Cuatro bonos españoles, en riesgo de impago

Habían pasado pocas horas de esas exaltaciones, cuando se publican los datos de deuda y déficit público en los países de la UE. Y, ¡qué sorpresa! España está en el pelotón de los torpes. A poco más de un año que se negocien las nuevas reglas fiscales, España tiene una deuda pública de 1,5 billones de euros y el déficit se sitúa en el 4,8% del PIB, casi 64.000 millones de agujero en las cuentas públicas. No ha conseguido aún el nivel de riqueza anterior a la pandemia y en las cuentas del mercado de trabajo faltan por contabilizar como mínimo un millón de parados. Mientras, los contratos a tiempo parcial crecen desaforadamente y no se recuperan las horas trabajadas.

 

Hay, además, otras variables menos expuestas en los medios de comunicación que hacen un daño irreparable a la reputación de nuestro país y de las que el Gobierno no dice ni esta boca es mía. Según un informe realizado por las propias empresas afectadas y publicado por 'Bloomberg' cuatro bonos de deuda española están en una situación técnica de 'default' o impago por los incumplimientos del gobierno de España, al no pagar los laudos arbitrales de impagos pendientes a las empresas e inversores afectados por la retirada retroactiva de los incentivos a la inversión en energías renovables. 

 

Las consecuencias son un daño monumental en las operaciones de endeudamiento del Tesoro, que podría ver bloqueado su acceso a la financiación y el consecuente daño a la imagen de España. De momento, la cifra ronda los 900 millones, pero puede aumentar si se culmina la congelación de la cuenta bancaria del Instituto Cervantes en Londres y la confiscación de su sede en Londres. Además, ha sido embargado ya un edificio de ACCIÓ, la agencia de promoción económica de la Generalidad de Cataluña, y en breve podrían embargar la filial de Navantia en Australia y otros activos financieros y bienes inmuebles. Hasta el Falcon de Sánchez entraría en la lista.

 

El asunto es grave y debería ser motivo para que la oposición tomara buena nota y el Gobierno fuera convenientemente preguntado. De antemano sabemos que le quitarán importancia, pero seguiremos informando y notaremos buena nota de sus consecuencias reputacionales para España como país cuya seguridad jurídica deja bastante que desear.