ERC condiciona la investidura de Sánchez a la concesión de la amnistía a los separatistas

 

En una entrevista en RAC 1, Jordá ha reiterado que, para su partido, desjudicializar uno de los contenidos del acuerdo llegado con los socialistas para la Mesa del Congreso conlleva una Ley de Amnistía: "No solo que (el PSOE) la deje tramitar, que eso es vital, que hasta ahora no ha pasado, sino que además la tire adelante".

 

Ha señalado que, para que se pueda tramitar esta ley, era "extremadamente necesario" que hubiese una Mesa, sin la que es --textualmente-- imposible hacer política, aunque sea con el Estado.

 

Respecto a la negociación para que la diputada del PSOE Francina Armengol presidiese la Cámara Baja, Jordá ha atribuido a los "matices en las condiciones" el anuncio del acuerdo la mañana del jueves.

 

"A las 12 de la madrugada enviaron un documento que ya empezaba a garantizar los acuerdos", ha relatado sobre la negociación con el PSOE, y ha añadido que acabaron de matizarlos a primera hora del jueves antes de la constitución de las Cortes Generales.

 

FRENTE COMÚN CON JUNTS

 

Jordá ha dicho que le consta que "siempre ha habido contactos con los compañeros de Junts" desde las elecciones municipales del 28M, tanto desde el Parlamento de Cataluña como desde Madrid, los cuales continúan de cara a la investidura.

 

Ha asegurado que la "prioridad" para su partido a partir de ahora es negociar desde un frente común con Junts: "Ahora tenemos compañeros independentistas en el Congreso con ganas, a priori, de negociar y de avanzar, en el país y sobretodo en nuestra causa".

 

EL CATALÁN EN LA UE

 

También ha sostenido que "bajarán al barro" para conseguir los apoyos suficientes en el Consejo de la UE para materializar la medida para que se pueda hablar en catalán en las cámaras europeas, proceso iniciado con la carta del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, José Manuel Albares, a la secretaria general del Consejo tras anunciar ERC el apoyo al PSOE.

 

La republicana ha recordado que la medida fue aprobada en la Mesa de Diálogo con el Gobierno el octubre del año pasado, y ha achacado al caso de corrupción de la eurodiputada Eva Keili y a las elecciones generales del 23 de julio que finalmente no se llevase a cabo.