Por encima del 2%

Inquilinas de Madrid critican las "subidas ilegales del alquiler"

Decenas de personas protestaron frente al Teatro Valle Inclán en Lavapiés, convocadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, con el objetivo de denunciar las actualizaciones anuales de sus contratos de alquiler, como es el extremo de que algunos caseros pretendan aumentar la renta mensual por encima del 2% que marca la legislación vigente.

 

Desde el Sindicato se observa cómo esta problemática "no deja de crecer", por lo que se ha convocado esta asamblea en la que se han dado respuesta a dudas que la mayoría de inquilinos comparten y se han comenzado a trazar "estrategias de resistencia ante esta vulneración de sus derechos".

 

Desde el 31 de marzo de 2022, recuerda el sindicato, todos los grandes propietarios están obligados a actualizar anualmente el contrato de alquiler con un máximo del 2% si lo exige el inquilino, un límite aplicado en virtud del artículo 13 del Real Decreto 11/2022.

 

De esta forma, la actualización de los contratos se debe de hacer por el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC) en vez de por el habitual IPC, remarca la formación, que avisa de que "son muchos los propietarios que están intentando saltarse esta ley diciendo que el IGC actualmente se sitúa en un 5,42%, aún cuando conocen la normativa".

 

A la reunión han acudido personas de bloques enteros, como el situado en la calle Chopera 29, un edificio de más de 15 viviendas a las que la propietaria "les está presionando para que acepten una actualización de la renta de su alquiler de casi el 6%, negándose a aceptar el tope de subida del 2% establecido legalmente".

 

En la cita el viernes se ha podido escuchar el testimonio de Clara, inquilina de uno de los bloques a quienes su casero pretende cobrar esta subida, quien ha precisado que "para un alquiler de mil euros, con la subida ilegal estarían cobrando más de 34 euros más al mes, lo que en un año supone un aumento del alquiler de más de 410 euros".

 

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha denunciado que no existan sanciones a los caseros que decidan saltarse esta normativa, "saliéndoles a coste cero infringir las escasas medidas legales que a día de hoy, sin una Ley de Vivienda realmente efectiva en la regulación de los alquileres".