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Domingo, 01 de Enero de 2023
Acusa a Sánchez de retorcer las instituciones con tal de "asegurarse su continuidad"
El PP pide al Gobierno que reniegue de sus pactos con los independentistas
El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso en la que pide al Gobierno de coalición que reniegue de sus acuerdos con partidos independentistas para así proteger a las instituciones españolas.
![[Img #138118]](https://madridpress.com/upload/images/01_2023/4577_gamarra.png)
Se trata de una proposición no de ley para su debate y votación en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la conocida como 'comisión anticorrupción' del Congreso.
Según argumenta el PP, "la extensión del poder del Ejecutivo, la colonización política de las instituciones, la erosión de las libertades individuales o el ensimismamiento en los problemas internos de un gobierno dividido son algunas de las causas del deterioro de la calidad democrática".
"El Gobierno de Pedro Sánchez está ocupando todas las instituciones independientes y ese afán de control está causando un enorme descrédito de nuestro país fuera de nuestras fronteras, singularmente en la Unión Europea, y es necesario revertirlo", sostiene.
EL EJEMPLO DEL CNI
Como ejemplo cita al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), reprochando al Gobierno el "cese fulminante" de Paz Esteban por lo que considera "presiones separatistas" tras la polémica por el espionaje con 'Pegasus', así como las noticias sobre salidas de agentes del CNI; Guardia Civil y Policía de Cataluña, País Vasco y Navarra.
"Es evidente que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado molestan a los independentistas que sostienen al Gobierno precisamente porque son los encargados de contener cualquier desafío al Estado --subraya el PP--. Y lejos de mostrar firmeza ante peticiones tan intolerables, Sánchez no tuvo ningún reparo en dar lo que quiere el separatismo".
A su juicio, "Pedro Sánchez es capaz de retorcer las instituciones y descomponer la imagen de España con tal de asegurarse su continuidad" en el Palacio de la Moncloa y le insta a "respetar la independencia de las instituciones del Estado, pilares imprescindibles para elevar la calidad democrática de España".
Y además el Grupo Popular pretende que el Gobierno de coalición "cese en su política de rendición del Estado al independentismo, que tanto daño está causando a la independencia de nuestras instituciones, dañando la calidad de nuestra democracia y vulnerando nuestros valores constitucionales".
IDENTIFICAR A LOS DONANTES ONLINE DE LOS PARTIDOS
Por otra parte, el PP arrancará este 2023 electoral urgiendo al Gobierno a cumplir con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para cambiar la ley con vistas a regular las donaciones online que se hacen a partidos políticos y a las fundaciones vinculadas a los mismos, solicitando, entre otras cosas, que se pueda identificar a los donantes, así como que se endurezcan las condiciones de los microcréditos que algunas formaciones utilizan para financiarse.
Así lo plantean los 'populares' en las propuestas de resolución que han registrado en el Congreso sobre la moción en la que el tribunal recopiló sus recetas para mejorar la regulación vigente y en la que recomendaba algunos retoques en la ley de financiación de partidos y en la ley electoral.
Entre sus sugerencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP solicita que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas inste al Gobierno a regular los mecanismos a través de los cuales deben identificarse quienes realicen donaciones online a los partidos y fundaciones, estableciendo "las exigencias necesarias que permitan llevar a cabo una verificación clara y segura de las mismas".
CERTIFICADO ELECTRÓNICO
Para ello, tal y como aconseja el propio fiscalizador, apuesta por obligar a los donantes a utilizar el certificado electrónico, así como a declarar que no se hallan inmersos en las prohibiciones que establecen la ley para poder hacer donaciones para el funcionamiento ordinario de los partidos y aportaciones a campañas electorales.
Respecto a los microcréditos, la fórmula que utiliza Unidas Podemos para sus campañas, el PP pide que la cuantía máxima por prestamista no exceda del límite máximo previsto para las donaciones o aportaciones privadas y que se fije el tipo de interés aplicable y las condiciones y plazos de devolución.
También apunta la necesidad de dejar claro que las cuentas donde se ingresan los préstamos sean específicas para ello y que se prohíba conceder microcréditos a personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica.
¿'MAILING' CONJUNTO?
Otra de las propuestas versa sobre el 'mailing' electoral, cuya utilidad ha sido cuestionada por el propio tribunal. El PP quiere que se mantenga esta fórmula que "tienen los partidos de dirigirse de forma directa a los electores" pero acepta, como plantea el tribunal, que, "sin desvirtuar su naturaleza" se adopten medidas "para contribuir a la sostenibilidad ambiental".
En ocasiones se ha sugerido la posibilidad de hacer un envío conjunto de todos los sobres y papeletas en un mismo 'paquete' para evitar en lugar de remitir a los electores las de cada candidatura de forma separada.
Por otra parte, el primer partido de la oposición también señala la conveniencia de regular las aportaciones de los grupos institucionales a los partidos políticos a través de convenios, especificando las obligaciones tributarias pertinentes.
Asimismo, el PP es partidario de obligar a los grupos parlamentarios correspondientes a rendir cuentas sobre los recursos percibidos ante la institución que los otorga, "estableciendo unos requisitos contables homogéneos" y sometiéndoles a los controles internos de la Intervención.
CUANTIFICAR EL AHORRO
De su lado, Vox ha aprovechado este trámite para volver a demandar, a través de sus propuestas de resolución, la eliminación de las subvenciones públicas a partidos, fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los mismos, incluidas las que se les otorgan por gastos electorales.
Además, plantea que el Tribunal de Cuentas cuantifique los importes que suponen para las arcas del Estado estas subvenciones para saber cuánto se ahorraría con su eliminación.
