Así se recoge en el documento de 30 páginas con 60 medidas que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho público este lunes en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, que fue el lugar donde se promulgó la Constitución liberal de 1812, conocida popularmente como la 'Pepa'.
Estos meses, los 'populares' han denunciado el incremento de asesores y que el Ejecutivo cuente con 22 ministros.
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL CNI, CIS E INE
Respecto al CNI, el PP quiere que su director no haya ocupado un cargo político en los cinco años previos a su nombramiento, además de acreditar "competencia y experiencia" en el ámbito. Esto afectaría por ejemplo a la actual jefa de los servicios de inteligencia, Esperanza Casteleiro, que era secretaria de Estado de Defensa de Margarita Robles hasta que fue elegida para dirigir el CNI.
La propuesta de los 'populares' también contempla que los servicios de inteligencia, además de proporcionar información al Gobierno, pueda hacerlo a otras instituciones y organismos que lo precisen.
Además, propone revertir la resolución adoptada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que permitió rebajar las mayorías necesarias para acceder a la Comisión de control de los Gastos Reservados, permitiendo así la entrada de los independentistas.
En otro apartado, el documento del PP aboga por un marco jurídico que evite ceses e injerencias en el Instituto Nacional de Estadística (INE), garantizando la independencia y neutralidad del organismo. Esto tras la polémica por el cese en el mes de junio de Manuel Rodríguez Poo como presidente.
En cuanto al CIS, se compromete a una modificación legislativa que obligue a que el presidente sea nombrado entre catedráticos y profesionales de reconocido prestigio que no hayan sido cargo electo durante al menos los últimos cinco años, ni tampoco miembros del Gobierno, de los Ejecutivos autonómicos, "ni hayan ostentado cargo orgánico alguno en partido político u organización sindical". Añade que las encuestas de voto y valoración política del CIS volverán a ser trimestrales y con muestras de 2.500 entrevistas y cuestionarios establecidos.
Feijóo quiere "recuperar la profesionalidad" del organismo recuperando el sistema anterior a septiembre de 2018, cuando llegó a José Luis Tezanos a la Presidencia. Con ello, reivindica que su "exclusiva prioridad" sea "informar y no confundir a la ciudadanía, con especial atención a las encuestas electorales".
REGULAR EL USO DEL FALCÓN
Además, el PP dice que, con carácter general, "se evitará la celebración de actos partidistas en los viajes institucionales que hayan sido financiados con fondos públicos o en los que se utilicen recursos públicos de cualquier tipo, entre ellos, los vehículos para el desplazamiento". Los 'populares' quieren evitar así el uso del Falcon que, a su juicio, ha realizado estos meses el presidente del Gobierno.
También propone abrir un registro sobre el uso del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno y establecer límites a la realización de viajes institucionales al exterior que regirán desde la convocatoria hasta la celebración de las elecciones. Además, señala que "se perfeccionará la normativa para mejorar la custodia de los documentos públicos, especialmente los que comprometen la seguridad de la Nación".
El PP asimismo aboga por fijar "un régimen de información institucionalizado y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición o las personas en los que ambos acuerden delegar. En todo caso, prosigue, le informará cuando corresponda y "como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones" sobre los siguientes asuntos: cumbres internacionales; decisiones "sustanciales" de política Exterior y Defensa; temas del pacto antiterrorista; y violencia de género.
RECUPERAR LOS DELITOS DE SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN
El PP también plantea recuperar el delito de sedición en el Código Penal, dejar sin efecto la reforma del delito de malversación y se recuperará el delito del referéndum ilegal. Además, pide aprobar una reforma urgente de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley de "sólo sí es sí") para recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad.
LISTA MÁS VOTADA EN LOS AYUNTAMIENTOS
Además, propone crear una Oficina de calidad legislativa, cuya función principal será asegurar la calidad normativa de las normas; limitar el recurso al Real Decreto Ley; e incluir en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario.
El PP también plantea aprobar una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el Estado de la Nación, que "dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno". El último se celebró el pasado mes de julio, pero llevaba siete años sin convocarse, un hecho que habían denunciado los grupos de la oposición.
Los 'populares' también abogan por proponer una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada, según reza en su documento
En el caso del Senado, apuesta por su "fortalecimiento", promoviendo el debate en la Cámara Alta sobre las propuestas normativas que afecten a la distribución de competencias entre órganos centrales y autonómicos. También defiende "analizar nuevas atribuciones" para el Senado que le permitan "fiscalizar de una manera ágil, operativa y eficaz la distribución de fondos públicos para competencias de carácter autonómico, provincial y local".
REQUISITOS DE LOS MAGISTRADOS DEL TC Y FISCAL GENERAL DEL ESTADO
El PP defiende también regular los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional --no podrán si han ocupado cargo político en los últimos cinco años-- y se aprobarán cambios en el procedimiento de elección o designación de los magistrados.
