Incapacidad total y la absoluta: ¿cuáles son sus diferencias?

 

La incapacidad total es aquella que imposibilita a una persona para llevar a cabo todas las tareas de su profesión habitual, pero no necesariamente impide el desempeño de otras actividades laborales. La incapacidad permanente absoluta, por su parte, es la que inhabilita completamente a una persona para cualquier tipo de trabajo, incluyendo aquellos que no requieran esfuerzo físico.

 

El conocimiento y la comprensión de estos conceptos es crucial, ya que tiene un impacto significativo en las prestaciones que una persona puede recibir y en su futuro laboral y económico.

 

 

La incapacidad total se refiere a la situación en la que, a causa de enfermedades o accidentes, una persona se encuentra imposibilitada para realizar todas las tareas de su profesión habitual, pero puede llevar a cabo otras actividades laborales. En este caso, la persona puede ser reubicada en un puesto de trabajo más adecuado a su estado de salud.

 

Este tipo de incapacidad suele implicar una limitación significativa en la vida laboral del individuo, pero no excluye la posibilidad de acceder a un nuevo empleo o la reorientación profesional. Es crucial entender que la calificación de incapacidad total no es permanente y se revisa regularmente para evaluar si la condición del individuo ha mejorado, empeorado, o ha permanecido constante.

 

El grado de incapacidad total puede resultar en una reducción de los ingresos, ya que la persona puede ser incapaz de continuar en su puesto de trabajo previo. Por eso es vital buscar asesoramiento sobre las posibles vías de compensación y apoyo.

 

 

La incapacidad absoluta es el nivel más severo de incapacidad. Esta se presenta cuando la persona se encuentra incapacitada para realizar cualquier tipo de trabajo, independientemente de su formación o la naturaleza del trabajo. En esta situación, se considera que la persona está totalmente inhabilitada para ganarse la vida a través de un empleo.

 

Este grado de incapacidad es de carácter permanente y solo se concede cuando se ha determinado que la persona es incapaz de realizar cualquier trabajo, incluso aquellos que no requieren esfuerzo físico, como los trabajos de oficina.

 

Las personas con incapacidad absoluta tienen derecho a una pensión de incapacidad que se calcula sobre la base de sus contribuciones a la seguridad social. Además, pueden recibir apoyo complementario, como la ayuda para la vivienda, asistencia para la movilidad y otros beneficios.

 

 

El proceso de evaluación de la incapacidad es complejo y multifacético, siendo muchos los aspectos a considerar. Las evaluaciones médicas son una parte fundamental de este proceso, pero también se tienen en cuenta factores como la edad, las habilidades, la formación, la experiencia laboral y las oportunidades de empleo.

 

El resultado de este proceso determinará si una persona está considerada incapaz de trabajar, y en qué grado. Cabe destacar que la valoración de incapacidad es un proceso continuo y no estático. Una persona con incapacidad total podría ver su condición mejorar y volver a su empleo anterior, o empeorar y pasar a una situación de incapacidad absoluta.

 

Los profesionales de la medicina, los trabajadores sociales y los expertos en derecho laboral pueden jugar un papel fundamental en este proceso, proporcionando evaluaciones expertas y orientación.

 

 

Las implicaciones legales y económicas de la incapacidad total y la incapacidad absoluta son significativas. Ambos grados pueden dar derecho a una serie de beneficios, incluyendo el acceso a la pensión de incapacidad y a la asistencia para el cuidado personal y la vivienda.

 

En el caso de la incapacidad permanente, existen diferencias clave en cuanto al porcentaje que se recibe sobre la base reguladora:

 

 

Adicionalmente, si la persona es mayor de 55 años y no está trabajando, puede llegar a obtener el 75% de su base reguladora.

 

Desde el año 2016, también se ha establecido un complemento de maternidad para las mujeres: un 5% adicional a partir del segundo hijo, un 10% con el tercer hijo, y un incremento del 15% desde el cuarto hijo en adelante.

 

Además de estos beneficios, las personas con discapacidad pueden optar por otros tipos de asistencia, como el acceso a programas de rehabilitación, asistencia para la movilidad y servicios de apoyo para el ámbito laboral.

 

En conclusión, tanto la incapacidad total como la absoluta representan retos significativos. Sin embargo, con el apoyo y la asesoría adecuada, las personas que enfrentan estas situaciones pueden encontrar soluciones y seguir adelante con sus vidas.