Un preso de ETA sale de la cárcel para ir al dentista sin custodia policial

Así, el asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, ha defendido la legalidad de esta manera de salir de un preso, condenado por dos asesinatos, y ha afirmado que es habitual en casos en los que no hay riesgo de reincidencia o de fuga, ni peligro para la sociedad ni las víctimas.

 

En declaraciones a Radio Euskadi y Euskadi Irratia, Tapia se ha referido a la información periodística que afirma que el Ejecutivo vasco concedió ayer un permiso para ir solo al dentista a Otegi, que cumple pena de 24 años de cárcel por matar en 1995 en Itsasondo (Guipúzcoa) a dos ertzainas. En la actualidad se encuentra en la prisión de Zaballa.

 

El asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria ha señalado que "estos permisos se dan cuando corresponden". "Está claro que está previsto en la Ley y no es una cosa que el Gobierno Vasco se haya inventado ni sea una arbitrariedad", ha aseverado.

 

Jaime Tapia ha dicho que es una posibilidad "contemplada para aquellas personas que tienen una necesidad de acudir a una consulta médica, previo informe médico, si se determina que esa persona necesita un tratamiento que no puede ser dado por los servicios médicos del centro penitenciario".

 

SE VALORA

 

"Se valora la situación penal y penitenciaria, la posibilidad de que tenga un riesgo de reincidencia o quebrantamiento de la pena y, si concurren los requisitos, se le concede un permiso para acudir a la consulta médica. Es una práctica habitual", ha añadido.

 

ECONOMÍA DE GASTO POLICIAL

 

También ha admitido que, por otra parte, se hace "con una idea de economía de gasto". "Una patrulla policial tiene determinados gastos y, si esa persona puede acudir sin necesidad de la patrulla y sin medidas de seguridad, pues se adopta. Es lo que se llama autogobierno. Esa persona vuelve cuando ha terminado la consulta", ha insistido.

 

ES ALGO HABITUAL

 

Según ha precisado, este caso no es "algo excepcional", sino que "es más o menos habitual y forma parte del día a día". "En un Estado de Derecho y un sistema penitenciario que pretende salvaguardar la salud y tiene como finalidad la dignidad y respeto a los derechos humanos, que los privados de libertad puedan acudir a servicios comunitarios y ser atendidos, no debería causar escándalo, sino más bien debería provocar satisfacción que el sistema penitenciario sea humano y protector de la dignidad de las personas", ha remarcado.