El ministro de Defensa, Alberto Otálora, confirmó que las Fuerzas Armadas con apoyo de la policía "recuperaron el aeropuerto de Arequipa (...) en una acción, no solamente de aplicación de pleno ejercicio del estado de derecho, sino también ejerciendo lo que se denomina la gestión de activos críticos nacionales".
Frente al Congreso, Otálora también anunció la muerte en la misma ciudad de un manifestante. Esta víctima se suma a dos fallecidos el sábado pasado, presuntamente en escenarios de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Además, pocas horas después se informó del la muerte de otro participante en las protestas en la provincia de Chincheros, uno de los epicentros del conflicto. En total, se cifran al menos en seis las víctimas mortales en el amrco de las manifestaciones.
Además de la ocupación del aeropuerto, centenares de manifestantes cortaron carreteras en todo el país en contra de la nueva presidenta, que asumió el cargo después de la salida de Castillo, destituido el pasado miércoles por el Congreso y ahora detenido e investigado por la Fiscalía por presunto delito de rebelión.
En Lima, la capital, cientos de personas se manifestaron y hubo choques con la policía antidisturbios que utilizó gases lacrimógenos para hacer retroceder a los manifestantes. La violencia obligó a Boluarte a declarar el estado de emergencia en las zonas donde las protestas eran más violentas, medida que permitiría a las Fuerzas Armadas tomar un mayor control si fuera necesario.
En general, las protestas se intensifican en las zonas rurales, donde Castillo, antiguo profesor y defensor de las comunidades campesinas y empobrecidas, tiene mayor popularidad.
En la remota comunidad andina de Andahuaylas, un menor de 15 años falleció por una herida durante las manifestaciones, según denunció la congresista María Taipe Coronado.
"La muerte de este compatriota es responsabilidad de la señora Dina por no presentar su renuncia", acusó Taipe, quien está afiliada al partido que ayudó a Castillo y Boluarte a llegar al poder como presidente y vicepresidenta, respectivamente, antes de que ambos fueran expulsados de ese partido. "¿Desde cuándo protestar es un delito?", se preguntó.
Taipe denunció que las autoridades estaban utilizando tácticas represivas para contener las manifestaciones, aunque no está claro cómo resultó herido de muerte el manifestante, así como se investiga una segunda muerte en la misma comunidad donde otras 26 personas resultaron heridas.
ELECCIONES EN 2024
Boluarte escuchó al menos uno de los reclamos de los manifestantes: adelantar las elecciones generales para el 2024 (la legislatura oficial es hasta 2026), aunque algunos críticos señalan que los comicios deberían celebrarse antes. Esto supuso un cambio de rumbo, ya que anteriormente había dicho que ocuparía el cargo durante los tres años y medio restantes del mandato de su predecesor.
"Mi deber como presidenta de la República en el difícil momento actual es interpretar, leer y recoger las aspiraciones, intereses y preocupaciones, si no de todos, de la inmensa mayoría de los peruanos", comentó Boluarte.
"Así, interpretando de la manera más amplia la voluntad de los ciudadanos, he decidido asumir la iniciativa de llegar a un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales", aseguró en un mensaje el 12 de diciembre.
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