El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula esta unidad, sin coste alguno para las arcas públicas, y que tiene como función coordinar la acción de la Administración autonómica para "agilizar la tramitación de todas las propuestas de alto impacto por su creación de riqueza y empleo". Estará integrada por las diferencias consejerías y entidades locales con competencias en la materia.
En la rueda de prensa posterior, en la Real Casa de Correos, el consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha defendido la puesta en marcha de esta herramienta para frenar "el calvario" de "burocracia" y "papeleo" al que se enfrentan quienes quieren poner en marcha un proyecto.
De esta manera, aquellas inversiones que supongan la generación de más de 50 puestos de trabajo con contrato indefinido o cuya inversión no inmobiliaria supere los 10 millones de euros se considerarán "prioritarias y se reducirá de forma sustancial los plazos de tramitación ordinarios para que puedan comenzar sus actividades lo antes posible".
ENTRARÁ EN VIGOR ESTE MES
El decreto con la creación de la aceleradora de inversiones de la Comunidad de Madrid se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial regional (BOCM) para su entrada en vigor este mismo mes.
La aceleradora de inversiones, organismo público dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, también tendrá en cuenta otros aspectos de los solicitantes como la apuesta en I+D+i, la calidad de los puestos de trabajo o el impacto en la cadena de valor.
Las solicitudes de esta nueva herramienta serán atendidas en menos de 30 días, y, en caso de ser calificadas favorablemente, su tramitación irá por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá reducir los plazos al máximo legal posible. Dichas solicitudes podrán también presentarse en inglés para su tramitación, lo que ayudará también a aminorar los plazos correspondientes.
El nuevo organismo público de la Comunidad de Madrid también realizará el seguimiento del estado de tramitación de dichos proyectos ante los órganos competentes de las administraciones públicas, facilitando siempre la coordinación entre las implicadas.
Entre las funciones de la nueva aceleradora de inversiones también se encuentra la de detectar barreras regulatorias y proponer propuestas encaminadas para su reducción o eliminación, cuando sea posible.
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