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Miércoles, 07 de Junio de 2023
Durante el primer trimestre

Los lanzamientos disminuyen en un 34% en Madrid

El número de lanzamientos practicados en la región madrileña durante el primer trimestre de 2023, 661 en total, experimentó una reducción del 34,2% respecto al mismo trimestre de 2022.

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Dos de cada tres lanzamientos (573, lo que equivale al 86,68% del total) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 72 (10,89%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 16 restantes obedecieron a otras causas.
 
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron respecto al primer trimestre de 2022 en un 32,7 por ciento; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos bajaron un 34,1% y los derivados de otras causas lo hicieron en un 44,8 por ciento.
 
Estos y otros datos están contenidos en el informe sobre los "Efectos de la crisis en los órganos judiciales" del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que advierte de que el primer trimestre del año se ha visto afectado por la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó desde el 23 de enero hasta el 28 de marzo.
 
Cataluña --con 1.715, el 26,1% del total nacional-- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el primer trimestre de 2023, seguida por Andalucía, con 1.279; la Comunidad Valenciana, con 1.010 y Madrid, con los ya citados 661.
 
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.240 (el 25,5% del total).
 
Le siguen Andalucía, con 853; la Comunidad Valenciana, con 675, y Madrid, con 573. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, encabeza la lista Andalucía, con 323, seguida por la Comunidad Valenciana, con 304; Cataluña, con 299, y Madrid, con 72.
 
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
 
Con estas premisas, los datos reflejan que los lanzamientos solicitados a los servicios comunes de la Comunidad de Madrid en el primer trimestre de 2023 fueron 2.050, un 4,6% menos que el mismo trimestre de 2022. De ellos, 1.086 (un 17% menos) terminaron con cumplimiento positivo.
 
REDUCCIÓN DE LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS
 
Durante el primer trimestre del año, se presentaron 521 ejecuciones hipotecarias, cifra que representa una disminución del 29,7% respecto al primer trimestre de 2022.
 
El mayor número de ejecuciones hipotecarias se dio en Andalucía, con 1.446, lo que representa el 25,1% del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 1.042; Cataluña, con 865; y Madrid.
 
Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan la Comunidad Valenciana, con 20 por cada 100.000 habitantes y Murcia, con 19,1.
 
El número total de concursos presentados en el primer trimestre de 2023 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 806, cifra que supuso un incremento del 24,5% respecto al mismo trimestre de 2022.
 
Los concursos de personas naturales no empresarios, que sumaron 887, experimentaron un importante incremento interanual, que se situó en un 73,6 por ciento; los de personas naturales empresarios, en total 60, disminuyeron un 42,3% y los de personas jurídicas, 244, se redujeron en un 28,7 por ciento respecto al primer trimestre de 2022.
 
El 17 de agosto entró en vigor la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.
 
Los concursos de personas naturales no empresarios, que se venían conociendo por los juzgados de primera instancia y primera instancia e instrucción han pasado a ser competencia de los juzgados de lo mercantil. Por ello tiene más sentidos realizar un análisis de los concursos, no por el tipo de juzgado que los conoce sino por el tipo de persona, física, o jurídica, a la que afectan.
 
El número de concursos declarados en el primer trimestre de 2023 en los Juzgados de lo Mercantil madrileños fue de 699, con un incremento del 256,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
 
En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de seis concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 66, un 56,3 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2022.
 
Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron en el trimestre analizado nueve expedientes, un 30,8% menos que un año antes.
 
LAS DEMANDAS DE DESPIDO AUMENTARON UN 0,4 POR CIENTO
 
Las demandas de despido presentadas en el primer trimestre de 2023 mostraron un incremento interanual en Madrid del 0,4% al sumar un total de 5.379. Por territorios, Cataluña, con 6.413 (el 19,4% del total nacional) fue la Comunidad Autónoma con un mayor número de demandas de este tipo. Le siguieron Madrid; Andalucía, con 5.355, y la Comunidad Valenciana, con 4.347.
 
El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 3.798 en total, fue un 36,2 % inferior a las presentadas en el primer trimestre de 2022. De ellas, 6.038 se presentaron en Andalucía, lo que representa el 19,3 % del total, y 3.749 en Cataluña.
 
Por otro lado, los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2023 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 33.778, lo que supone una disminución interanual del 12,4 por ciento. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 51.685; seguida de Madrid; Cataluña, con 32.354; y la Comunidad Valenciana, con 27.606.
 
El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
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