Sánchez y la amnistía
Se lee en el Lazarillo que no muda el hombre de condición por cambiar de lugar. Para el caso, por cambiar de legislatura. El mismo Pedro Sánchez que durante la campaña electoral aseguraba que la amnistía no tenía cabida en la Constitución dice ahora que no le corresponde a él sino al Tribunal Constitucional decir lo que tiene o no tiene cabida en la Carta Magna. Sánchez en estado puro: lo uno y su contrario en función del momento y la conveniencia política.
Y la conveniencia del momento es ver cómo se podría retorcer la ley para contar con el "alivio judicial" que le exige el prófugo Carles Puigdemont para que los siete diputados de Junts voten a favor de Pedro Sánchez en la sesión de investidura.
"Alivio" que, como se sabe, se sustanciaría amnistiando a las docenas de dirigentes independentistas catalanes que participaron en el intento de golpe de 2017 que culminó el llamado "procés" separatista. Con el expediente del propio Puigdemont a la cabeza. Que ahora, tanto Pedro Sánchez como alguna de las ministras en funciones -caso de la de Educación, Pilar Alegría- hayan aludido al Tribunal Constitucional no es casualidad. Ni fruto de la férrea convicción de que en nuestro Estado de Derecho nada puede sustanciarse fuera del marco que establecen las leyes.
Sería ingenuo, incluso cándido, pensar que quienes en su día impulsaron la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar la pena por malversación -exigencias de los dirigentes de ERC para apoyar a Sánchez- iban ahora a ser frenados por el "pequeño detalle" de que según el Artículo 62 de la Constitución no se pueden autorizar los indultos generales, sería, ya digo, una ingenuidad. Llegado el caso el Código Penal podría volver a ser modificado para hacer desaparecer o limar las consecuencias penales que aparejan determinados delitos. Caso de aquellos por los que están encausados quienes participaron en el "procés". Y, además, con Cándido Conde Pumpido en la presidencia, siempre estará al rescate el actual TC.
Pedro Sánchez, que tanto empeño y energías desplegó en su día para lograr una renovación de los miembros del Tribunal Constitucional con el propósito de conseguir que fuera mayor el número de miembros progresistas que conservadores, está tranquilo. Tranquilo en relación con lo que podría sentenciar el Alto Tribunal sí tuviera que pronunciarse al respecto de si la amnistía que reclaman los separatistas catalanes, en puertas de juicio, tendría o no cabida en nuestra Constitución. Sería cándido pensar otra cosa.
Y la conveniencia del momento es ver cómo se podría retorcer la ley para contar con el "alivio judicial" que le exige el prófugo Carles Puigdemont para que los siete diputados de Junts voten a favor de Pedro Sánchez en la sesión de investidura.
"Alivio" que, como se sabe, se sustanciaría amnistiando a las docenas de dirigentes independentistas catalanes que participaron en el intento de golpe de 2017 que culminó el llamado "procés" separatista. Con el expediente del propio Puigdemont a la cabeza. Que ahora, tanto Pedro Sánchez como alguna de las ministras en funciones -caso de la de Educación, Pilar Alegría- hayan aludido al Tribunal Constitucional no es casualidad. Ni fruto de la férrea convicción de que en nuestro Estado de Derecho nada puede sustanciarse fuera del marco que establecen las leyes.
Sería ingenuo, incluso cándido, pensar que quienes en su día impulsaron la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar la pena por malversación -exigencias de los dirigentes de ERC para apoyar a Sánchez- iban ahora a ser frenados por el "pequeño detalle" de que según el Artículo 62 de la Constitución no se pueden autorizar los indultos generales, sería, ya digo, una ingenuidad. Llegado el caso el Código Penal podría volver a ser modificado para hacer desaparecer o limar las consecuencias penales que aparejan determinados delitos. Caso de aquellos por los que están encausados quienes participaron en el "procés". Y, además, con Cándido Conde Pumpido en la presidencia, siempre estará al rescate el actual TC.
Pedro Sánchez, que tanto empeño y energías desplegó en su día para lograr una renovación de los miembros del Tribunal Constitucional con el propósito de conseguir que fuera mayor el número de miembros progresistas que conservadores, está tranquilo. Tranquilo en relación con lo que podría sentenciar el Alto Tribunal sí tuviera que pronunciarse al respecto de si la amnistía que reclaman los separatistas catalanes, en puertas de juicio, tendría o no cabida en nuestra Constitución. Sería cándido pensar otra cosa.
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