El 77% de los españoles considera la 'okupación' un problema social

 

Estas son algunas de las conclusiones del estudio 'Los españoles ante la 'okupación' de la vivienda en España. Opinión, preocupaciones y propuestas', elaborado por Línea Directa Aseguradora a partir de los resultados de 1.700 encuestas realizadas en toda España del 14 al 19 de junio de 2023 y presentado este martes.

 

En este sentido, el estudio precisa que uno de cada cuatro españoles (24%) cree que hay posibilidades "medias o altas" de que le "okupen" su vivienda. 

 

Según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial, los casos se han incrementado un 37% entre 2018 y 2022, superando las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles en ese periodo.

 

Además, un 31% de los encuestados conocen directa o indirectamente algún caso, un porcentaje que destaca en las Islas Baleares, con un 39%. Precisamente, por CC.AA, Cataluña (con 650 casos denunciados en 2022), Andalucía (535) y Comunidad Valenciana (390) son las comunidades con mayor incidencia.

 

El estudio precisa que donde se constata mayor preocupación por este fenómeno es en Cataluña (83%), Andalucía (81%) y Cantabria (81%) mientras que Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana es menor.

 

Según los encuestados, las causas de la 'okupación' son la lentitud de la justicia (28%), la permisividad social (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido a los altos precios (23%). Además, casi tres de cada cuatro ciudadanos piensan que las penas para este tipo de prácticas "son muy laxas" y que "no existe seguridad jurídica".

 

ENDURECER PENAS O AGILIZAR DESALOJOS, ENTRE LAS SOLUCIONES

 

El informe añade que un 22% de los españoles afirma conocer bien la regulación actual al respecto, mientras que la mitad dice tener nociones generales y un 28% admite no conocerla en absoluto. En este sentido, el endurecimiento de las penas y agilizar los desalojos son las soluciones preferidas para mitigar las 'okupaciones' según el 60% de los españoles, por delante de otras medidas como facilitar el acceso a la vivienda (45%) o centrar la acción policial sobre las mafias organizadas (31%).

 

El proceso de desalojo que, según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial puede tener una duración superior a los 20 meses, es otro tema a tratar por el estudio. Así, el 53% de los encuestados es partidario de un desalojo de la policía sin intervención del juez en caso de que no se demuestre 'in situ' la propiedad o la existencia de un contrato vinculante. Mientras, el 35% está a favor de que un juez intervenga siempre en el procedimiento, pero con plazos mucho más reducidos.

 

Por último, el 76% de los encuestados estaría dispuesto a contratar un seguro 'antiokupación', siendo el pago de la hipoteca (35%) y de los gastos de proceso (30%) las coberturas más valoradas.