Repsol amenaza con desinvertir en España si el Gobierno no garantiza la estabilidad

 

En un conferencia con analistas para presentar los resultados correspondientes al tercer trimestre del año, Imaz se refirió así al acuerdo alcanzado por PSOE y Sumar para un posible Gobierno de coalición por el que se prevé mantener un impuesto especial para las energéticas y la banca -vigente actualmente para este año y 2024-, que subrayó que se basa en esa negociación entre dos partidos políticos y no representa, a día de hoy, "ningún tipo de ley o proyecto a seguir".

 

No obstante, insistió en que el actual impuesto extraordinario que existe -que grava el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares-, y que hace que Repsol sea la compañía del sector más impactada con unos 450 millones de euros este año, "es ilegal, es inconstitucional, y es discriminatorio".

 

"Está impactando y castigando en términos negativos a las empresas energéticas que invierten en activos industriales y que crean empleos industriales en el país", afirmó, subrayando que una prórroga de este gravamen "penalizará aún más a esta empresa, con una clara repercusión en sus inversores y en su capacidad de invertir en la transición energética".

 

A NIVEL NETO INCURRE EN PÉRDIDAS

 

A este respecto, puso como ejemplo que la unidad de Química en España del grupo está pagando este impuesto sobre las ganancias extraordinarias en función de la cifra de facturación, "cuando a nivel neto está incurriendo en pérdidas y tiene dificultades para competir en el mercado internacional".

 

Por ello, indicó que Repsol prevé "grandes inversiones" en la transformación de sus complejos industriales en España, aunque consideró que "la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal podría condicionar las futuras inversiones en los proyectos industriales en el país".

 

Imaz señaló que España es "la principal geografía" donde está invirtiendo el grupo y donde prevé seguir desarrollando "esta gran inversión" en sus activos industriales, aunque añadió que para que esto siga siendo así es necesario "tener un marco regulatorio y fiscal claro, predecible y estable".

 

PORTUGAL

 

De lo contrario, comentó que la compañía tiene "otras alternativas", como Portugal, donde podría tener actividad internacional en su negocio industrial.

 

"Pero de nuevo vamos a analizar detenidamente cuál es el marco regulatorio y fiscal antes de tomar nuevas decisiones de inversión en la geografía española. Porque tenemos que proteger, ante todo, a nuestros accionistas, a nuestros empleados", destacó.

 

Para el ejecutivo de la petrolera, este impuesto especial "está favoreciendo a la gente que viene al mercado español, no creando ni un solo empleo industrial en España. Y está castigando a las empresas que estamos invirtiendo en España. Estamos creando industria en España", dijo.

 

BATALLA EN LOS TRIBUNALES

 

Además, manifestó que Repsol dará 'batalla' a este gravamen tanto en la Justicia española como europea, ya que existe una "diferencia bastante importante" entre lo que definió el Consejo Europeo como impuesto, siendo temporal para responder a las condiciones especiales del mercado y basada en los beneficios, y no en la facturación como en España.

 

Así, la compañía ya presentó un recurso contencioso-administrativo contra el impuesto especial en la Audiencia Nacional y acudió a los tribunales europeos, porque considera "que es injusto también a nivel europeo", añadió.

 

Además, advirtió de que en el caso de que en la Audiencia Nacional se tumbe el recurso de la empresa, Repsol irá al Tribunal Constitucional, ya que cree que el gravamen "es inconstitucional y además está rompiendo la competencia europea".

 

"Estoy convencido que vamos a ganar al final del camino porque algo que es injusto, ilegal, discriminatorio y está impactando en términos negativos no puede ser en cualquier caso que se apruebe, y tenemos que intentar resolver el problema. Por supuesto en términos legales, y confiamos en nuestro sistema judicial y también en el marco constitucional", aseveró.

 

CALVIÑO RESPONDE

 

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha replicado que "a los empresarios nunca les ha ido tan bien como con este Gobierno".

 

Así respondía Calviño, en declaraciones a La Sexta, a la amenaza de Repsol de desinvertir en España si se mantiene el impuesto a las empresas energéticas, tal y como recoge el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar.

 

"Estamos viendo que las empresas publican y anuncian en estos días beneficios récord. A los empresarios nunca les ha ido tan bien como con nuestro Gobierno y el programa para la próxima legislatura sigue una línea de responsabilidad para culminar todo este proceso de modernización de nuestra economía. Ése es el mensaje que yo creo que estamos dando en estos días y tendría que llevar a un mensaje positivo también del mundo empresarial, porque les ha ido muy bien en estos años, incluso en una coyuntura tan difícil", ha remarcado la vicepresidenta.

 

Calviño ha recordado que existe una "muy fuerte confianza" de los inversores internacionales y los mercados financieros hacia España, donde el precio de la electricidad "está más bajo" que en otros países de su entorno, lo que está permitiendo atraer también "grandes proyectos de inversión".

 

"La economía española sigue yendo con fuerza en el contexto internacional tan complejo y las perspectivas son positivas para los próximos años", ha añadido.

 

IMPUESTO MÍNIMO DEL 15% A LAS SOCIEDADES

 

Sobre el compromiso suscrito en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar para que las empresas tributen en el Impuesto de Sociedades un mínimo del 15% sobre "los beneficios reales", Calviño ha recordado que no es un debate español, sino europeo e internacional, donde se llegó al acuerdo de que en esta figura fiscal se tributara un mínimo del 15% "para evitar que haya paraísos fiscales, que se muevan las inversiones entre las distintas jurisdicciones y que haya una competencia a la baja" en este tributo.

 

"Se trata, por tanto, de una tendencia general a nivel europeo y a nivel mundial y lo importante es que siga habiendo crecimiento, que las empresas tengan beneficios y que una parte de esos beneficios revierta al funcionamiento de nuestro sector público y todo lo que es nuestra sociedad, porque eso además es lo que nos da seguridad y nos permite seguir atrayendo talento e inversiones", ha enfatizado.