San Fernando busca con Hacienda soluciones fiscales para los afectados de la 7B

 

A estas reuniones, según ha informado el Consistorio en un comunicado, también le han acompañado la concejala de Planificación de la Ciudad y Desarrollo Sostenible, Leticia Martín; y el edil de Hacienda, Roberto Baldanta.

 

De este modo, las familias que reciban indemnizaciones por la pérdida de sus casas podrán acogerse a la disposición adicional 5ª de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, conforme a la cual, dichas indemnizaciones no se integrarán en la base imponible de este impuesto (IRFP).

 

"Seguimos llamando a todas las puertas, teniendo claro que la Comunidad de Madrid es la única administración responsable sobre esta infraestructura, que ha generado un drama social en nuestra ciudad y, por tanto, es el Gobierno autonómico quien debe aportar soluciones en todos los ámbitos", ha trasladado el primer edil en declaraciones remitidas a los medios.

 

Por otro lado, el Ayuntamiento ha procedido a trasladar información actualizada a la Dirección General del Catastro sobre el cambio de situación de las viviendas, notificando a dicho organismo el estado de derrumbe, de ruina o de desalojo de los inmuebles.

 

El Ejecutivo regional, según expone el Ayuntamiento, continúa "sin establecer soluciones o salidas a este respecto y, hasta la fecha, no ha confirmado si comprará o expropiará el suelo tras los derribos".

 

LA COMUNIDAD DICE QUE DESTINAN 14 MILLONES QUE AMPLIARÁN SI ES NECESARIO

 

Desde el departamento que dirige David Pérez, han trasladado que ya ha llamado a todos los afectados de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares con expedientes en curso para ofrecerles una terminación convencional para que puedan "cobrar cuanto antes sus indemnizaciones, tras comenzar a informarles desde el pasado 12 de enero". En estos momentos, están destinados 14 millones de euros, que se ampliarán si fuera necesario.

 

La Consejería de Transportes e Infraestructuras ha asegurado que ha contactado con todos ellos, aunque en algunas ocasiones no ha podido localizarles con una primera llamada o se han remitido a su representante legal, despacho de abogados que ostenta la representación de 44 afectados.

 

En paralelo se están enviando las notificaciones. La cuantía máxima que se entregará a los vecinos afectados oscilará entre 355.000 euros y 136.000 euros, a lo que hay que añadir el daño emergente. En paralelo, también se están resolviendo los importes de las plazas de garaje, cuya cuantía oscilará entre los 10.000 y los 33.000 euros.

 

En la indemnización se incluye el valor del inmueble demolido, el valor del suelo, el valor de los enseres, el daño moral, el lucro cesante y el daño emergente. El daño emergente es por el pago del alquiler. Si han cogido el anticipo de 4.788 euros durante seis meses (798 euros al mes), se añade la diferencia del gasto del alquiler.

 

Por el momento, lo han solicitado 11 familias. "Si no lo han cogido, les pagamos todo. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid se hace cargo de los alquileres hasta el momento del cobro. En estos momentos, la Comunidad de Madrid está haciéndose cargo de todos los gastos de alojamiento, manutención, gastos de suministros (agua, luz y calefacción), al igual que el servicio de guardamuebles de los vecinos 59 viviendas que están desalojadas", han explicado.