Bolaños responde que fue el TSJC quien recurrió la ley sobre el catalán

Aragonés revela que pactó con Sánchez incumplir el 25% de castellano en las aulas

Cs pide actuar al comisario de Justicia de la UE hacer cumplir las sentencias y proteger los derechos de las familias  

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado en una entrevista en TV3 que el pacto sobre el catalán firmado en la mesa de diálogo de julio incluía el compromiso de que el Gobierno no recurriría ante el Tribunal Constitucional (TC) el nuevo marco normativo sobre las lenguas en la escuela. La eurodiputada de Cs Maite Pagazaurtundúa ha solicitado por carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, que la Comisión Europea actúe.

 

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha replicado que el pacto sobre el catalán que se firmó es público y que en él se acordó garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas. Sin embargo ha recordado que existe una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que aplicarán lo que decidan los tribunales.

 

Bolaños ha hecho estas declaraciones al día siguiente de que el presidente de la Generalitat Pere Aragonès, afirmase en una entrevista que existe un acuerdo con el Gobierno central que implica que no "impugnen" la ley del catalán en la escuela, es decir que el Ejecutivo no la recurra ante el TC.

 

BOLAÑOS ECHA BALONES FUERA

 

Bolaños, al ser preguntado al respecto, se ha remitido al documento pactado en el mes de julio, cuando se reunió la mesa de dialogo en Madrid y firmaron dos acuerdos, uno sobre el catalán y otro sobre la "desjudicialización del conflicto" en Cataluña, según indica el texto.

 

El ministro ha señalado que ese documento es "absolutamente público" y lo que se pactó fue "garantizar que el catalán y el castellano se impartirían en las aulas catalanas", ha sostenido.

 

Sin embargo, ha recordado que existe un procedimiento judicial, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC que "se está dilucidando", ha apuntado. "Por supuesto lo que finalmente los tribunales decidan es algo que las administraciones públicas no tenemos nada que decir, hay que aplicarlo sin más", ha añadido.

 

BOLAÑOS YA RESPALDÓ LA LEY EN JULIO

 

En el citado acuerdo firmado en julio tras la reunión de la mesa de diálogo, el Gobierno plasmó por escrito su apoyo a la ley aprobada en el parlamento catalán que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas y además se comprometió a garantizar que las instituciones del Estado en Cataluña respondan tanto oral como escrito en catalán a quien lo solicite.

 

De esta forma, el Gobierno Central reconoce la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua en función de su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament, según destacó Bolaños. Esta norma ignora una sentencia del TSJC que establece un mínimo del 25% de clases en castellano.

 

A este respecto, el ministro elogió la norma al señalar que es un "muy buen ejemplo" de los acuerdos amplios y transversales que defiende el Gobierno. Asimismo ha sostenido que es una norma "perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario", según ha expresado.

 

Sin embargo, el TSCJ ya señaló que veía "vicios de inconstitucionalidad" en la ley y presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Advirtió además de la "imposibilidad legal" de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano porque se contradice con la nueva normativa catalana sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza.

 

DENUNCIA DE CS 

 

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa ha solicitado ya por carta al comisario de Justicia, Didier Reynders, que la Comisión Europea actúe ante "el pacto Sánchez-Aragonès para incumplir" las sentencias que ordenan impartir un 25% de clases en castellano en Cataluña.

 

Pagazaurtundúa ha enviado la misiva después de que este jueves el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, asegurara que el pacto sobre el catalán firmado en la mesa de diálogo de julio incluía el compromiso de que el Gobierno no recurriría ante el Tribunal Constitucional (TC) el nuevo marco normativo sobre las lenguas en la escuela, ha explicado Cs en un comunicado.

 

"Ahora tenemos las pruebas de que ha habido una concertación política a favor del desacato de sentencias y contra el imperio de la ley que implica discriminación manifiesta por razones de lengua", sostiene la eurodiputada en la carta, consultada por Europa Press.

 

Pagazaurtundúa ha acusado a la Generalitat de desoír sistemáticamente las sentencias del 25% con instrucciones para que el catalán sea la única lengua de enseñanza, en el marco de "la construcción de un régimen ultraidentitario" en el que la lengua se usa para discriminar, a su juicio.

 

También lamenta que, cuando los tribunales dan la razón a los padres que piden más castellano, "la administración y parte de los centros convocan concentraciones de protesta que implican sistemáticamente un señalamiento y una demonización intolerables de padres y alumnos".

 

Por todo ello, pregunta a Rynders si va a inquirir acerca del pacto por el catalán al Gobierno y si va a tomar medidas, teniendo en cuenta que en una reciente visita a España el comisario aseguró que las autoridades nacionales "tienen que garantizar una aplicación correcta de las sentencias", resalta Pagazaurtundúa.

 

La eurodiputada también pregunta al comisario si, en el encuentro que mantendrá con Aragonès la semana que viene, "piensa reivindicar la aplicación de las sentencias judiciales firmes también en el territorio catalán" para proteger los derechos de las familias que piden educación en castellano.