Sostiene que la convivencia democrática no justifica la desigualdad que provocará

La asociación judicial Francisco de Vitoria alerta que la amnistía deroga lo fijado por jueces

La nueva ley trata de manera desigual a las personas que cometieron determinados delitos entre 2012 y 2023 con respecto a aquellas del independentismo catalán: "estas últimas se verán beneficiadas y las primeras no"

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha avisado de que la proposición de ley que presentó el PSOE en el Congreso para amnistiar una década del independentismo catalán vulnera el principio de igualdad y deroga lo fijado por jueces y magistrados. La nueva ley, señala, diferencia a los golpistas catalanes de otras personas que delinquieron entre 2012 y 2023.

 

Así se ha pronunciado el comité nacional de la asociación en un comunicado difundido este martes en el que considera que la amnistía propuesta "trata de manera desigual a aquellas personas que cometieron determinados delitos entre 2012 y 2023 con respecto a aquellas otras que, pese a haber cometido los mismos delitos en el mismo periodo, lo hicieron de manera relacionada con el independentismo catalán; estas últimas se verán beneficiadas y las primeras no".

 

En este sentido, la AJFV sostiene que "para que esta desigualdad sea admisible debe perseguirse con ella un fin constitucionalmente legítimo y debe ser proporcionada", algo que a su juicio no consigue esta proposición de ley.

 

En el marco de su análisis, la asociación también recalca que el hecho de que el "verdadero objeto" de la amnistía sea "derogar los efectos de declaraciones judiciales de existencia de delito afecta al principio de exclusividad de la jurisdicción, que corresponde solamente a jueces y magistrados".

 

"ASEGURAR UN ACUERDO POLÍTICO"

 

Asimismo, la asociación ha asegurado que aunque en la exposición de motivos de la ley de la amnistía se hace un "notable esfuerzo" por identificar el "entronque constitucional" de la norma, "ninguno de los objetivos señalados en el texto --asegurar la convivencia democrática, promover la afección hacia las instituciones estatales, superar la tensión social y política, etc-- es real o, en caso de serlo, tiene entidad suficiente para justificar la desigualdad que provoca la amnistía".

 

Desde la AJFV, además, subrayan que no han encontrado plasmados en el articulado de la ley los principios enunciados en la exposición de motivos. Por el contrario, señalan que "la finalidad real de la amnistía" es, por una parte, liberar de responsabilidad a las personas relacionadas con el movimiento independentista que cometieron delitos; y, por otra, "asegurar un acuerdo político de investidura y/o legislatura". "Estas finalidades no justifican la desigualdad creada con la amnistía", apunta.

 

La asociación avisa de que la "enorme incidencia" que la ley puede llegar a tener sobre los "principios constitucionales de igualdad" y la "independencia judicial" son factores "que, desde el máximo respeto a las atribuciones constitucionales del parlamento, justifican un análisis" por parte de la asociación.

 

Así las cosas, la asociación recalca que la cuestión ampliamente debatida de si la Constitución permite o no aprobar una amnistía "carece de relevancia" porque "lo importante es si esta amnistía en concreto que se propone es conforme con la Constitución española o no".

 

Con todo, desestima "las tradicionales justificaciones de la amnistía de 1977" al considerar que en este caso "no estamos ante un cambio de régimen, ni la amnistía responde a un consenso social amplio, ni la legislación cuyas consecuencias se quieren eludir es ilegítima o esencialmente injusta (puesto que sigue vigente para casi toda la ciudadanía)".

 

PREOCUPADOS POR EL 'LAWFARE'

 

En el marco de su análisis, la AJFV también hace hincapié en que la presentación de esta proposición supone empezar a dar cumplimiento al acuerdo político alcanzado entre PSOE y JUNTS. Y subraya que "en ese acuerdo se incluye la previsión de que la aplicación de la ley de amnistía habrá de tener en cuenta las conclusiones que comisiones parlamentarias puedan alcanzar sobre la existencia del llamado 'lawfare', con una oscura referencia a la exigencia de responsabilidades".

 

En este sentido, recuerda que la "gravedad" de este acuerdo fue puesta de manifiesto por todas las asociaciones judiciales y por comunicados de otros colectivos profesionales relacionados con la Administración de Justicia y advierte de que "en tanto no se produzca una rectificación por escrito el grave riesgo señalado en aquellos comunicados seguirá cerniéndose sobre la sociedad española".