En sus propuestas, registradas fuera de plazo, los de Santiago Abascal, defienden que se fomente la financiación privada de las organizaciones políticas "con la garantía de la transparencia pública sobre las aportaciones" que se realicen a las mismas.
Se trata de una proposición no de ley para su debate y votación en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la conocida como 'comisión anticorrupción' del Congreso.
Según argumenta el PP, "la extensión del poder del Ejecutivo, la colonización política de las instituciones, la erosión de las libertades individuales o el ensimismamiento en los problemas internos de un gobierno dividido son algunas de las causas del deterioro de la calidad democrática".
"El Gobierno de Pedro Sánchez está ocupando todas las instituciones independientes y ese afán de control está causando un enorme descrédito de nuestro país fuera de nuestras fronteras, singularmente en la Unión Europea, y es necesario revertirlo", sostiene.
EL EJEMPLO DEL CNI
Como ejemplo cita al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), reprochando al Gobierno el "cese fulminante" de Paz Esteban por lo que considera "presiones separatistas" tras la polémica por el espionaje con 'Pegasus', así como las noticias sobre salidas de agentes del CNI; Guardia Civil y Policía de Cataluña, País Vasco y Navarra.
"Es evidente que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado molestan a los independentistas que sostienen al Gobierno precisamente porque son los encargados de contener cualquier desafío al Estado --subraya el PP--. Y lejos de mostrar firmeza ante peticiones tan intolerables, Sánchez no tuvo ningún reparo en dar lo que quiere el separatismo".
A su juicio, "Pedro Sánchez es capaz de retorcer las instituciones y descomponer la imagen de España con tal de asegurarse su continuidad" en el Palacio de la Moncloa y le insta a "respetar la independencia de las instituciones del Estado, pilares imprescindibles para elevar la calidad democrática de España".
Y además el Grupo Popular pretende que el Gobierno de coalición "cese en su política de rendición del Estado al independentismo, que tanto daño está causando a la independencia de nuestras instituciones, dañando la calidad de nuestra democracia y vulnerando nuestros valores constitucionales".
IDENTIFICAR A LOS DONANTES ONLINE DE LOS PARTIDOS
Por otra parte, el PP arrancará este 2023 electoral urgiendo al Gobierno a cumplir con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para cambiar la ley con vistas a regular las donaciones online que se hacen a partidos políticos y a las fundaciones vinculadas a los mismos, solicitando, entre otras cosas, que se pueda identificar a los donantes, así como que se endurezcan las condiciones de los microcréditos que algunas formaciones utilizan para financiarse.
Así lo plantean los 'populares' en las propuestas de resolución que han registrado en el Congreso sobre la moción en la que el tribunal recopiló sus recetas para mejorar la regulación vigente y en la que recomendaba algunos retoques en la ley de financiación de partidos y en la ley electoral.
Entre sus sugerencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP solicita que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas inste al Gobierno a regular los mecanismos a través de los cuales deben identificarse quienes realicen donaciones online a los partidos y fundaciones, estableciendo "las exigencias necesarias que permitan llevar a cabo una verificación clara y segura de las mismas".
CERTIFICADO ELECTRÓNICO
Para ello, tal y como aconseja el propio fiscalizador, apuesta por obligar a los donantes a utilizar el certificado electrónico, así como a declarar que no se hallan inmersos en las prohibiciones que establecen la ley para poder hacer donaciones para el funcionamiento ordinario de los partidos y aportaciones a campañas electorales.
Respecto a los microcréditos, la fórmula que utiliza Unidas Podemos para sus campañas, el PP pide que la cuantía máxima por prestamista no exceda del límite máximo previsto para las donaciones o aportaciones privadas y que se fije el tipo de interés aplicable y las condiciones y plazos de devolución.
También apunta la necesidad de dejar claro que las cuentas donde se ingresan los préstamos sean específicas para ello y que se prohíba conceder microcréditos a personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica.
¿'MAILING' CONJUNTO?
Otra de las propuestas versa sobre el 'mailing' electoral, cuya utilidad ha sido cuestionada por el propio tribunal. El PP quiere que se mantenga esta fórmula que "tienen los partidos de dirigirse de forma directa a los electores" pero acepta, como plantea el tribunal, que, "sin desvirtuar su naturaleza" se adopten medidas "para contribuir a la sostenibilidad ambiental".
En ocasiones se ha sugerido la posibilidad de hacer un envío conjunto de todos los sobres y papeletas en un mismo 'paquete' para evitar en lugar de remitir a los electores las de cada candidatura de forma separada.
Por otra parte, el primer partido de la oposición también señala la conveniencia de regular las aportaciones de los grupos institucionales a los partidos políticos a través de convenios, especificando las obligaciones tributarias pertinentes.
Asimismo, el PP es partidario de obligar a los grupos parlamentarios correspondientes a rendir cuentas sobre los recursos percibidos ante la institución que los otorga, "estableciendo unos requisitos contables homogéneos" y sometiéndoles a los controles internos de la Intervención.
CUANTIFICAR EL AHORRO
De su lado, Vox ha aprovechado este trámite para volver a demandar, a través de sus propuestas de resolución, la eliminación de las subvenciones públicas a partidos, fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de los mismos, incluidas las que se les otorgan por gastos electorales.
Además, plantea que el Tribunal de Cuentas cuantifique los importes que suponen para las arcas del Estado estas subvenciones para saber cuánto se ahorraría con su eliminación.
En sus propuestas, registradas fuera de plazo, los de Santiago Abascal, defienden que se fomente la financiación privada de las organizaciones políticas "con la garantía de la transparencia pública sobre las aportaciones" que se realicen a las mismas.
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