Fundación de Economía Aplicada cuestiona el impuesto a bancos y eléctricas 

 

De la Fuente, tras analizar la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para el establecimiento de sendos gravámenes temporales sobre determinadas empresas energéticas y entidades de crédito, asegura que estos partidos no ofrecen razones "mínimamente consistentes" para apoyar la tesis de que los nuevos impuestos no son "exacciones arbitrarias sino contribuciones bien proporcionadas".

 

Según De la Fuente, el único argumento que se aporta es que los grandes bancos y energéticas incluidos en el Ibex tienen ya "muchos beneficios" (unos 20.000 millones en 2021 en el primer caso y 9.000 en el segundo, según se dice), "junto con la suposición, poco argumentada", de que es probable que estos tiendan a aumentar en un futuro próximo.

 

En cambio, De la Fuente indica que el volumen total de beneficios de estas empresas no es suficiente para llagar a la conclusión de si pueden considerarse o no excesivos o, al menos, "atípicos". En este sentido, apunta que si se ponen en relación con el capital invertido, calculando la rentabilidad sobre recursos propios, "ni los bancos ni las energéticas están entre los sectores más rentables en 2021".

 

INDUSTRIA, COMERCIO, HOSTELERÍA Y COMUNICACIONES SON MÁS RENTABLES

 

Así, afirma que "claramente por delante" están la industria, el comercio y la hostelería, con rentabilidades en torno a dos puntos superiores, y más lejos aún, el sector de información y comunicaciones, cuya rentabilidad más que duplica la de los sectores bancario y energético.

 

Fedea considera que la norma, que pretende crear sendos gravámenes extraordinarios sobre ciertas partidas de ingresos de los principales bancos y empresas energéticas del país durante los años 2022 y 2023, establece con "arbitrariedad" estas nuevas exacciones "a dedo" y sienta dos precedentes "muy preocupantes", que permitirían a cualquier mayoría de gobierno "asignar a dedo a sectores (o incluso agentes) específicos cargas o exacciones de cuantía muy significativa".

 

Asimismo, una norma de este tipo, según De la Fuente, interfiere con el libre funcionamiento de empresas y mercados para intentar prefijar por ley el reparto efectivo de la carga de un impuesto con independencia de las condiciones de mercado, que son las que determinan la incidencia real de los tributos en una economía no planificada.

 

EL GOBIERNO NO HACE NINGÚN ESFUERZO

 

El director de Fedea también critica que en la exposición de motivos se justifique que estos impuestos forman parte del llamado 'pacto de rentas' cuando en el momento de presentar dichos impuestos el pacto no existía "y ni siquiera se había hecho un esfuerzo medianamente creíble por empezar a negociarlo con los interlocutores sociales y la oposición".

 

"No existe, por tanto, un amplio acuerdo social y político sobre el reparto de los costes de la crisis del que se derive la propuesta de ley. Más bien al contrario, la tentativa del Gobierno de imponer, unilateralmente y sin negociación previa, un determinado reparto de costes, arbitrariamente sesgado, además, en contra de dos sectores específicos, es lo más opuesto a la filosofía de un pacto de rentas que quepa imaginar y sólo puede dificultar su consecución", reitera De la Fuente.

 

Igualmente, argumenta De la Fuente, la postura de los partidos del Gobierno es "internamente inconsistente". "Si los nuevos gravámenes se conciben como una forma de extraer parte de los beneficios extraordinarios generados por la inflación para financiar políticas redistributivas, ¿no tendría más sentido gravar tales beneficios directamente, una vez se hayan materializado y en cualquier sector en el que lo hagan, en vez de construir una burda aproximación a esta magnitud mediante un gravamen sobre los ingresos (o parte de ellos) de dos sectores específicos elegidos a ojo?", se pregunta.

 

LAS EMPRESAS DEBERÍAN PODER REPERCUTIR EL IMPUESTO

 

Por último, cuestiona también la propuesta que prohíbe la repercusión directa o indirecta del gravamen a los clientes de las empresas afectadas y encomienda a la CNMC, con la colaboración del Banco de España en el caso de la banca, vigilar que se cumpla tal prohibición.

 

Para el director de Fedea, la disposición en sí "no es en absoluto razonable", pues las empresas tienen que poder intentar recuperar sus costes para seguir operando, sujetas solo a las restricciones que imponga la libre competencia en el mercado y la defensa de la propia competencia.

 

Tratar de impedir por ley la repercusión de los gravámenes, añade, supone un "atentado difícil de justificar contra la libertad de empresa", que también está protegida constitucionalmente, y agrega que asegurarse de que el incremento en una partida específica de costes no se traslada es "misión imposible", pero establecer la obligación de intentarlo puede abrir una "peligrosa vía hacia la interferencia directa" con decisiones empresariales en las que el Gobierno "no debería inmiscuirse".