Ya no se callan
Abrió la veda Felipe González. Pese a que le habían instado, desde Ferraz, a que se guardara las críticas para las cenas familiares, salió en una emisora de radio y contó, sin pelos en la lengua, que la Constitución no es un chicle y que en su texto no figura la amnistía.
En la dirección socialista, donde rige la mano de hierro de Pedro Sánchez, menospreciaron sus palabras, alegando que ya no tiene cargo alguno.
Pero le siguió Alfonso Guerra, quien acusó a Sánchez de hacer cosas que no encajan con la socialdemocracia; añadiendo que una amnistía sería la "condena de la Transición". Seguro que Guerra no ignora que la llamada "Transición" es uno de los tótems que la nueva izquierda quiere borrar de la memoria histórica.
La imprescindible coalición con el Podemos de Pablo Iglesias ya marcó el primer punto de ruptura entre el PSOE de González y el de Sánchez. Pero la pretensión de Junts de que se elabore, antes de la investidura, una ley de Amnistía que haga desaparecer los delitos de todos y cada uno de los implicados en el "procés", ha puesto coto al silencio de la vieja guardia.
Desde Ramon Jáuregui, ex ministro y ex vicepresidente del Gobierno vasco, que ha declarado no constitucional la amnistía porque implicaría la "legalización de la unilateralidad", a Jordi Sevilla, también ex ministro de Zapatero, quien, parco y contundente, ha dicho: "Oído Puigdemont, pido elecciones". El silencio ya no es la norma.
También dirigentes con cargo en plaza, como Lambán o García Page, muestran públicamente su disconformidad. En concreto, el presidente de Castilla-La Mancha, convertido en el "pepito grillo" de la Moncloa, alega que la exigida amnistía "vulnera el principio de igualdad ante la ley". "Es una auto amnistía" --afirma-- "en la que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Son juez y parte".
Los barones afines a Sánchez, e incluso el propio Zapatero, guardan silencio siguiendo la consigna de Ferraz de que no hay que hacer el juego al PP. Pero también porque la desobediencia se paga más cara ahora que en los tiempos de "el que se mueve no sale en la foto".
Para acallar, diluir y borrar tantas críticas, Sánchez y su ejecutiva arengan a la militancia, apelan a su legitimidad para seguir gobernando aunque para ello sea preciso "pasar página" y defender la "diversidad territorial".
Lo que posiblemente ignoran Sánchez y su equipo es que el resto de la ciudadanía, la no militante, reconoce su legitimidad para seguir en Moncloa, pero no a cualquier precio. Deberían plantearse si una negativa a las exigencias anticonstitucionales y una nueva convocatoria electoral no sería la llave para seguir en el poder con un mayor respaldo, sin tener que ceder a chantajes y, sobre todo, con dignidad.
En la dirección socialista, donde rige la mano de hierro de Pedro Sánchez, menospreciaron sus palabras, alegando que ya no tiene cargo alguno.
Pero le siguió Alfonso Guerra, quien acusó a Sánchez de hacer cosas que no encajan con la socialdemocracia; añadiendo que una amnistía sería la "condena de la Transición". Seguro que Guerra no ignora que la llamada "Transición" es uno de los tótems que la nueva izquierda quiere borrar de la memoria histórica.
La imprescindible coalición con el Podemos de Pablo Iglesias ya marcó el primer punto de ruptura entre el PSOE de González y el de Sánchez. Pero la pretensión de Junts de que se elabore, antes de la investidura, una ley de Amnistía que haga desaparecer los delitos de todos y cada uno de los implicados en el "procés", ha puesto coto al silencio de la vieja guardia.
Desde Ramon Jáuregui, ex ministro y ex vicepresidente del Gobierno vasco, que ha declarado no constitucional la amnistía porque implicaría la "legalización de la unilateralidad", a Jordi Sevilla, también ex ministro de Zapatero, quien, parco y contundente, ha dicho: "Oído Puigdemont, pido elecciones". El silencio ya no es la norma.
También dirigentes con cargo en plaza, como Lambán o García Page, muestran públicamente su disconformidad. En concreto, el presidente de Castilla-La Mancha, convertido en el "pepito grillo" de la Moncloa, alega que la exigida amnistía "vulnera el principio de igualdad ante la ley". "Es una auto amnistía" --afirma-- "en la que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Son juez y parte".
Los barones afines a Sánchez, e incluso el propio Zapatero, guardan silencio siguiendo la consigna de Ferraz de que no hay que hacer el juego al PP. Pero también porque la desobediencia se paga más cara ahora que en los tiempos de "el que se mueve no sale en la foto".
Para acallar, diluir y borrar tantas críticas, Sánchez y su ejecutiva arengan a la militancia, apelan a su legitimidad para seguir gobernando aunque para ello sea preciso "pasar página" y defender la "diversidad territorial".
Lo que posiblemente ignoran Sánchez y su equipo es que el resto de la ciudadanía, la no militante, reconoce su legitimidad para seguir en Moncloa, pero no a cualquier precio. Deberían plantearse si una negativa a las exigencias anticonstitucionales y una nueva convocatoria electoral no sería la llave para seguir en el poder con un mayor respaldo, sin tener que ceder a chantajes y, sobre todo, con dignidad.
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