Tengo un autobús amarillo
En mayo de 2020, el Consejo de Ministros aprobó por Real Decreto-Ley la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital. La idea era muy ambiciosa. Nada menos que "una prestación no contributiva que erradicaría la pobreza y favorecería la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad".
En su presentación, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, explicó que el umbral de renta garantizada sería de 462 euros al mes que se incrementaría en función del cumplimiento de unos requisitos. Los beneficiarios iban a ser 850.000 hogares, 2,3 millones de personas, la renta garantizada media anual de 10.070 euros, el IMV medio anual sería de 4.400 euros y el gasto público estimado unos 3.000 millones de euros.
También avanzó, y esto es muy sorprendente, que al mes siguiente de que se aprobara la norma, 500.000 personas recibirían la prestación de oficio, gracias al cruce de datos procedentes de la Agencia Tributaria y las Comunidades Autónomas con los que contaría el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
La realidad de esta prestación ha sido muy distinta. La mala gestión de los fondos públicos, la excesiva burocracia y los exigentes requisitos han logrado que hasta hoy apenas 500.000 personas hayan recibido el IMV. Incluso, que del dinero asignado a esta partida en los Presupuestos Generales del Estado se quedaran sin repartir 1.000 millones de euros. Tras el fracaso, se intentaron poner algunos remiendos legales, modificaciones que tampoco han tenido éxito. Ni siquiera la posibilidad de trabajar y cobrar la prestación logró avances.
Ahora, el plan es que funcionarios del ministerio recorran España en un autobús amarillo para explicar la ayuda y buscar y encontrar en comedores sociales y colas del hambre a posibles beneficiarios del IMV. Lanzarse a la carretera a la caza de las personas vulnerable susceptible de recibir la prestación. Teniendo en cuenta que según los últimos datos dados a conocer por el INE en España hay 12,5 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza y la experiencia acumulada sobre la efectividad en la ejecución de tantas y tantas ayudas que se han puesto en marcha y que no han llegado a su destino, esta acción tiene más de propaganda que de otra cosa.
A nadie se le escapa que en mayo hay elecciones autonómicas y municipales y que el autobús, que recorrerá 40 ciudades, es una gran campaña a mayor gloria de Sánchez que por supuesto se va a pagar con dinero público, es decir, de todos los españoles.
En su presentación, el ministro del ramo, José Luis Escrivá, explicó que el umbral de renta garantizada sería de 462 euros al mes que se incrementaría en función del cumplimiento de unos requisitos. Los beneficiarios iban a ser 850.000 hogares, 2,3 millones de personas, la renta garantizada media anual de 10.070 euros, el IMV medio anual sería de 4.400 euros y el gasto público estimado unos 3.000 millones de euros.
También avanzó, y esto es muy sorprendente, que al mes siguiente de que se aprobara la norma, 500.000 personas recibirían la prestación de oficio, gracias al cruce de datos procedentes de la Agencia Tributaria y las Comunidades Autónomas con los que contaría el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.
La realidad de esta prestación ha sido muy distinta. La mala gestión de los fondos públicos, la excesiva burocracia y los exigentes requisitos han logrado que hasta hoy apenas 500.000 personas hayan recibido el IMV. Incluso, que del dinero asignado a esta partida en los Presupuestos Generales del Estado se quedaran sin repartir 1.000 millones de euros. Tras el fracaso, se intentaron poner algunos remiendos legales, modificaciones que tampoco han tenido éxito. Ni siquiera la posibilidad de trabajar y cobrar la prestación logró avances.
Ahora, el plan es que funcionarios del ministerio recorran España en un autobús amarillo para explicar la ayuda y buscar y encontrar en comedores sociales y colas del hambre a posibles beneficiarios del IMV. Lanzarse a la carretera a la caza de las personas vulnerable susceptible de recibir la prestación. Teniendo en cuenta que según los últimos datos dados a conocer por el INE en España hay 12,5 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza y la experiencia acumulada sobre la efectividad en la ejecución de tantas y tantas ayudas que se han puesto en marcha y que no han llegado a su destino, esta acción tiene más de propaganda que de otra cosa.
A nadie se le escapa que en mayo hay elecciones autonómicas y municipales y que el autobús, que recorrerá 40 ciudades, es una gran campaña a mayor gloria de Sánchez que por supuesto se va a pagar con dinero público, es decir, de todos los españoles.
Rufino Soriano | Miércoles, 19 de Octubre de 2022 a las 16:51:48 horas
Claro, hombre. Si lo que hay que hacer es eso: llevarles la pasta a ellos. ¿Qué quería el ahora -y no sabemos hasta cuándo- Presidente del Consejo de Ministras y Ministros de España? ¿Que esa “prestación no contributiva que erradicaría a la pobreza y favorecería la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad” la tuvieran que solicitar los interesados? No es de extrañar que hayan quedado 1.000 millones de € presupuestados sin repartir. Si es que lo que hay que hacer es llevarles la pasta (el IMV y cuantas obras de beneficencia que se les quieran hacer. Y ya sabemos que no se dan los monises para que voten a nadie. Se les dan porque lo merecen, y punto); hay que llevarles la pasta, repito, a sus domicilios; nada de que ellos tengan que hacer gestiones, preocuparse de ir y venir y trámites y colas, etc. Por eso, bienvenidos esos autobuses amarillos o si no, del color que quiera el Gobierno de España, pero que les lleven los euros a sus respectivos domicilios si de verdad se quiere erradicar su pobreza. Faltaría más… Bastante es que toleren eso de que IMV sea Ingreso Mínimo Vital, porque debería ser Ingreso Máximo Vital… Miren, si hasta son las mismas iniciales. Y la cuantía, en lugar de 4.400 € al año pues qué menos que 14.000. Si es que hay que lo caro que está todo.
Y, de momento, nada más. A ver si se protege a los necesitados. ¿O no?
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