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CARMEN TOMÁS
Miércoles, 27 de Septiembre de 2023

Un plan económico para levantar España

El candidato a la presidencia, Núñez Feijóo, presentó en el Congreso su programa de gobierno. Muy probablemente no lo podrá llevar a cabo por falta de apoyos, aunque podría lograrlo, si hubiera decidido renunciar a ambiciones personales y renegar de los principios constitucionales, un precio que, como dijo Feijóo, no está dispuesto a pagar. 

 
Lo que en materia económica sí desearía el candidato, según explicó, es una España de ciudadanos iguales que garantice la estabilidad para lograr un crecimiento económico basado en acuerdos de estado que beneficien a todos y que fortalezca el estado del bienestar del que venimos disfrutando, a pesar de los problemas que hoy lo atenazan y que no vienen derivados únicamente del contexto internacional.
 
Para lograrlo, el candidato propone recuperar PIB, la capacidad de compra, empleo y de calidad, aumentar la productividad y reducir la desorbitada deuda pública que ha crecido más del doble de la media europea en estos últimos años. En definitiva, un pacto por el saneamiento de la economía para un crecimiento más sano y sostenible con el apoyo de los agentes sociales. Más concretamente, rebajar el IRPF para rentas menores de 40.000 euros, extender la rebaja del IVA a carne y pescado y mantener las reducciones aún en vigor para luz y gas, el cheque de 200 euros para alimentos y el abono transporte, pero atendiendo a la renta.
 
Además, propone que lo recaudado por el Impuesto a la banca vaya directamente a ayudar a los que no pueden pagar la hipoteca. Y algo muy importante y que ya están abordando países como Alemania: conseguir una Administración que funcione mejor y de forma más económica. Reducir la burocracia y la legislación preocupa y mucho a empresas y ciudadanos y se come horas de productividad.
 
En definitiva, Feijóo propone cambios fundamentales que faciliten la vida de las familias y empresas, que proteja a los propietarios de vivienda, no ahuyente las inversiones, que deje de maquillar las estadísticas, que abogue por la seguridad jurídica recuperando el prestigio internacional perdido y explicar dónde está el dinero de los fondos europeos, que de ninguna manera está llegando a la economía real y que desde Bruselas se nos conmina un día sí y otro también transparencia sobre cuánto se ha ejecutado de los 37.000 millones recibidos y quién ha sido beneficiado.
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