate y responde señalando que Carlos Lesmes, que fue presidente del Consejo General del Poder Judicial durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy (PP), ejerció previamente como alto cargo del Ministerio de Justicia en la etapa de otro presidente del PP en La Moncloa, José María Aznar.

 

También se ha defendido señalando que, también durante el mandato de Rajoy, hubo un presidente del Tribunal Constitucional "que había sido militante del PP" en referencia a Francisco Pérez de los Cobos.

 

Por tanto, Sánchez considera que lo que no es "aceptable ni asumible" es que se bloquee la renovación del CGPJ "por parte del jefe de la oposición". Además ha señalado que en los últimos 27 años, en los que el PP ha gobernado 15 de ellos y el PSOE 12, son 22 años "con mayoría conservadora" en el órgano de gobierno de los jueces.