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Viernes, 06 de Octubre de 2023
Díaz evita confirmar si su propuesta contempla la exoneración de todos los actos desde 2013
Sumar plantearía amnistiar a independentistas y extenderla a policías del 1-O
Sumar aboga por fijar el ámbito para una posible amnistía la exoneración de todas las personas vinculadas con infracciones penales o administrativas relacionadas con el proceso independentista en Cataluña a partir de enero de 2013 y hasta la actualidad. Y que se extienda también a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con causas abiertas por cargas policiales durante el 'procés' del 1 de octubre de 2017, según ha informado 'El Periódico de Cataluña'.
Dicho medio alude a que el documento de dictamen sobre la amnistía, que Sumar presentará el próximo martes en Cataluña, fija que se aplique a "todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta ley".
A su vez, se postula que el rango de una posible ley orgánica tendría en consideración todo acto relacionado con "la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo relativo a la consulta sobre el futuro político de Cataluña de 9 de noviembre de 2014, como del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017".
Por otro lado, establece que la medida de gracia se dirigiría a actuaciones en la "vía pública o por cualquier otro medio en defensa de dicho referéndum o realizado como protesta contra las decisiones gubernamentales o judiciales encaminadas a impedir su celebración o a perseguir penal o administrativamente a sus responsables".
De esta forma, el ámbito temporal de la propuesta sería análogo a la ley de amnistía que en 2021 intentaron impulsar ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT en el Congreso, que fue rechazada entonces por la Mesa de la cámara con los votos de PSOE, PP y Vox tras un informe de los letrados que venía inconstitucional esa iniciativa.
Asimismo, la medida de gracia abarcaría a agentes policiales que estuvieran procesados por actuaciones dirigidas a impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O o sobre las protestas contra las decisiones, gubernamentales o judiciales, orientadas a perseguir penal o administrativamente a los responsables del proceso independentista y que fueran susceptibles de ser calificadas como delito de lesiones o contra las garantías constitucionales por parte de funcionarios públicos.
Así, quedaría apartada del ámbito de la amnistía cualquier causa que tuviera que ver con acusación o procedimiento contra agentes que se calificara de tortura.
DÍAZ EVITA CONFIRMAR LA PROPUESTA
La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha evitado confirmar si la propuesta de amnistía contempla la exoneración de todos los actos relacionados con la independencia desde enero de 2013. A su vez, fuentes internas dentro de la confluencia apuntan a que el texto se sigue elaborando.
A su vez, ha explicado que no se deben esperar "grandes cosas" del dictamen, ya que, textualmente, la doctrina internacional y jurídica de España es clara sobre esta materia.
"Sabemos que tiene que ser una ley de carácter orgánico. Sabemos también que tiene que ser una ley general. Sabemos que tiene que respetar los derechos fundamentales y que no caben amnistías que vulneren derechos fundamentales ni crímenes de lesa humanidad", ha añadido.
Dicho medio alude a que el documento de dictamen sobre la amnistía, que Sumar presentará el próximo martes en Cataluña, fija que se aplique a "todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Cataluña tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta ley".
A su vez, se postula que el rango de una posible ley orgánica tendría en consideración todo acto relacionado con "la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo relativo a la consulta sobre el futuro político de Cataluña de 9 de noviembre de 2014, como del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017".
Por otro lado, establece que la medida de gracia se dirigiría a actuaciones en la "vía pública o por cualquier otro medio en defensa de dicho referéndum o realizado como protesta contra las decisiones gubernamentales o judiciales encaminadas a impedir su celebración o a perseguir penal o administrativamente a sus responsables".
De esta forma, el ámbito temporal de la propuesta sería análogo a la ley de amnistía que en 2021 intentaron impulsar ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT en el Congreso, que fue rechazada entonces por la Mesa de la cámara con los votos de PSOE, PP y Vox tras un informe de los letrados que venía inconstitucional esa iniciativa.
Asimismo, la medida de gracia abarcaría a agentes policiales que estuvieran procesados por actuaciones dirigidas a impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O o sobre las protestas contra las decisiones, gubernamentales o judiciales, orientadas a perseguir penal o administrativamente a los responsables del proceso independentista y que fueran susceptibles de ser calificadas como delito de lesiones o contra las garantías constitucionales por parte de funcionarios públicos.
Así, quedaría apartada del ámbito de la amnistía cualquier causa que tuviera que ver con acusación o procedimiento contra agentes que se calificara de tortura.
DÍAZ EVITA CONFIRMAR LA PROPUESTA
La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha evitado confirmar si la propuesta de amnistía contempla la exoneración de todos los actos relacionados con la independencia desde enero de 2013. A su vez, fuentes internas dentro de la confluencia apuntan a que el texto se sigue elaborando.
A su vez, ha explicado que no se deben esperar "grandes cosas" del dictamen, ya que, textualmente, la doctrina internacional y jurídica de España es clara sobre esta materia.
"Sabemos que tiene que ser una ley de carácter orgánico. Sabemos también que tiene que ser una ley general. Sabemos que tiene que respetar los derechos fundamentales y que no caben amnistías que vulneren derechos fundamentales ni crímenes de lesa humanidad", ha añadido.
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