Además, dice que se establecerá un nuevo régimen jurídico del Fiscal General del Estado cuyo mandato será de cinco años, para desvincularlo del Poder Ejecutivo y dotarle de mayor apariencia de imparcialidad y se eliminará la causa de cese asociada al cese del Gobierno que lo hubiera propuesto.
En otra medida, el PP pide derogar la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando se encuentra en situación de prórroga y se establece un nuevo modelo de nombramiento de los vocales del CGPJ por el cual: los doce vocales del turno de procedencia judicial serán elegidos por y entre jueces y magistrados y la elección de los ocho vocales del turno de juristas de prestigio por el Congreso y el Senado se realizará entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio en su profesión.
RESUMEN DE MEDIDAS DEL PLAN DE CALIDAD INSTITUCIONAL
-Se recuperará el delito de sedición en el Código Penal, se dejará sin efecto la reforma del delito de malversación y se recuperará el delito del referéndum ilegal suprimido en la reforma de la Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, de modificación del Código Penal.
-Se aprobará una reforma urgente de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como ley de “sólo sí es sí”) para recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad.
-Se propone una reforma del artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada.
-Se creará una Oficina de calidad legislativa, cuya función principal será asegurar la calidad normativa en todas las fases de tramitación y estará facultada para el seguimiento y evaluación ex post de las leyes, en el que se analizará el cumplimiento sus fines y su impacto social.
-Se limitará el recurso al Real Decreto Ley y se asume la voluntad gubernamental de no incorporar al mismo medidas que no vayan a entrar en vigor de forma inmediata.
-En aras de la mayor transparencia, se incluirá en las memorias económicas de las leyes el coste estimado que la nueva normativa genera a los ciudadanos, más allá del impacto presupuestario.
-Se aprobará una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el Estado de la Nación, que dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno.
-Se establecerá un régimen de información frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición a quien informará como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones acerca de: La celebración de cumbres internacionales, las decisiones sustanciales en Política Exterior y Defensa, el Pacto Antiterrorista, y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
-Se establecerán por ley pautas para la configuración de gobiernos, a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios, altos cargos y asesores.
Se evitará la celebración de actos partidistas en los viajes institucionales que hayan sido financiados con fondos públicos o en los que se utilicen recursos públicos de cualquier tipo, entre ellos, los vehículos para el desplazamiento.
-Se abrirá un registro sobre el uso del Airbus A310, Dassault Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno.
-Se realizará una evaluación del sector público que permita tomar conciencia de sus dimensiones y poder plantear una reordenación de la Administración Pública.
-Se impedirá que puedan ser designados presidentes o directores de los organismos reguladores y autoridades independientes quienes hayan ocupado puestos políticos de representación o hayan sido nombrados miembros del Gobierno de la Nación o de las Comunidades Autónomas o hayan ostentado cargo orgánico en un partido político u organización sindical en los últimos cinco años.
-Se modificará el Artículo 10 de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con la siguiente redacción: Al frente del Organismo existirá un Presidente, que será nombrado entre catedráticos y profesionales de reconocido prestigio. Las encuestas de voto y valoración política del CIS volverán a ser trimestrales y con muestras de 2.500 entrevistas y cuestionarios establecidos y se recuperará la profesionalidad y transparencia de los datos, bajo la exclusiva prioridad de informar y no confundir a la ciudadanía, con especial atención a las encuestas electorales.
Respecto al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), su director no habrá ocupado cargo político en los cinco años previos a su nombramiento y el candidato deberá acreditar competencia y experiencia en los ámbitos de seguridad, defensa, relaciones internacionales y/o inteligencia.
En aras de asegurar la independencia y la libertad de expresión en los medios públicos así como de respetar el trabajo de los profesionales promoveremos las decisiones para recuperar la aplicación de estos principios tanto e a RTVE como a la Agencia Efe.
-Se regularán los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a Magistrados del Tribunal Constitucional y se aprobarán cambios en el procedimiento de elección o designación de los magistrados.
-Se establecerá un nuevo régimen jurídico del Fiscal General del Estado cuyo mandato será de 5 años, para desvincularlo del Poder Ejecutivo y dotarle de mayor apariencia de imparcialidad y se eliminará la causa de cese asociada al cese del Gobierno que lo hubiera propuesto.
-Se derogará la reforma que limita las funciones del CGPJ cuando se encuentra en situación de prórroga y se establecerá un nuevo modelo de nombramiento de los vocales del CGPJ por el cual: los doce vocales del turno de procedencia judicial serán elegidos por y entre Jueces y Magistrados y la elección de los ocho vocales del turno de juristas de prestigio por el Congreso y el Senado se realizará entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio en su profesión.
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