Un escándalo intolerable

 

Los problemas para acudir a un especialista sanitario son un dolor, nunca mejor dicho, y no sólo en Madrid o Andalucía, como podría pensarse por las protestas masivas, sino en toda España. 

 

Los solicitantes de asilo pueden tardar años en que alguien les reciba y les atienda. Presentar una demanda y que te citen a juicio puede llegar a cinco años. Hace poco la Audiencia de Barcelona ha aceptado el recurso de un abogado y ha adelantado la fecha del juicio: ¡de 2027! ha pasado ¡a 2026! Y con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, en breve se habrán retrasado casi medio millón de demandas y la tramitación de otros cientos de miles de asuntos. En casi todos estos casos hablamos de asuntos que afectan a la solicitud de una jubilación, de una pensión de viudedad, del cobro del Ingreso Mínimo Vital, de operaciones o consultas urgentes, de un despido, una baja médica o maternal, el bono térmico, la custodia de un menor o el asilo de una persona sin papeles.

 

Si eso es grave y demuestra que tenemos una Administración que no funciona, envejecida, con una altísima tasa de temporalidad, con funcionarios que no hacen nada y otros que están desbordados porque las plantillas son insuficientes, lo peor es que ha surgido un mercado negro de citas --que algunos han calificado de "ecosistema informal", en lugar de calvario burocrático o golfería tolerada--, que se ha convertido en un negocio de golfos y de mafias cuyos "servicios" se ofertan con descaro en locutorios, pequeñas tiendas o incluso por internet: una cita para gestionar la pensión, 50 euros; para tramitar un asilo, 200; para el carné de conducir, hasta 80 euros. Y eso lo sabe la Administración, lo saben los Ministerios de Interior, Economía, Seguridad Social o Trabajo y no hacen nada ni para atender bien a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, ni para poner fin a esta otra forma de corrupción tolerada, por no decir provocada. 

 

Cuando hace meses, la España despoblada y olvidada se quejó por la supresión de oficinas bancarias, la Administración presionó para garantizar que hubiera atención personalizada y cercana. Pero no toma medidas cuando la responsable es ella.

 

Lo mismo sucede con la tramitación de los fondos europeos, para los que no hay funcionarios adecuadamente preparados --ni nadie previó que se iban a necesitar-- o con disparates como la ley del 'sólo sí es sí' que ha provocado un aluvión de demandas en los tribunales, como también empieza a suceder ya con la ley trans. Los funcionarios no saben cómo aplicar los disparates de la ley y ya se están produciendo casos a los que hay que dar una respuesta legal: presos de Asturias que dicen que han cambiado de sexo y piden su traslado a un módulo de mujeres, opositores que afirman lo mismo para superar unas pruebas físicas menos exigentes o deportistas que quieren competir como mujeres siendo físicamente hombres. Es sólo el comienzo. 

 

Tenemos una Administración pública que es la segunda más envejecida de Europa y la tercera más inestable. El 81 por ciento de los empleos están en las autonomías y ayuntamientos. Y no funciona. De eso se tendría que hablar en el Parlamento y en los programas y debates electorales.