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Jueves, 09 de Noviembre de 2023
El pacto con Junts incluye la amnistía y casos de 'lawfare'
El PSOE cierra el acuerdo para investir a Sánchez a cambio de la impunidad del prófugo Puigdemont
El expresident huido de la Justicia comparecerá en Bruselas
PSOE y Junts han cerrado la madrugada de este jueves un acuerdo para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez a cambio de la impunidad del expresident catalán y prófugo Carles Puigdemont con la concesión de una amnistía de dudoda legalidad.
Según han explicado fuentes de la negociación a Europa Press, el pacto incluye la amnistía y casos de 'lawfare'.
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, prevé comparecer a las 12 horas en Bruselas para explicar los detalles y después firmar el acuerdo.
Miembros del secretariado permanente de Junts están viajando la capital belga.
INTENTARÁ PASAR EL FILTRO DEL CONSTITUCIONAL
El anuncio llega días después de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se han centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance.
El objetivo es asegurar que la ley no tenga fisuras y pueda superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente la someterá el Tribunal Constitucional.
Con el término 'lawfare' o 'guerra judicial' los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos.
NEGOCIACIONES
Aunque las negociaciones con Junts arrancaron hace tiempo, se aceleraron tras el acuerdo anunciado entre los socialistas y ERC la semana pasada, que contemplaba una ley de amnistía, la continuidad de la mesa de negociación, el traspaso integral de Rodalies y una condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que corresponde a 15.000 millones de euros.
El mismo día en que se anunciaba dicho acuerdo, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont convocó a la cúpula de Junts en Bélgica y entonces parecía que el acuerdo de Junts con el PSOE estaba cerca, pero no fue así.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se desplazó hace días hasta Bruselas para intentar cerrar el acuerdo lo antes posible, dado que los socialistas querían celebrar el pleno de investidura a lo largo de la presente semana.
Sin embargo, la negociación y el intercambio de documentos se ha alargado hasta ahora porque Puigdemont no estaba dispuesto a ceder en determinadas cuestiones, entre las cuales está el hecho de que la amnistía incluyera a los afectados por el caso 'Volhov', que investiga el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista.
ALAY, BOYE Y BORRÀS
Uno de los afectados en ese caso es el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont, pero también querían que la amnistía incluyera otros nombres, como el de su abogado, Gonzalo Boye, y el de la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs.
También pedían la figura de un "mediador internacional" e ir más allá así del verificador acordado entre socialistas y republicanos, con presencia en una mesa de partidos y no en la mesa de negociación entre gobiernos.
Ambas partes se han visto abocadas a una negociación antes de que terminara el plazo que conllevaría el escenario de una repetición electoral --27 de noviembre--.
![[Img #150795]](https://madridpress.com/upload/images/11_2023/851_puigdnj8.jpg)
Según han explicado fuentes de la negociación a Europa Press, el pacto incluye la amnistía y casos de 'lawfare'.
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, prevé comparecer a las 12 horas en Bruselas para explicar los detalles y después firmar el acuerdo.
Miembros del secretariado permanente de Junts están viajando la capital belga.
INTENTARÁ PASAR EL FILTRO DEL CONSTITUCIONAL
El anuncio llega días después de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se han centrado en desencallar algunas diferencias en el redactado de la ley de amnistía y en definir su alcance.
El objetivo es asegurar que la ley no tenga fisuras y pueda superar el trámite parlamentario y el examen al que previsiblemente la someterá el Tribunal Constitucional.
Con el término 'lawfare' o 'guerra judicial' los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos.
NEGOCIACIONES
Aunque las negociaciones con Junts arrancaron hace tiempo, se aceleraron tras el acuerdo anunciado entre los socialistas y ERC la semana pasada, que contemplaba una ley de amnistía, la continuidad de la mesa de negociación, el traspaso integral de Rodalies y una condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que corresponde a 15.000 millones de euros.
El mismo día en que se anunciaba dicho acuerdo, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont convocó a la cúpula de Junts en Bélgica y entonces parecía que el acuerdo de Junts con el PSOE estaba cerca, pero no fue así.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se desplazó hace días hasta Bruselas para intentar cerrar el acuerdo lo antes posible, dado que los socialistas querían celebrar el pleno de investidura a lo largo de la presente semana.
Sin embargo, la negociación y el intercambio de documentos se ha alargado hasta ahora porque Puigdemont no estaba dispuesto a ceder en determinadas cuestiones, entre las cuales está el hecho de que la amnistía incluyera a los afectados por el caso 'Volhov', que investiga el presunto desvío de fondos públicos para actividades vinculadas al proceso independentista.
ALAY, BOYE Y BORRÀS
Uno de los afectados en ese caso es el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, mano derecha de Puigdemont, pero también querían que la amnistía incluyera otros nombres, como el de su abogado, Gonzalo Boye, y el de la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs.
También pedían la figura de un "mediador internacional" e ir más allá así del verificador acordado entre socialistas y republicanos, con presencia en una mesa de partidos y no en la mesa de negociación entre gobiernos.
Ambas partes se han visto abocadas a una negociación antes de que terminara el plazo que conllevaría el escenario de una repetición electoral --27 de noviembre--.
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